La Procuraduría General informa sobre la no emisión de certificado de antecedentes penales a menores de edad
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La ley prohíbe emitir certificados sobre antecedentes penales a personas menores de edad, amparado en el interés superior de la protección de los niños, niñas y adolescentes, recordó la Procuraduría General de la República.
En ese orden, informó a las instituciones que requieren de este documento para cualquier trámite que a partir del 1 de mayo próximo no emitirá ninguna certificación en este sentido, de acuerdo con lo que establece la Ley 136-03, del 7 de agosto de 2003, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
“La persona adolescente tiene derecho a que su intimidad y la de su familia sean respetadas; los datos relativos a hechos cometidos por ellos o ellas son confidenciales. Consecuentemente, no puede ser objeto de publicación ningún dato que, directa o indirectamente, posibilite su identidad”, reza el artículo 231 de la citada norma.
Hasta el momento, el organismo ha emitido, a través de la secretaría general del Ministerio Público, una carta constancia sin el nombre de la persona solicitante, en la que advierte que dicha certificación no procede. En lo adelante, toda solicitud de certificado de buena conducta será declinada de forma automática.
La secretaria general del Ministerio Público, Gladys Sánchez Richiez, expresó al respecto: “Sabemos que las instituciones que nos solicitan este servicio no son conscientes de que al requerirlo están violentando una norma, por lo que expresamos la necesidad de que todos velemos por el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, consagrados en nuestra legislación”.
Entre enero y principios de febrero, la institución recibió 90 solicitudes de certificación de buena conducta para menores de edad, 70 de ellas para fines migratorios, requeridas por consulados de países que tienen relaciones diplomáticas con República Dominicana.
El resto proviene de universidades, las ramas del Ministerio de Defensa y otras instituciones.
El Inacif incinera más 1,738 kilos de drogas ocupados por la DNCD y el Ministerio Público
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) quemó más de 1,738 kilos de sustancias controladas incautados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en coordinación con el Ministerio Público.
El Inacif, como dependencia de la Procuraduría General de la República encargada de la destrucción de las sustancias, detalló que en total incineraron 1,738 kilos, 845 gramos y 108 miligramos.
El reporte de esa dependencia de la Procuraduría indica que las sustancias forman parte de 721 casos que recibió y posteriormente analizó en sus laboratorios en la semana del 8 al 14 del mes en curso.
De ese total, 1,557 kilos, 48 gramos y 219 miligramos corresponden a cocaína; 181 kilos, 284 gramos y 932 miligramos a marihuana; 476 gramos, 295 miligramos de crack y 35 gramos, 662 miligramos de éxtasis.
Según el reporte del Inacif, las provincias con mayor cantidad de decomisos de droga fueron Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Azua, El Seibo, Hato Mayor, Elías Piña, La Altagracia, Santiago, Distrito Nacional, La Romana, Duarte, Barahona y San Cristóbal.
Francisco Gerdo, director general del Inacif, dijo que en lo que va de año las autoridades han incinerado 7,795.398 kilos de drogas, con 74.27% de cocaína, 25.47% de marihuana y el resto de crack, heroína y éxtasis.
La quema de las sustancias se realiza cada semana en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana, cumpliendo con lo que establecen los artículos 33 y 92 de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, y el artículo 26 acápite 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Francisco Gerdo, director del Inacif, explicó que la destrucción, como de costumbre, se lleva a cabo en presencia de representantes de dependencias oficiales como la DNCD y del Ministerio de Salud Pública.
Fiscalía SDO solicitó prisión preventiva contra propietario de almacén que comercializó bebidas adulteradas que provocaron dos muertes
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste solicitó a un tribunal la imposición de un año de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso contra el propietario de un almacén que comercializó bebidas alcohólicas adulteradas que provocaron la muerte de al menos dos hombres en Los Alcarrizos.
A Santo Andrés González Vizcaíno (Carlos) se le investiga por las muertes de Pedro Vallejo Reyes y Edward Venabide Beltrán, luego de que consumieran la bebida alcohólica mientras compartían en un colmado.
Vallejo y Beltrán perdieron la vida el pasado 4 de abril, tras presentar severos malestares de salud y luego de ingerir una bebida alcohólica que había sido embotellada en un envase de una marca registrada que cumple con todas las regulaciones sanitarias.
La fiscalía determinó que el imputado González Vizcaíno, propietario del negocio Casa Surtidora González, ubicado en el sector Hato Nuevo, de Los Alcarrizos, abasteció su establecimiento mediante compras informales que efectuó a un señor, sin ningún criterio de responsabilidad y calidad en los productos que ofrece a sus clientes.
El Ministerio Público profundiza las investigaciones para procesar a todos los responsables. Al imputado Santo Andrés González se le incautaron alrededor de tres cajas de bebidas adulteradas.
La audiencia, que se conocía de manera virtual, se aplazó para el próximo lunes a las 9:00 de la mañana, ya que la defensa del imputado pidió que se realice en forma presencial.
El Ministerio Público califica los hechos como violación a la Ley 22-06, en sus artículos 123, 124,155, 156, 167, y 170; así como la Ley General de Salud 42-01 y Ley 17 -19 para la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulares.
