Fiscalía de Santiago obtiene prisión preventiva contra “tarjeteros” que robaron a clientes de bancos
SANTIAGO (República Dominicana).- Un juez de este distrito judicial acogió la solicitud del Ministerio Público e impuso tres meses de prisión preventiva en contra de dos hombres imputados de robar las tarjetas de débito y sustraer los fondos de varios clientes bancarios.
La medida de coerción recayó sobre Luis Manuel Ortega Paulino y Jesús Miguel Capellán, quienes enfrentan cargos por asociación de malhechores y robo en perjuicio de Jowandy María Peña Rojas, Raymundo Jiménez Mercado y Lucy Cabrera Núñez.
El juez Julio César Araújo Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, ordenó que los imputados cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres.
El Ministerio Público, representado por la fiscal Heidys de León, otorgó al proceso la calificación jurídica provisional descrita en los artículos 265, 266, 379 y 401 del Código Penal, así como también por transgredir el artículo 13 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La Fiscalía demostró ante el tribunal el peligro de que los imputados pudieran sustraerse del proceso, de no tener la prisión como medida cautelar.
En la acusación, el Ministerio Público establece que Ortega Paulino y Capellán se asociaron para sustraer, mediante el engaño, las tarjetas de débito de los usuarios que acudían a los cajeros bancarios.
De acuerdo con lo narrado por las víctimas, los imputados ceden el turno, bajo el alegato de que harán varias transacciones porque son prestamistas y, cuando el sistema del cajero presenta dificultad, se ofrecen a prestar ayuda.
En seguida, con astucia, intercambian el plástico de la víctima, a la que le entregan uno distinto y huyen del lugar. Más tarde, haciendo uso de la clave que ya se han aprendido mediante la observación, sustraen los fondos en otro cajero.
Los procesados utilizaron el mismo modus operandi contra las tres personas denunciantes, a quienes sustrajeron las sumas de 15,700 pesos, 67,329 pesos y 69,033 pesos.
En la investigación, la Fiscalía ha logrado recolectar numerosas pruebas contra los imputados, incluyendo los estados de cuenta de las transacciones bancarias.
La Fiscalía continuará trabajando en la persecución e investigación de este tipo de delitos y exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta durante el período de Navidad, fin e inicio de año, fechas en las que, tradicionalmente, se incrementan estos actos delictivos.
Fiscalía del Distrito Nacional habilita sala equipada para la lactancia materna
SANTO DOMINGO (República Dominicana). – La Fiscalía del Distrito Nacional inauguró este lunes la sala de lactancia materna de esa dependencia del Ministerio Público, donde las fiscales y colaboradoras administrativas que son madres cuentan con el equipamiento y mobiliario requeridos para amamantar o extraer la leche para sus bebés.
Al dejar inaugurado el espacio, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, resaltó el beneficio de que las parturientas, al regresar de su período de licencia postnatal, cuenten con las condiciones de comodidad y salubridad adecuadas para garantizar que sus hijos consuman la leche materna.
“Desde que asumí el cargo, noté esa necesidad y pensé que era importante el que las fiscales y las empleadas administrativas en periodo de lactancia pudieran contar con un espacio propio para poder lactar, en el que puedan tener privacidad, tranquilidad y no sentirse expuestas”, explicó Ramos, quien también habló desde su propia experiencia como madre.
“Es importante que las mujeres puedan lactar a sus hijos, porque logramos darles una mejor alimentación, al tiempo de desarrollar un vínculo amoroso y afectivo con su bebé, como ocurrió en mi caso”, amplió la procuradora fiscal.
La sala, lograda tras un proceso de identificación y adecuación del espacio físico, cuenta con el equipamiento necesario para los fines establecidos, que incluye extractores de leche, esterilizadores, nevera y dos sillones para facilitar el proceso.
El área, que funcionará bajo la supervisión del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía, estará disponible en un horario de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, en correspondencia con el horario laboral.
La sala estará a disposición de todas las empleadas en edad reproductiva de la Fiscalía, que, de acuerdo con la fiscal Ramos, representan más del 60 por ciento del personal.
Al acto inaugural asistieron en calidad de invitadas especiales las empleadas Genmiliz Bourdierd, del Departamento de Homicidios, y Jeovanny Brea, del Departamento de Drogas, ambas en avanzado estado de gestación, quienes recorrieron el área con la magistrada Ramos y podrían ser las primeras en beneficiarse con el uso de esta moderna sala.
