Solicitan prisión contra dos imputados por asesinato de hombre ocultado en una estructura de concreto
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva para dos imputados por el asesinato de un hombre al que ocultaron en una estructura de concreto de reciente construcción ubicada en el sector Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste.
La medida de coerción fue solicitada contra los imputados son José Antonio Martínez Joseph (Martínez) y Juan Gabriel Marte Ramírez (el Diamante), quienes se asociaron para darle muerte a Andy Louissant, de acuerdo con la solicitud presentada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios).
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este miércoles la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público.
Sobre el caso, la investigación establece que la víctima acordó reunirse la noche del 10 de septiembre con Martínez Joseph en las inmediaciones de un centro comercial, ubicado en la avenida Luperón, para tratar asuntos relacionados con un negocio.
Según el expediente, la conversación fue escuchada por la pareja de la víctima, quien indicó además que entre ambos existía un conflicto relacionado con una deuda que el imputado mantenía con su pareja.
De acuerdo con las pesquisas, la víctima se trasladó al lugar de encuentro a bordo de una yipeta Changan CS55 Plus alquilada y posteriormente habría sido interceptado por Marte Ramírez, quien conducía un vehículo Honda Accord.
El expediente señala que ambos se dirigieron hacia las inmediaciones de un centro médico ubicado en la avenida Isabel Aguiar, donde se produjo una discusión.
El Ministerio Público indica que momentos después llegó al lugar Martínez Joseph, quien intervino en el altercado. Posteriormente, la víctima y los dos imputados se dirigieron hacia la Urbanización Don Honorio, donde reside uno de los procesados.
Según la investigación, una vez en el lugar dejaron estacionados los vehículos utilizados por la víctima y por Martínez Joseph, retirándose posteriormente a bordo del automóvil conducido por Juan Gabriel Marte Ramírez.
Horas más tarde, al no regresar a su residencia, familiares de Louissant iniciaron su búsqueda. Con la asistencia del propietario de la yipeta que utilizaba la víctima, lograron rastrear la ubicación del vehículo mediante GPS, siendo localizado posteriormente en el sector Bella Colinas, de Manoguayabo, sin que la víctima se encontrara en el lugar.
Las diligencias realizadas por el Ministerio Público y los agentes investigadores permitieron establecer que el vehículo utilizado por Louissant permaneció detenido en las proximidades de la residencia de Martínez Joseph.
Asimismo, mediante cámaras de videovigilancia fue obtenida una grabación correspondiente a la madrugada del 11 de septiembre, en la que se observa a la víctima en compañía de ambos imputados.
De acuerdo con el expediente, las imágenes muestran a Louissant intentando escapar, siendo alcanzado, agredido e introducido nuevamente al vehículo en el que se desplazaban los imputados.
La investigación también incluye la declaración del testigo que alquiló el automóvil Honda Accord utilizado por Marte Ramírez. Conforme al documento, al momento de ser devuelto el vehículo presentaba rastros de un líquido con características y olor presumiblemente a sangre. Al ser cuestionado sobre esa situación, el imputado habría manifestado que él y Martínez Joseph habían tenido una pelea con un amigo.
Las autoridades recopilaron además evidencias documentales relacionadas con la compra de materiales de construcción realizada por Martínez Joseph el 11 de septiembre, así como registros de las rutas y paradas efectuadas por la yipeta utilizada por la víctima durante los días 10 y 11 de septiembre.
Como parte de las labores investigativas, el Ministerio Público ejecutó el 14 de septiembre la Orden Judicial de Allanamiento No. 2026-AJ0079584 en un establecimiento comercial ubicado en el sector Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste.
Durante la intervención fue localizado el cuerpo sin vida de Andy Louissant, oculto en una estructura de concreto de reciente construcción ubicada debajo de una escalera.
Martínez Joseph fue arrestado el 14 de septiembre y Marte Ramírez el día 15, en cumplimiento de las órdenes judiciales correspondientes.
