Ministerio Público resalta que acumula cientos de pruebas contra imputados en el Caso Discovery
SANTIAGO (República Dominicana).- El Ministerio Público continuará este miércoles la presentación de la medida de coerción contra 39 integrantes de la red del crimen cibernético que estafó a cientos de ciudadanos estadounidenses a los que despojó de cuantiosos recursos económicos, usurparon identidades y vulneraron su seguridad e integridad.
Así lo resaltó la fiscal Sourelly Jáquez, quien explicó que el Ministerio Público ha compilado y depositado ante el tribunal cientos de elementos de pruebas que vinculan estrechamente a los encartados con la estructura mafiosa que acumuló millonarios bienes materiales y en efectivo.
Jáquez se refirió al tema al ser abordada por periodistas, luego de que la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Yiberty Polanco, recesó la audiencia hasta el próximo miércoles, a las 11:00 de la mañana, tiempo en que el Ministerio Público continuará con la presentación de las pruebas del proceso.
La fiscal refirió que los encartados aprovechaban el estado de vulnerabilidad de sus víctimas, muchas con edades de entre 80 y 95 años, para estafarlos con historias falsas en las que les hacían creer que nietos o hijos habían sufrido accidentes de tránsito y, tras someterlos a sus presiones, les hacían desprenderse de altas sumas de dinero.
Confió en que el tribunal validará la contundencia de las pruebas recolectadas durante meses en el curso de la investigación y destacó que la mayoría de imputados tiene procesos penales por asesinatos, narcotráfico, violencia y otros delitos, además de las evidencias obtenidas que prueban que pertenecen a una organización criminal que se autoidentifica bajo un nombre.
Además de Jáquez el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Iván Félix, titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Asimismo, por Yarily Toribio, Isabel Santos, Claudio Cordero, Merlin Mateo y Andrés Octavio Mena.
El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz, Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.
También contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán y Juan de Dios Martínez Brito.
Son imputados además Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez y William Alberto Díaz Cruz.
Asimismo, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then Mena, Willys Mena, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Linda Pérez.
Al grupo se le imputan los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Además, se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4, así como el 4 en sus numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos. La acusación sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, así como el 405 del citado código, que instruye sancionar la estafa.
Tribunal de San Cristóbal impone prisión preventiva a agente penitenciario que trató de introducir droga a Najayo
SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó tres meses de prisión preventiva contra un agente del sistema de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VPT) que intentó introducir drogas al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Hombres.
El tribunal impuso la medida de coerción en contra del agente penitenciario Luilly Casilla de los Santos, quien fue arrestado en flagrante delito el 14 de febrero de este año en la entrada del centro de reclusión, mientras pretendía introducir una sustancia que, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), resultó positiva a cocaína.
Las autoridades le ocuparon unos 150 gramos de la sustancia ilícita en la parte delantera de su ropa interior, adherida a la pretina de su pantalón y envuelta en cinta adhesiva de color negro.
El Ministerio Público, representado por los fiscales José Guerrero y Fanny Garabitos, presentó durante el conocimiento de la medida de coerción los elementos de prueba de que Casilla de los Santos violó los artículos 6, 75, párrafo II, y 85 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Matas de Farfán obtiene prisión preventiva contra un hombre por agredir a su expareja
LAS MATAS DE FARFÁN (República Dominicana).- Un juez de instrucción de este distrito judicial impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre que agredió a su expareja el pasado 19 de febrero en su vivienda ubicada en el residencial El Cristo de este municipio.
En la instancia de solicitud de la medida de coerción, el Ministerio Público responsabilizó a José Alexis Solís Encarnación de propinarle varios puñetazos a la víctima, a quien ocasionó traumas contusos en el tórax, así como en el rostro, en especial en boca y nariz.
La procuradora fiscal Denia Margarita Rodríguez, encargada de los casos de violencia de género y delitos sexuales del Ministerio Público en esta demarcación, mostró al juez elementos de prueba de la agresión ejercida por el imputado, quien en horas de la madrugada penetró a la vivienda de su expareja, al saltar la verja de la propiedad.
El juez acogió la calificación jurídica atribuida a los hechos por el órgano de la acusación, consistente en violación al artículo 309-1 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
Solís Encarnación cumplirá la prisión preventiva en la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana.
Condenan a 20 años de prisión a una mujer vinculada a la trata de personas
SAN JUAN (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de esta jurisdicción obtuvieron una condena de 20 años de prisión en contra de una mujer que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de 27 mujeres de nacionalidad dominicana y venezolana.
El Tribunal Colegiado de San Juan, integrado por los jueces Diógenes Damaso Mercedes, Angélica María Calderón Molina y Luis Manuel Marte Leonardo, dictó la sentencia condenatoria contra Maribel García Herrera y ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, en la provincia Peravia.
El expediente detalla que García Herrera captaba a sus víctimas y las retenía en sus negocios, que operaban en San Juan y La Romana. En el caso de las venezolanas, les compraba los boletos aéreos y las buscaba en el aeropuerto.
Una vez las mujeres ingresaban a los negocios no les permitía salir libremente, manteniéndolas vigiladas para controlar que sus entradas y salidas se hicieran solo con clientes, además de cobrarles por todas las actividades sexuales que realizaban bajo su control y administración.
En el transcurso de la investigación, bajo la coordinación de la PETT y la Fiscalía de San Juan, que dirigen la procuradora de corte Yoanna Bejarán y el fiscal titular Adolfo Féliz Pérez, respectivamente, se obtuvieron pruebas con las que quedó demostrado que la encartada incurrió en trata de personas agravada, dada la multiplicidad de víctimas.