La Procuraduría de Trata refuerza técnicas de investigación y litigio, con apoyo de la OIM
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público realizó, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un seminario de reforzamiento de las capacidades de investigación y litigio contra los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, a partir del estudio de la jurisprudencia en esa materia.
Bajo coordinación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), decenas de jueces, fiscales y gestores de sociedad civil participaron en el análisis de las características y particularidades de cuatro casos en los que el Ministerio Público obtuvo sentencias condenatorias durante 2021 y 2022.
El sistema judicial, igual que otras instancias del Estado, ameritan instaurar métodos de trabajo que permitan seguir incrementando la efectividad del país en la persecución de estos delitos contra la dignidad, la libertad y la vida de las personas, resaltaron en la apertura del encuentro la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, y María Paredes, coordinadora de Asistencia a Población Vulnerable de la OIM.
“Les pido a cada uno de nuevo que entre todos y todas sigamos aportando desde donde estemos y en lo que podamos para que República Dominicana sea un país modelo en su lucha por la erradicación de la trata y el tráfico ilícito de personas”, expuso la magistrada Reynoso.
El “Encuentro estratégico de fiscales, jueces y actores clave de la sociedad civil sobre la persecución y judicialización de la trata de personas en República Dominicana”, celebrado en el hotel Sheraton, en Santo Domingo, contó con el apoyo de la OIM y se enmarca en el “Programa de Seguridad Fronteriza por mi país para prevenir y combatir la trata de personas en Jamaica, Haití y República Dominicana”, financiado por el Fondo Europeo para el Desarrollo, de la Unión Europea.
“Nuestro compromiso es y será siempre el fortalecer y acompañar a las instituciones dominicanas que tienen que velar por la prevención, por la persecución y porque se llegue a condenas justas para las sobrevivientes de trata. Y digo las sobrevivientes porque en República Dominicana, triste y mayoritariamente, son mujeres”, expuso Paredes, durante la apertura, en la que también participaron el director general de Migración, Venancio Alcántara, y la titular de la PETT, la procuradora de corte Yohanna Bejarán .
El encuentro permitió revisar, desde la perspectiva del acusador y la del juzgador, las experiencias y lecciones aprendidas en torno a los casos que el Ministerio Público identificó como “El Canal”, “Casa Blanca”, “Rossy” y “Cabaret Celina”, el primero de ellos del distrito judicial de San Juan de la Maguana y el resto de Santiago.
“Cada uno de ustedes son líderes en los espacios en que les ha tocado laborar”, expuso la magistrada Bejarán al dirigirse a los presentes. “Cada uno de ustedes, a través de su compromiso, de su sensibilidad y de su trabajo tesonero, identificados con esta lucha, están marcando un hito en la historia de República Dominicana”, subrayó.
Por cada caso, los fiscales actuantes se integraron a paneles con los jueces que conocieron el proceso, de modo que las experiencias sirvieron de aprendizaje para buenas prácticas para futuras investigaciones y sometimientos a la justicia.
La Procuraduría de Trata refuerza técnicas de investigación y litigio, con apoyo de la OIM
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público realizó, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un seminario de reforzamiento de las capacidades de investigación y litigio contra los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, a partir del estudio de la jurisprudencia en esa materia.
Bajo coordinación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), decenas de jueces, fiscales y gestores de sociedad civil participaron en el análisis de las características y particularidades de cuatro casos en los que el Ministerio Público obtuvo sentencias condenatorias durante 2021 y 2022.
El sistema judicial, igual que otras instancias del Estado, ameritan instaurar métodos de trabajo que permitan seguir incrementando la efectividad del país en la persecución de estos delitos contra la dignidad, la libertad y la vida de las personas, resaltaron en la apertura del encuentro la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, y María Paredes, coordinadora de Asistencia a Población Vulnerable de la OIM.
“Les pido a cada uno de nuevo que entre todos y todas sigamos aportando desde donde estemos y en lo que podamos para que República Dominicana sea un país modelo en su lucha por la erradicación de la trata y el tráfico ilícito de personas”, expuso la magistrada Reynoso.