Ambos imputados están siendo procesados por asociación de malhechores agravada para cometer asesinato, en violación a los artículos 91, 92, numeral 3; 73 y 373, numeral 4, del nuevo Código Penal Dominicano (Ley No. 74-25).
Prisión preventiva para imputado por proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En atención a la solicitud del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el principal imputado por proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología, acusado de dedicarse a la explotación sexual de adultos y de presuntos menores de edad.
La decisión fue adoptada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Henry Tomás Castillo Peña (Juan y/o el Patrón), de 57 años de edad, quien deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) Najayo Hombres. La revisión obligatoria fue fijada para el 15 de diciembre.
El tribunal, además, impuso presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de RD$100,000 mediante contrato en contra de Brailyn López del Rosario (Brayan), de 20 años.
Ambos imputados fueron arrestados con orden judicial luego de establecerse con diferentes evidencias que se dedicaban a la actividad ilícita utilizando las redes sociales para compartir imágenes pornográficas y ofrecer los servicios sexuales de las víctimas a cambio de pagos recibidos en sus cuentas bancarias, así como en efectivo.
Los procesados materializaban sus actividades ilícitas en un edificio ubicado en la calle Emilio Prud’Homme, del sector San Carlos, del Distrito Nacional, explicó la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT).
La PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, lleva la investigación conjuntamente con la Fiscalía del Distrito Nacional.
Además de Bejarán Álvarez, el equipo lo completan las fiscales Aleika Almonte, Noelia Tavera, y el fiscalizador Roberto Reyes, así como con los fiscales del Distrito Nacional Kelvyn Colón Rodríguez y Yonoris Suero.
La jueza Ana Lee Florimón, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó las medidas de coerción.
El Ministerio Público trabaja con el apoyo del Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional (DETT), la División Especializada de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional (DEIDET), la Unidad de Investigaciones de Trata de Personas y Delitos Conexos (UITIMC) y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, así como con otros órganos de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
Además, con la cooperación internacional de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HIS).
La investigación inició luego de que las autoridades del HIS y la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, mediante la figura jurídica de cooperación internacional conocida como MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty o Tratado de Asistencia Jurídica Mutua), notificó y entregó documentos y elementos relacionados con la ocurrencia de los hechos.
El 13 de noviembre de 2025 fue intervenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), adscrita a HIS, el dominicano Henry Tomás Castillo Peña al momento de arribar a Nueva York por el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, específicamente a la ciudad de New York.
Al ahora imputado le fue practicada una segunda inspección por sospechas de estar vinculado a delitos relacionados con abuso sexual infantil y posesión de contenido sexual explícito de niños, niñas y adolescentes.
Con ocasión de esa intervención, el imputado hizo entrega a los agentes actuantes de su dispositivo móvil, correspondiente a un teléfono celular marca Samsung Galaxy S25 Ultra, y autorizó verbalmente al oficial actuante a inspeccionarlo, quien, en el ejercicio de sus funciones, procedió a inspeccionar el referido teléfono celular, así como las diferentes redes sociales que utilizaba.
Durante la inspección, los miembros del CBP observaron en el contenido de la aplicación de WhatsApp la existencia de videos de abuso sexual infantil, así como una conversación sostenida entre el imputado y otro hombre que le solicitaba servicios sexuales de un presunto menor de edad, por el cual manifestó tener interés, a lo que el imputado procedió a proporcionar la dirección ubicada en la calle Emilio Prud’homme, del referido sector de la capital.
Las pesquisas establecieron que Castillo Peña se dedicaba a la explotación sexual, además de poseer pornografía infantil.
Mientras miembros del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional procedían a ejecutar la orden de allanamiento núm. 0025-septiembre-2026, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veintiséis (2026), emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, al ingresar al referido inmueble, fueron recibidos por el imputado Brailyn López del Rosario (Brayan).
