Ministerio Público solicita prisión preventiva para dos imputados de proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a dos hombres imputados de proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología, al dedicarse a la explotación sexual de adultos y presuntos menores de edad.
Henry Tomás Castillo Peña (Juan y/o el Patrón), de 57 años de edad, y Brailyn López Del Rosario (Brayan), de 20 años, fueron arrestados con orden judicial luego de establecerse con diferentes evidencias que se dedicaban a la actividad ilícita utilizando las redes sociales para compartir imágenes pornográficas y ofrecer los servicios sexuales de las víctimas a cambio de pagos recibidos en sus cuentas bancarias, así como en efectivo.
Los procesados materializaban sus actividades ilícitas en un edificio ubicado en la calle Emilio Prud’Homme, del sector San Carlos, del Distrito Nacional, explicó la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT).
La PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, lleva la investigación conjuntamente con la Fiscalía del Distrito Nacional.
Además de Bejarán Álvarez, el equipo lo completan las fiscales Aleika Almonte, Noelia Tavera, y el fiscalizador Roberto Reyes, así como con los fiscales del Distrito Nacional Kelvyn Colón Rodríguez y Yonoris Suero.
El Ministerio Público trabaja con el apoyo del Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional (DETT), la División Especializada de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional (DEIDET), la Unidad de Investigaciones de Trata de Personas y Delitos Conexos (UITIMC) y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, así como con otros órganos de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
Además, con la cooperación internacional de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI).
La investigación inició luego de que las autoridades del HSI y la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, mediante la figura jurídica de cooperación internacional conocida como MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty o Tratado de Asistencia Jurídica Mutua), notificó y entregó documentos y elementos relacionados con la ocurrencia de los hechos.
El 13 de noviembre de 2025 fue intervenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), adscrita a HSI, el dominicano Henry Tomás Castillo Peña al momento de arribar a Nueva York por el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, específicamente a la ciudad de New York.
Al ahora imputado le fue practicada una segunda inspección por sospechas de estar vinculado a delitos relacionados con abuso sexual infantil y posesión de contenido sexual explícito de niños, niñas y adolescentes.
Con ocasión de esa intervención, el imputado hizo entrega a los agentes actuantes de su dispositivo móvil, correspondiente a un teléfono celular marca Samsung Galaxy S25 Ultra, y autorizó verbalmente al oficial actuante a inspeccionarlo, quien, en el ejercicio de sus funciones, procedió a inspeccionar el referido teléfono celular, así como las diferentes redes sociales que utilizaba.
Durante la inspección, los miembros del CBP observaron en el contenido de la aplicación de WhatsApp la existencia de videos de abuso sexual infantil, así como una conversación sostenida entre el imputado y otro hombre que le solicitaba servicios sexuales de un presunto menor de edad, por el cual manifestó tener interés, a lo que el imputado procedió a proporcionar la dirección ubicada en la calle Emilio Prud’homme, del referido sector de la capital.
Las pesquisas establecieron que Castillo Peña se dedicaba a la explotación sexual, además de poseer pornografía infantil.
Mientras miembros del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional procedían a ejecutar la orden de allanamiento núm. 0025-septiembre-2026, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veintiséis (2026), emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, al ingresar al referido inmueble, fueron recibidos por el imputado Brailyn López del Rosario (Brayan).
Al momento del allanamiento, en el lugar se encontraban varias víctimas que eran explotadas sexualmente por el imputado Castillo Peña. Al iniciar la requisa en el referido lugar, fueron ocupados objetos relacionados con el tipo penal investigado, tales como: cientos de preservativos, cientos de lubricantes, cuadernos con anotaciones de los servicios brindados por el imputado y las víctimas, facturas de pago de los servicios, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, títulos de propiedad, pasaportes del imputado, dinero en efectivo y otras personas, entre otros documentos personales.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el domingo para este 15 de septiembre de 2026, la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción.
Tribunal rechaza extinción de acción penal solicitada por Ángel Lockward y otros procesados por corrupción
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó, por mayoría de votos, la extinción de la acción penal solicitada por el procesado Ángel Lockward y otros acusados en el caso contra una red que defraudó al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones y que se apoyó en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que el tribunal rechazó la solicitud de extinción de la acción penal que pretendían gran parte de los imputados para evitar el proceso y responder ante los tribunales por los hechos cometidos.