El “Encuentro estratégico de fiscales, jueces y actores clave de la sociedad civil sobre la persecución y judicialización de la trata de personas en República Dominicana”, celebrado en el hotel Sheraton, en Santo Domingo, contó con el apoyo de la OIM y se enmarca en el “Programa de Seguridad Fronteriza por mi país para prevenir y combatir la trata de personas en Jamaica, Haití y República Dominicana”, financiado por el Fondo Europeo para el Desarrollo, de la Unión Europea.
“Nuestro compromiso es y será siempre el fortalecer y acompañar a las instituciones dominicanas que tienen que velar por la prevención, por la persecución y porque se llegue a condenas justas para las sobrevivientes de trata. Y digo las sobrevivientes porque en República Dominicana, triste y mayoritariamente, son mujeres”, expuso Paredes, durante la apertura, en la que también participaron el director general de Migración, Venancio Alcántara, y la titular de la PETT, la procuradora de corte Yohanna Bejarán .
El encuentro permitió revisar, desde la perspectiva del acusador y la del juzgador, las experiencias y lecciones aprendidas en torno a los casos que el Ministerio Público identificó como “El Canal”, “Casa Blanca”, “Rossy” y “Cabaret Celina”, el primero de ellos del distrito judicial de San Juan de la Maguana y el resto de Santiago.
“Cada uno de ustedes son líderes en los espacios en que les ha tocado laborar”, expuso la magistrada Bejarán al dirigirse a los presentes. “Cada uno de ustedes, a través de su compromiso, de su sensibilidad y de su trabajo tesonero, identificados con esta lucha, están marcando un hito en la historia de República Dominicana”, subrayó.
Por cada caso, los fiscales actuantes se integraron a paneles con los jueces que conocieron el proceso, de modo que las experiencias sirvieron de aprendizaje para buenas prácticas para futuras investigaciones y sometimientos a la justicia.
Ministerio Público obtiene condena contra hombre que incurrió en explotación sexual infantil en La Vega
LA VEGA (República Dominicana).- El Primer Tribunal Colegiado de esta provincia dictó una condena de seis años de prisión en contra de un hombre que fue imputado por el Ministerio Público, por incurrir en explotación sexual infantil en perjuicio de siete menores de edad.
Juan José Mota Almánzar cumplirá la pena en la cárcel pública de La Vega y además deberá pagar una multa de 10 salarios mínimos, según establece la sentencia dictada por las juezas Lucrecia Rodríguez, Juana Patricia Silverio y Julissa Candelario.
El expediente establece que durante 2019 y 2020, Mota Almánzar se dedicó a recibir en su casa, en el sector Villa Francisca II de esta provincia, a niñas y adolescentes de 12, 15 y 17 años de edad, cuyos nombres se omiten por razones legales.
Señala que, abusando de su minoría de edad y a cambio de entregarles dinero, Mota Almánzar utilizó a las víctimas para su propia satisfacción sexual.
La acusación presentada por la Fiscalía de La Vega, a través de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, establece que el 9 de septiembre de 2020 una de las menores de edad fue reportada por su padre como desaparecida ante la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en esta localidad. Tras su regreso a casa, la madre interpuso formal denuncia ante el Ministerio Público.
Los padres de las víctimas denunciaron a las autoridades que sus hijas fueron víctimas de delitos sexuales por parte del procesado y que varias de ellas fueron seducidas y sustraídas de sus residencias mediante engaño.
Fiscales investigadores de este distrito judicial ocuparon durante las pesquisas diferentes pruebas documentales, periciales, ilustrativas, materiales y testimoniales que fueron aportadas al proceso y que permitieron demostrar la relación del acusado con los hechos.
El Ministerio Público demostró ante el tribunal que el acusado incurrió en conductas penalmente relevantes como la explotación sexual de niñas y adolescentes, en violación del artículo 410 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Ante la decisión del tribunal, la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, destacó: “La República Dominicana ha asumido un compromiso en relación con la preocupación internacional con respecto a la trata de personas, comercialización sexual infantil y todos aquellos tipos penales que afecten la integridad de niños niñas y adolescentes; es en ese sentido que la Fiscalía de La Vega, bajo nuestra dirección, no descansa hasta culminar con sentencias ajustadas al daño ocasionado a esta población vulnerable”.