Al momento del allanamiento, en el lugar se encontraban varias víctimas que eran explotadas sexualmente por el imputado Castillo Peña. Al iniciar la requisa en el referido lugar, fueron ocupados objetos relacionados con el tipo penal investigado, tales como: cientos de preservativos, cientos de lubricantes, cuadernos con anotaciones de los servicios brindados por el imputado y las víctimas, facturas de pago de los servicios, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, títulos de propiedad, pasaportes del imputado, dinero en efectivo y otras personas, entre otros documentos personales.
Prisión preventiva para hombre imputado por muerte de motoconchista en Azua
SANTO DOMINGO (República Dominicana). – Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de la Atención Permanente de Azua impuso ocho meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado por la muerte a disparos de un motoconchista, en un hecho ocurrido en el municipio Azua de Compostela.
La medida le fue impuesta a Luis Antonio Puello Ramírez (Rafelin), por haber infligido las heridas por arma de fuego que le ocasionaron la muerte a Radhamés de los Santos.
La investigación del Ministerio Público establece que siendo las 7:00 de la mañana del 31 de agosto del presente año, De los Santos y uno de sus compañeros de labores se encontraban estacionados en la calle Luis Felipe Castro esquina Marcos Medina, en Azua, desde donde brindaban servicios de transporte en motocicleta, cuando Puello Ramírez, junto a otro hombre solo identificado como Goti, se presentó en el lugar en una motocicleta marca Tauro, color azul, desde donde disparó alcanzando a herir a la víctima.
Los disparos ocasionaron a De los Santos heridas con orificio de entrada en la región izquierda y salida en región axilar derecha, según el acta de levantamiento de cadáver.
Las investigaciones establecieron que Goti y Puello Ramírez dieron un giro en la motocicleta al notar que el otro motoconchista que acompañaba a De los Santos había salido corriendo al escuchar los disparos, e inmediatamente le dieron persecución por toda la cuadra, no logrando atraparlo, porque este se refugió dentro de una vivienda.
El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal litigante, Stalin Alexander Polanco, le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica provisional de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y asociación de malhechores, hecho previsto y sancionado en los artículos 14, 73, 91, 92, 92-1 y 92-3 del código penal vigente, y los arts. 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas y Materiales Relacionados en la República Dominicana.
La jueza Dania A. Abreu Abreu, designada del Segundo Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Azua, declaró el caso complejo y dictó la prisión preventiva, ordenando su cumplimiento en la cárcel pública 19 de Marzo.
Prisión preventiva para imputado por muerte de joven tras incidente en Los Praditos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre imputado por homicidio voluntario en contra de otro, tras los golpes contusos y heridas que le provocó la mañana del 1 de julio de 2026, en un play del sector Los Praditos, en el Distrito Nacional.
La medida de coerción fue impuesta a Lenin Jhericop Núñez de León, imputado de incurrir en homicidio voluntario en perjuicio del joven Emmanuel Contreras Medina.
El Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Eduardo Velázquez, adscrito a la Dirección General de Persecución, así como Magalys Sánchez, María Silvestre y Julia Laury Vásquez, de la Fiscalía del Distrito Nacional, solicitó la imposición de la medida privativa de libertad.
La petición del órgano persecutor fue acogida por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien ordenó el cumplimiento de la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XX) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
La fiscal María Silvestre dijo que la solicitud de medida de coerción fue acogida por el tribunal. “Acabamos de presentar la solicitud de medida de coerción en contra del procesado; fue acogida en todas sus partes por el juez, quien entendió que los presupuestos eran suficientes y le impuso la medida de coerción de prisión preventiva a ser cumplida en Najayo”, dijo la representante del Ministerio Público a periodistas que la abordaron a la salida del tribunal.
De su lado, la fiscal Magalys Sánchez, dijo que el juez valoró el hecho gravísimo que cometió el imputado y la manera desproporcionada que golpeó a la víctima sin ninguna justificación y de una manera cruel.
Lenin Jhericop Núñez de León propinó golpes contusos con un bate y le provocó heridas al joven Emmanuel Contreras Medina, quien falleció producto de los mismos, explica la solicitud de medida de coerción presentada por el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional.