Las indagatorias del caso fueron realizadas por los fiscales Denia Rodríguez y Hitler Stalin Sánchez Mateo, mientras que la litigación estuvo a cargo de Aleika Almonte, de la PETT, quien obtuvo la condena tras establecer que la procesada violó las disposiciones contenidas en los artículos 3 y 7, letra D, de la Ley 137-03, sobre Tráfico de Migrantes y Trata de Personas.
Fiscalía de Santiago obtiene condena de 20 años de prisión por la muerte de dos hombres
SANTIAGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción condenó a 20 años de reclusión a un hombre que mató a otros dos y atentó contra la vida de un tercero en un hecho ocurrido en 2020 en el sector Los Pérez de Gurabo, al norte de Santiago.
Los jueces Osvaldo Castillo, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres hallaron suficiencia en los elementos de pruebas que presentó el Ministerio Público en contra de Benjamín de Jesús Durán, quien ultimó a tiros a Aneudy de Jesús Pérez Durán y Pablo de Jesús Pérez.
En el hecho, también fue alcanzado por perdigones Wellington Rafael Lizardo Pérez, quien sobrevivió a la agresión.
La condena estuvo motivada en la pluralidad de pruebas, testimonios de testigos y otros elementos que fueron desglosados ante el tribunal por la fiscal litigante Luisa García.
El órgano de la acusación le imputó al procesado los delitos descritos en los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario, en perjuicio de las víctimas Pérez Durán y De Jesús Pérez.
Además, le acusa de violación a los artículos 265, 266, 2, 295 y 304 que tipifican la asociación de malhechores y tentativa de homicidio en perjuicio de la víctima Lizardo Pérez y por violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Los hechos, ocurridos el 1 de enero de 2020, estuvieron precedidos por una amenaza de muerte, proferida a un menor de edad hijo de Lizardo Pérez.
El expediente indica que Benjamín de Jesús Durán usó en contra de las víctimas la escopeta Maverick calibre 12 milímetros.
Mientras que Neiqui Rafael Durán Pérez, quien se encuentra prófugo, también disparó un arma de fuego tipo revólver.
El condenado fue detenido el 2 de enero de 2020, con base en una orden de arresto emitida por un juez.
Fiscalía SDE obtiene 15 años de prisión contra un hombre que por años abusó sexualmente de un primo menor de edad
SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).- La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte logró condena de 15 años de prisión contra un hombre que por años abusó sexualmente de su primo menor de edad, en un hecho ocurrido en el sector de Los Minas, Santo Domingo Este.
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado de esta demarcación dictaron la sentencia condenatoria, luego de que el Ministerio Público representado por Juan Miguel Vázquez, demostrara en el juicio de fondo la responsabilidad penal del encartado, cuyo nombre se omite para proteger la identidad del adolescente.
El expediente instrumentado por esta Fiscalía establece que el 16 de julio de 2019, la madre del menor de edad encontró una conversación que por la vía digital había sostenido su hijo con el primo hermano, a través de la cual se enteró de que el adulto se valía de los lazos familiares para abusar del adolescente, lo que hacía desde que la víctima tenía nueve años.
La analítica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) arrojó hallazgos compatibles con la denuncia.
A los hechos el Ministerio Público les asignó la calificación jurídica contenida en los artículos 332-1 y 332-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, y los artículos 12, 13, 14, 15 y 396, literal C, de la Ley 136-03, sobre el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
El condenado cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata.
Ministerio Público aporta nuevas pruebas contra imputados por corrupción del Caso Coral 5G
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho explicó este lunes que el Ministerio Público depositó nuevas evidencias que reafirman las imputaciones por corrupción administrativa contra los procesados en el Caso Coral 5G.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señaló que “nosotros depositamos varios documentos, algunos interrogatorios, algunas evidencias que dan muestra de la vinculación de los imputados con el proceso y de cómo ha ido avanzando el proceso, y además de que no hay razón para que este tribunal varíe las medidas de coerción que se han impuesto hasta este momento”.
Camacho respondió preguntas a los periodistas que lo abordaron luego de que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazara para el próximo 29 de marzo, a la 1:00 de la tarde, la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas de coerción a los imputados.
El procurador adjunto explicó que la revisión de Coral 5G se aplazó como consecuencia del pedimento de varios miembros de las defensas para que se les notifiquen las evidencias adicionales que presentó el Ministerio Público y para que se les notifique la querella que presentó la barra del Estado en este caso.
También dijo que, por decisión del tribunal, si alguna de las barras de la defensa deposita documentación deberán notificarla al Ministerio Público.
Respecto a la petición a los tribunales de una posible fusión de los casos Coral y Coral 5G, indicó que “es una decisión que está sobre la mesa, pero que todavía no tomamos”. Añadió que una solicitud de esa naturaleza va a depender de muchos factores, “incluso de la posibilidad de si un caso puede retrasar a otro”.
“Pero hay algo cierto, estos casos son conexos, uno es la continuación del otro”, añadió.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso en diciembre pasado medidas de coerción a 13 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa del Caso Coral 5G y declaró el proceso de tramitación compleja.
La prisión preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), mientras que en otra audiencia recibió la misma medida el general Julio Camilo De los Santos Viola (FARD).
Por disposición del tribunal también cumple prisión preventiva el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD).
En tanto que arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Al coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y al teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal ordenó que la prisión preventiva sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Durante el desarrollo de las investigaciones contra los integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y otros elementos probatorios.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
El Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra los involucrados en el caso.
A los oficiales de cuerpos castrenses se les ha ocupado durante las investigaciones unas 125 propiedades.