“La decisión se ha dado por mayoría de votos, entendiendo el tribunal que hay que analizar otros aspectos que van mucho más allá que el simple cómputo matemático de los plazos. Así que estamos listos y preparados para presentar nuestra acusación al regresar en la tarde de hoy”, dijo Ortiz a periodistas que la abordaron durante un receso pasado el mediodía de este lunes.
Explicó que las juezas se vieron en la necesidad de hacer un análisis general, porque las defensas le pidieron aplicar una ley derogada que entendían más favorable para ellos. “Es por eso que el tribunal se tuvo que ver en la necesidad de tener que hacer el análisis; pero, aun así, pese al análisis realizado por el tribunal, entendió, la mayoría del tribunal, que no aplicaba el análisis de la ley más favorable, sino de acoger la ley vigente; y, por tanto, que el proceso se mantenga vivo en los tribunales”, declaró.
Ortiz representó al Ministerio Público junto al procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey, Rosa Alba García, Jhensy Víctor, Elvira Rodríguez, Arolin Lemos y Melbin Romero.
La decisión fue adoptada por las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, con el voto disidente de la presidenta del tribunal Arlin Ventura Jiménez.
Tras la solicitud de los procesados, Ortiz había cuestionado que las defensas continúen utilizando la solicitud de extinción de la acción penal como una herramienta procesal para evitar debatir las pruebas en un juicio, “intentando una vez más rehuir al conocimiento del fondo de las acusaciones”.
El juicio continúa esta tarde
El pasado mes de mayo el Ministerio Público obtuvo apertura a juicio contra 35 de 40 acusados de corrupción en el expediente contra el exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.
Mientras que fue apelado el auto de no ha lugar dictado en favor de los exministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo Terrero y otros 3 acusados en los que el tribunal entró en una errónea apreciación de varias pruebas.
Entre los enviados a juicio, también, se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
En el proceso el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados fueran enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano.
Los acusados, arrestados por el Ministerio Público el 18 de marzo de 2023, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
La estructura, además, sustrajo dinero de pagos de deudas a ministerios. Al grupo se le atribuye también implantar un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico.
El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.
Treinta años de prisión para hombre que mató durante atraco a un militar en sector Villa Liberación de SDE
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A petición del Ministerio Público, un tribunal condenó a 30 años de prisión a un hombre que en un atraco le provocó la muerte a tiros a un mayor del Ejército, en un hecho ocurrido en el sector Villa Liberación, de Santo Domingo Este, en el año 2021.
Jairo Espinal Monegro (Reollo o Repollo) deberá, además, pagar una indemnización de un millón de pesos a los familiares de la víctima José Ferreras Cuevas.
La investigación, realizada por el fiscal investigador Wilson Díaz, indica que, el hecho ocurrió la mañana del 1 de noviembre de 2021, alrededor de las 6:30 de la mañana, en momentos en que la víctima se disponía a regresar a su residencia después de haber acompañado a su hija a una parada de vehículos, en la calle José Francisco Peña Gómez, del referido sector.
Indica que en el trayecto el militar fue sorprendido por el procesado y una persona (prófuga) conocida como Anderson, quienes se desplazaban a bordo de un motor. Ambos encañonaron a la víctima con un arma de fuego y le manifestaron que se trataba de un atraco, mientras lo despojaban de su celular.
Detalla que, cuando los asaltantes se marchaban del lugar, el militar intentó sacar su arma de reglamento, siendo estas las circunstancias en las que le realizaron los impactos de bala que le quitaron la vida, como consta en la autopsia judicial No. SDO-1072-2021.
Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Ana Basora, presentó suficientes elementos probatorios con los que sustentó la acusación.
El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, que preside el juez Julio de los Santos Morla e integran Yuri Cuevas de la Cruz y Ana Miledys Taveras, ordenó el cumplimiento de la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.
El Ministerio Público demostró que Espinal Monegro violó los artículos, 265, 266, 295, 304, 379, 382, 383 y 386, numeral 2, del Código Penal Dominicano, así como los 66, 67, 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Tribunal impone seis meses de prisión suspendida a extranjero que quemó 50 tareas
SANTO DOMINGO (República Dominicana). –En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de la Instrucción de El Seibo condenó a seis meses de prisión, bajo la modalidad de pena suspendida, a un hombre que fue arrestado en flagrante delito mientras incendiaba un área de aproximadamente 50 tareas de terreno en el distrito municipal San Francisco Vicentillo, de la provincia El Seibo.