La solicitud de prisión preventiva se fundamenta en que el imputado carece del arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga, sobre todo, porque después de los hechos salió del país.
El expediente establece que Núñez de León publicó en Facebook Marketplace la venta de un teléfono iPhone 15 Pro Max, de 256 GB, por la suma de RD$35,000.00, por lo que fue contactado por Joan Manuel Jiménez Medina para la compra del dispositivo.
Del mismo modo, Jiménez Medina, haciéndose pasar por el vendedor real del teléfono, contactó a la víctima Emmanuel Contreras Medina, ofreciéndole el mismo dispositivo por RD$15,000.00, los cuales recibió por medio de transferencia.
Joan Manuel Jiménez Medina, posteriormente contactó a Lenin Jhericop Núñez de León y le manifestó que Emmanuel Contreras Medina iría a recoger el celular por él y le entregaría el dinero en persona.
Es en virtud de lo anterior, que Lenin Jhericop Núñez de León acordó reunirse en el estadio de béisbol La Javilla con Emmanuel Contreras Medina, quien creía que solo tenía que retirar el dispositivo, porque ya había transferido el pago al nombrado Joan Manuel Jiménez Medina. Por esa razón, cuando el imputado le entregó el celular, lo guardó y se dispuso a marcharse, pero cuando el imputado vio la intención y lo cuestionó sobre el dinero, la víctima salió corriendo alegando que estaba siendo víctima de un robo.
Acto seguido, Lenin Jhericop Núñez de León lo persiguió con un bate mientras le vociferaba que era un ladrón. Al alcanzarlo, lo golpeó en la espalda y luego en la cabeza, provocando que cayera al pavimento, momento que aprovechó para sacarle del bolsillo el citado teléfono móvil, hecho presenciado por testigos y captado en cámaras de seguridad del área.
Estando la víctima Emmanuel Contreras Medina en el pavimento tras el golpe recibido del imputado Lenin Jhericop Núñez de León, el entrenador procedió a llamar al 9-1-1 y al contacto del empleador de la víctima, ya que él andaba en el vehículo de la empresa, quienes llegaron al lugar, tal como evidencian los videos obtenidos por miembros policiales que acudieron al lugar.
La víctima permaneció en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde entró en estado de coma y estuvo varios días en cuidados intensivos hasta que murió el pasado 9 de septiembre de este 2026.
Luego del hecho, el imputado salió del país, materializando una evasión de la justicia, por lo que el Ministerio Público estaba en trámites de su captura internacional y extradición al país, siendo arrestado el 11 de septiembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en virtud de la orden de arresto emitida en su contra.
El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
Sobre la investigación
Tras ser recibida la denuncia, el 3 de julio de 2026, en el Departamento de Atención al Ciudadano del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el caso fue remitido a la Fiscalía Comunitaria correspondiente, en donde se iniciaron las investigaciones.
Al profundizar en los hechos y atendiendo a la gravedad y complejidad del caso, las investigaciones fueron remitidas al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), en donde se dio seguimiento a las diligencias investigativas dirigidas a establecer las circunstancias del hecho y proceder a la solicitud de orden de arresto.
Como parte de estas actuaciones, el Ministerio Público estableció contacto con los familiares de la víctima, quienes se apersonaron a su departamento el 3 de agosto.
Durante el curso de la investigación fueron recabados e incorporados al proceso los testimonios de los entrenadores y el padre de uno de los niños. Además, el certificado médico, el acta de levantamiento de cadáver y las conversaciones de WhatsApp.
También, fueron incorporados los videos de las cámaras de seguridad relacionados con el hecho y las imágenes obtenidas mediante las cámaras corporales de los agentes policiales del 9-1-1.
Condena de 20 años de prisión a hombre que violó sexualmente a una mujer de 73 años en Manoguayabo
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Luego de ponderar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a un hombre acusado de violar sexualmente a una mujer de 73 años de edad, en un hecho ocurrido en el sector Manoguayabo, el 4 de septiembre de 2025.