Tribunal impone límites y período de prueba a un bar sometido por contaminación sónica
SANTO DOMINGO (República Dominicana). – La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) logró que un tribunal impusiera un límite de decibeles y otras condiciones, con un período de observación de un año, a un establecimiento de diversión ubicado en la Plaza Universitaria, cuyo propietario fue sometido a la justicia por contaminación sónica.
La resolución del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, en la persona de la jueza Ana Lee Florimón, validó un acuerdo de las partes y determinó la suspensión condicional del proceso penal en contra de José Armando Féliz y la entidad comercial Sahara VIP, bar que opera en la avenida Sarasota de esta ciudad.
Para preservar el beneficio de la suspensión, el establecimiento debe acogerse a varios de requisitos establecidos por el tribunal, en correspondencia con la normativa medioambiental.
El Ministerio Público, representado por las procuradoras de corte Awilda Balbuena Olivo y Carmen Díaz Amezquita, adscritas a Proedemaren, logró que el imputado se comprometa a mantener los equipos de música a decibeles permisibles, así como a asistir a cinco charlas por ante el juez de la Ejecución de la Pena y abstenerse del uso excesivo de bebidas alcohólicas, como condiciones para mantener el proceso suspendido.
“Advierte a la parte imputada José Armando Féliz que de no cumplir con las referidas reglas se revocará la suspensión condicional del procedimiento y se reanudará el procedimiento en su contra y que desde la fecha de la lectura de esta decisión hasta que culmine el período de prueba estará bajo control del juez de Ejecución de la Pena”, indica el dispositivo judicial.
Ante la acusación presentada por Proedemaren, el tribunal determinó que Féliz y su establecimiento de bebidas alcohólicas violaron los artículos 114, 174, 175.1 y 183.1.2 de la Ley 287-04 sobre Prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora, modificada por la Ley 90-2019 y la 42-01, Ley General de Salud.
Ministerio Público preparado para presentar pruebas en audiencia preliminar de Coral y Coral 5G
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho destacó la noche de este lunes el avance del proceso por corrupción administrativa que lleva el Ministerio Público en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y los demás acusados de los casos Coral y Coral 5G.
En relación al proceso, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) expresó: “El Ministerio Público ha presentado todos los hechos de la acusación y hemos iniciado con la presentación de la calificación jurídica, de la que presentamos la fundamentación”.
“Hemos quedado en la acusación, en la página 806, y el próximo martes 27 estaremos continuando con la presentación del resto de la calificación jurídica y presentaremos nuestros medios de prueba”, dijo el procurador adjunto a periodistas que lo abordaron a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continuó conociendo este lunes la acusación del Ministerio Público en la audiencia preliminar del caso, celebrada por asuntos de espacio en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
En la audiencia, Camacho encabezó la representación del Ministerio Público junto a los fiscales Miguel Collado, Jonathan Pérez, Arolin Lemus y Marinel Brea.
Con las operaciones Coral y Coral 5G que involucran a imputados por corrupción administrativa, el Ministerio Público presentó cargos por ese delito contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
En la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Caso Medusa: tribunal otorga plazos conforme a criterios razonables externados por el Ministerio Público
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso destacó la decisión del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para la extensión de los plazos de la audiencia preliminar del Caso Medusa, que dijo “se realizó conforme a los criterios razonables que el Ministerio Público externó”.
“El tribunal otorgó los plazos conforme a los criterios razonables que el Ministerio Público externó, porque realmente no había ningún sustento jurídico para posponer el proceso en los plazos en los que las defensas lo habían solicitado”, expresó Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
En tanto, el fiscal Emmanuel Ramírez resaltó que, “tal como el Ministerio Público manifestó en audiencia, el plazo de un año solicitado por algunas de las defensas el tribunal consideró que era totalmente irracional”.
En ese sentido, dijo que el juez realizó una serie de reposición de plazos para que el Ministerio Público pudiera asistir a las defensas en la visualización de sus pruebas y le dio un plazo de 60 días para que estos pudieran realizar sus escritos de defensas con base en esas pruebas que fueron aportadas por el Ministerio Público como sustento de la acusación que fue presentada.
El juez Amauri Martínez aplazó la audiencia preliminar para el próximo 24 de febrero de 2023, a partir de las 9:00 de la mañana.
El magistrado Martínez desestimó la reproducción física de las pruebas que sustentan la acusación a los imputados en el caso Medusa, “esto así por el volumen del documento”.