La condena fue dictada en contra del nacional haitiano Garbo Fransua, arrestado en flagrante delito por miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) el pasado 27 de agosto del presente año 2026, incendiando el terreno para luego realizar actividades agrícolas.
En la audiencia, el procurador de Corte Richard Guilamo Cedano, adscrito a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Proedemaren), señaló que el procesado incurrió en la tala de árboles como javilla, pino de teta, cabirma, palo blanco y otras especies.
Guilamo Cedano calificó las acciones cometidas por Garbó Franzua como una violación a la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) y a la Ley Sectorial Forestal de la República Dominicana (57-18).
Fransua deberá cumplir con las condiciones establecidas por la jueza Esmirna Antonia Ortega Ventura, las cuales incluyen residir en la dirección aportada al proceso, abstenerse de realizar incendios donde puedan resultar afectados árboles y otras especies de flora y fauna, así como también, realizar la siembra de 50 árboles bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Imponen coerción a organizador, capitán y colaboradores de operaciones de tráfico ilícito de migrantes hacia Puerto Rico
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un tribunal del distrito judicial de La Altagracia impuso distintas medidas de coerción contra cuatro personas sometidas a la justicia por el Ministerio Público por estar vinculadas a la organización, coordinación y ejecución de dos operaciones de tráfico ilícito de migrantes con destino a Puerto Rico.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, sometió a la justicia a los imputados luego de acciones coordinadas con la Fiscalía de La Altagracia, la Armada de República Dominicana y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (USCG) en Puerto Rico.
Las autoridades, que trabajan de manera conjunta para fortalecer la respuesta contra las estructuras criminales dedicadas a esas actividades ilícitas, interceptaron a 128 personas como resultado de operativos ejecutados en el marco de un proceso de investigación desarrollado mediante la coordinación interinstitucional.
Posteriormente, el Ministerio Público solicitó la imposición de medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia.
En una de las operaciones fueron interceptadas 77 personas, mientras que en la segunda fueron detenidas 51, quienes pretendían llegar de manera irregular a territorio puertorriqueño utilizando embarcaciones empleadas para este tipo de travesías clandestinas.
Como resultado de las investigaciones y de las evidencias recopiladas, fueron sometidos a la acción de la justicia Vladimir Lajara Aguasvivas (el Mello), señalado como organizador, a quien el tribunal impuso tres (03) meses de prisión preventiva.
A los procesados Wiston José Muñoz Rosario y Berto De La Rosa Ortega, vinculados a la operación en la que fueron interceptadas 77 personas, recibieron como medidas de coerción garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
De igual manera, Iván Peña Faña, señalado como capitán de la embarcación utilizada en la operación en la que fueron interceptadas 51 personas, recibió garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
De acuerdo con las investigaciones, los imputados estarían vinculados a una estructura dedicada a la organización y ejecución de operaciones de tráfico ilícito de migrantes hacia Puerto Rico, utilizando embarcaciones clandestinas y exponiendo la vida de sus ocupantes a los múltiples peligros asociados a este tipo de travesías marítimas.
Los implicados podrían enfrentar severas sanciones penales, que podrían alcanzar hasta 30 años de reclusión mayor, atendiendo a las circunstancias agravantes atribuidas al caso, entre ellas, el intento de trasladar fuera del territorio nacional a personas prófugas de la justicia, así como a decenas de nacionales haitianos indocumentados y en condición migratoria irregular, conforme a las disposiciones de la Ley núm. 46-25, que modifica la Ley núm. 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La Armada de República Dominicana destacó que estos resultados evidencian la importancia de la cooperación nacional e internacional para enfrentar las estructuras criminales que se lucran poniendo en riesgo la vida de personas mediante travesías marítimas clandestinas.
En ese sentido, la institución naval reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las operaciones de vigilancia, inteligencia e interdicción marítima, en estrecha coordinación con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, al tiempo que mantendrá su colaboración permanente con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas para identificar, perseguir, apresar y poner a disposición de la justicia a organizadores, capitanes, colaboradores y demás integrantes de estas estructuras criminales.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no poner en riesgo su vida participando en travesías marítimas clandestinas, y exhortaron a abstenerse de colaborar, financiar o facilitar las actividades de personas y organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, una práctica criminal que históricamente ha provocado pérdidas humanas y dolor en numerosas familias dominicanas.