La sentencia fue dictada contra Samuel Aquino y/o Samuel Moreta, de 25 años de edad, luego de que el órgano acusador presentara ante el tribunal las evidencias que sustentaron la acusación y permitieron establecer su responsabilidad penal en los hechos.
La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal Brenda Reyes, quien posteriormente tuvo a su cargo la litigación del proceso junto a la fiscal Francheska Alcántara, presentando ante el tribunal las pruebas testimoniales, documentales y periciales que sustentaron la acusación.
Las rápidas diligencias de investigación ejecutadas por el Ministerio Público permitieron resolver el caso en un año y lograr sentencia condenatoria.
Durante el proceso, la víctima fue evaluada por una legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que certificó hallazgos compatibles con actividad sexual violenta.
De acuerdo con la acusación, aproximadamente a las 7:00 de la mañana, del 4 de septiembre de 2025, el procesado se presentó en la residencia de la víctima y le solicitó un vaso de agua. Aprovechando que la mujer se encontraba de espaldas, apuntándola con un cuchillo, la condujo hasta una de las habitaciones en donde la violó sexualmente.
Durante la agresión, el acusado le ocasionó heridas en el rostro y las manos, con suturas de tres a cuatro puntos.
El tribunal, integrado por las juezas Sandra Josefina Cruz, Leonarda Quezada y Clara Joselyn Rivera, dictó la sentencia condenatoria por la violación de los artículos 309, 330 y 331 del Código Penal Dominicano.
El condenado deberá cumplir la pena impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata.
Ministerio Público y DNCD ponen en marcha Operación LM2 contra estructura de narcotráfico y lavado de activos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un amplio equipo del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) propinaron, en una acción conjunta y coordinada, un contundente golpe al narcotráfico y al crimen organizado con la puesta en marcha de la Operación LM2, la cual inició con la ejecución simultánea de múltiples allanamientos e intervenciones en el Gran Santo Domingo, Hato Mayor y Santiago.
En medio de la operación desplegada en residencias, locales comerciales y acopios clandestinos, las fuerzas de seguridad coordinadas por 13 fiscales e integradas por más de 150 agentes ocuparon 168 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, vehículos de alta gama, un camión, dinero, armas y documentos vinculantes con la investigación.
En los allanamientos fue arrestado José Miguel Ceballos Rosario (el Viajero), uno de los principales cabecillas de esta estructura criminal, mientras son perseguidos otros integrantes a quienes las autoridades exhortaron a entregarse por la vía correspondiente para que respondan las acusaciones en su contra.
En el caso del alijo de 168 paquetes, fueron ocupados ocultos en el interior de 31 tubos o barras de metal, en una edificación que servía de centro de acopio en el municipio de Villa Vásquez, en cuyo lugar se encontraron, además, cientos de cajas de cartón, herramientas e insumos para la preparación y ocultamiento de sustancias controladas.
Las autoridades determinaron que la organización criminal enviaba a Estados Unidos y Europa grandes cantidades de droga, específicamente cocaína, ocultas en cajas de cartón de doble fondo y estructuras metálicas, a través de compañías consolidadas y empresas fantasma que simulaban transportar mercancía lícita.
Seguimiento e investigación a estructura criminal
La operación ejecutada por las autoridades, todavía en desarrollo, se desprende de una investigación relacionada con una estructura criminal desmantelada durante varios allanamientos realizados en La Vega y Monseñor Nouel, donde se ocuparon 392 láminas de cocaína, tres fusiles, vehículos y maquinarias utilizadas para el empaque y camuflaje de sustancias controladas.
En julio de 2023 las autoridades allanaron una finca ubicada en la comunidad de Jayaco, donde se encontraron cientos de cajas de cartón, la mayoría con un doble fondo, en cuyo interior se incautaron las láminas de la droga. También, se intervino una residencia que servía como centro de acopio de las cajas, ubicada en los Rincones de La Vega.