Asimismo, ordenó la citación de las personas morales para la próxima audiencia.
El proceso se sigue en contra del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
También, contra el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
También, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien encabezó la representación del Ministerio Público, durante la audiencia, destacó: “en virtud del principio de objetividad y por una cuestión de razonabilidad no tenemos oposición a que se reponga el plazo”.
No obstante, advirtió que ese plazo debía tener atributos que tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido, como: “ser lógico, razonable, tutelar los derechos de todas las partes, tomar en cuenta las características objetivas del sistema de administración de justicia en la República Dominicana…”.
Reynoso junto a Rosa Alba García, Emmanuel Ramírez, Andrés Mena y Melbin Ramírez, integró el equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia que, debido a la cantidad de las partes procesales que intervienen en el caso, fue realizada en la sala de la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, ubicada en el antiguo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.
El órgano persecutor acusa a Rodríguez Sánchez de dirigir un entramado de corrupción administrativa mientras estuvo al frente del Ministerio Público en el período 2016-2020, que fue desmantelado con la Operación Medusa.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Ministerio Público de Hermanas Mirabal obtiene prisión preventiva contra imputado por tráfico de drogas
HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta provincia obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de un ciudadano venezolano que fue arrestado infraganti con un paquete de un vegetal verde que se presume corresponde a marihuana.
La jueza Elizabeth Cepeda Muñoz, del Juzgado de la Instrucción de la provincia Hermanas Mirabal, impuso la medida de coerción en contra de Luis Ernesto Suárez Aquino, tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que ha iniciado una investigación en su contra.
El imputado deberá cumplir la prisión en la cárcel pública Juana Núñez, del municipio Salcedo, por su vinculación al caso que de manera preliminar ha recibido la calificación jurídica de violación a los artículos 4, letra D; 6, letra A, y 75, párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
La magistrada Cepeda Muñoz adoptó la decisión luego de que el Ministerio Público, representado en audiencia por el fiscal Pablo Osiris Molina, presentara las evidencias que vinculan a Suárez Aquino al tráfico de sustancias controladas.
En relación con el caso, el órgano de la acusación señaló que el hombre fue detenido con perfil sospechoso alrededor de las 2:46 de la tarde del pasado 1 de diciembre, en momentos en que transitaba por el tramo carretero Moca-Salcedo, conduciendo el vehículo marca Samsung.
Junto al imputado viajaba otra persona identificada como Eury Alberto Ulloa, a quien la jueza le impuso la presentación de una garantía económica de 40 mil pesos y presentación periódica ante el fiscal investigador una vez al mes.
Añade la Fiscalía de Hermanas Mirabal que la droga, con un peso aproximado de cinco libras y media, fue ocupada en el baúl del vehículo y que será enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes.
A través de una nota de prensa, la fiscal titular Zoila Agustina Rodríguez Infante manifestó que, junto a los organismos antinarcóticos, el Ministerio Público trabaja para enfrentar el tráfico y microtráfico de drogas en toda la provincia Hermanas Mirabal.
Condenan a 20 años de prisión a dos hombres por robo con violencia en Las Matas de Farfán
LAS MATAS DE FARFÁN (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta demarcación obtuvo una condena a 20 años de prisión en contra de dos hombres acusados de agredir a otro con un arma blanca para robarle una motocicleta el año pasado.
El Tribunal Colegiado de Las Matas de Farfán, presidido por el juez Blaury Luciano e integrado por Luis Martes y Juana Concepción, dictó la sentencia en contra de Yony Castillo Sánchez (Wiken) y Alexis Que (Piti), quienes deberán cumplirla en la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana.
El expediente detalla que el hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, mientras la víctima Jonatan Familia transportaba en una motocicleta a los hoy condenados, próximo al puente Caña Segura, de este municipio.
En esas circunstancias, los procesados aprovecharon unos matorrales para agredir con un arma blanca a la víctima, provocándole heridas cortopunzantes en el tórax y trauma contuso en el antebrazo derecho, con lo que lograron tumbarlo y quitarle su medio de transporte.
El Ministerio Público, representado por la fiscalizadora Diana Ramírez, logró demostrar en audiencia que los imputados incurrieron en la acción delictiva en violación a los artículos 265, 266, 379 y 382, del Código Penal, sobre asociación de malhechores para cometer robo con violencia.