Durante esas labores operativas se arrestaron a tres personas y ocuparon múltiples evidencias vinculantes con el caso.
Por el caso, el Ministerio Público procesó a Basilio Saturria Mosquea, Danckeline De La Cruz y José Luis Santana Vargas, ambos condenados a 15 años de prisión por el Tribunal Colegiado de La Vega, el cual ordenó, además, el decomiso de todos los bienes envueltos en el proceso.
Ministerio Público solicita prisión preventiva contra hombre imputado por feminicidio de su pareja en San Carlos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, prisión preventiva, como medida de coerción, para un hombre imputado de cometer feminicidio en perjuicio de su pareja, en un hecho ocurrido el pasado 6 de septiembre del presente año, en el sector San Carlos, del Distrito Nacional.
La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional, en contra de Wirme Manuel Geraldo, imputado por la muerte de Yanely Yohanna Soto.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche, en una banca de lotería, donde laboraba la víctima.
El expediente establece que el imputado se presentó al establecimiento y esperó hasta que la mujer concluyera su jornada laboral. Posteriormente, la agredió con un objeto contuso y emprendió la huida, dejándola gravemente herida dentro del local.
Las investigaciones indican que, al día siguiente, una compañera de trabajo de la víctima acudió al establecimiento tras percatarse de que esta no había realizado los reportes habituales al sistema. Al ingresar al negocio encontró a la mujer tirada en el suelo y ensangrentada, por lo que alertó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde permaneció ingresada en cuidados intensivos. Como consecuencia de las lesiones sufridas, falleció el 12 de septiembre de 2026.
El imputado fue arrestado el 13 de septiembre mediante orden judicial emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El órgano persecutor ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación al artículo 93 del nuevo Código Penal Dominicano (Ley núm. 74-25) y solicitó la imposición de prisión preventiva al considerar que existen suficientes elementos de prueba que vinculan al imputado con los hechos investigados, por lo que existe el riesgo de fuga.
Prisión preventiva para principal imputado por maltrato a niños en local de fundación de San Cristóbal
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un juez impuso prisión preventiva, como medida de coerción, al principal imputado de cometer delitos de maltrato físico y psicológico, así como de trabajo o servicio forzado, en perjuicio de varios niños en un local de una fundación que operaba en San Cristóbal.
La medida de coerción fue impuesta a Ángel Gabriel Capellán (el Pastor o Capellán), mientras que a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez le fue impuesta una garantía económica de RD$20 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Ambos fueron sometidos a la justicia por los delitos cometidos contra los menores de edad en la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), ubicada en el municipio Bajos de Haina, en la provincia San Cristóbal. Capellán deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR.XVII) de Najayo San Cristóbal.
La medida fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), así como por las fiscales Ramona Santana, titular de San Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS).
En la audiencia los fiscales litigantes Fanny Garabitos Guerrero y Roberto Reyes, representantes del Ministerio Público, sustentaron con diferentes pruebas la solicitud de medidas de coerción ante el juez José Carlos Arias, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal.
En el proceso las personas afectadas estuvieron representadas por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
La instancia detalla que, en el marco de una operación ejecutada la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, conjuntamente con otros órganos, realizó allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, del municipio de los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
En el operativo se rescataron 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro (4) meses y los trece (13) años.
Las víctimas presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico. El centro de operaciones intervenido operaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado en el interior de una finca.
La Fiscalía de San Cristóbal, conjuntamente con la PETT, realizó los allanamientos, auxiliadas por el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), con la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), como áreas de protección.
El operativo se desencadenó a partir de la fuga de uno de los menores retenidos en el lugar que se presentó a un destacamento policial, alertando a las autoridades sobre las condiciones de maltrato a las que eran sometidos los niños, niñas y adolescentes alojados en el establecimiento.
A raíz de la alerta, y luego del inicio de las investigaciones, fueron solicitadas las órdenes judiciales de arrestos ejecutadas contra los imputados Gabriel Capellán y Muñoz Rodríguez.
