Ministerio Público procura sanciones acordes a graves hechos cometidos por Alexis Medina Sánchez y compartes
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público afirmó este martes que procura la revocación de sentencias absolutorias, así como el aumento de las penas a los condenados en primera instancia en el proceso penal por corrupción administrativa seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez y los demás procesados por distraer del erario más de 5,000 millones de pesos.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que los equipos de fiscales del Ministerio Público buscan, en nombre de la sociedad, que los procesados reciban sanciones acordes a los hechos cometidos.
“Buscamos las condenas de aquellos que fueron absueltos y el aumento de las penas para aquellos que fueron condenados, porque entendemos que las penas que impuso el tribunal no son suficientes en relación a la magnitud del daño social que generaron los hechos imputados a cada uno de ellos”.
Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto a Wilson Camacho, director general de Persecución, así como de los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González, explicó que aunque los fiscales están preparados para conocer el recurso, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió suspender la audiencia tras recibir una licencia médica de uno de los imputados.
“Para una próxima audiencia, ya el tribunal conminó a las partes a estar listas y esperamos ya estar presentando y respondiendo los recursos que han presentado sobre la decisión”, detalló.
“Entendemos, que será un proceso rápido, los hechos están delimitados, las pruebas fueron desahogadas en un primer juicio, o sea, que esperamos que esto se resuelva rápidamente aquí en la corte”, precisó.
Los jueces Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quienes conocen los recursos de las partes, dispusieron la celebración de las audiencias los martes de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.
El tribunal iniciará con la presentación de los recursos de los acusados.
La audiencia fue aplazada para el martes, 15 de septiembre de 2026, a las 10:00 de la mañana.
Decisión de primera instancia apelada
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo, en el mes de agosto del pasado año, impuso una condena de 7 años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y descargó a algunos de los procesados.
En el proceso, Medina Sánchez, quien dirigía el entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.
El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.
Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas también fueron condenados al pago de 500 millones de pesos al Estado dominicano.
También, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas SolutionServices CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.
Juan Alexis Medina Sánchez y los demás condenados deberán cumplir la prisión en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, además de que deberán pagar las costas penales del proceso.
En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.
El tanto que fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez
También, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.
Sobre Alexis Medina, el Ministerio Público estableció que el acusado, valiéndose de diferentes empresas en violación a la Ley 340, obtuvo innumerables contratos, los hechos tienen impacto en el Ministerio de Salud Pública con los medicamentos de alto costo, equipamiento de los hospitales, en el Ministerio de Obras Públicas con el material asfaltico, y la participación de las compras en EdeEste. En la Policía Nacional con combustible por más de 220 millones de los que no entregó un aproximado de 32 millones.
El tribunal pudo constatar que a la empresa Fuel América le faltaron requisitos básicos para participar en el proceso de compras para suplir el combustible a la Policía Nacional.
Además, constató y verificó la afectación de diferentes bombas de la Policía Nacional que completan los más de 32 millones que señaló el Ministerio Público en su acusación.
En la lectura se destacó con relación a la Policía Nacional: “Las anomalías que el tribunal identificó son asombrosas”.
También, se confirmó que se dieron sobornos en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).
Las juezas rechazaron la exclusión de pruebas aportadas por el órgano acusador, estableciendo que en la recolección de las mismas se cumplió con el debido proceso de ley.
Ministerio Público presenta acusación contra procesado por falsa alerta de bomba en vuelo comercial que afectó operaciones del AILA
El Ministerio Público presentó formal acusación y solicitó apertura a juicio en contra de un hombre procesado por comunicar una falsa alerta de bomba al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), hecho que provocó la activación de protocolos de emergencia aeroportuaria, el retorno de una aeronave en pleno vuelo y la suspensión temporal de operaciones aéreas.
La acusación contra Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas, fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo por el Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Andrés Mena, con funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto a las fiscales Felbelys Rosario y Ana Sánchez, adscritas a la Fiscalía de Santo Domingo Este.
De acuerdo con la investigación, el acusado realizó una llamada telefónica, el 6 de enero de 2026, comunicando falsamente la existencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de la aerolínea Copa Airlines. Como consecuencia de esa información, las autoridades aeroportuarias activaron los planes de contingencia y emergencia establecidos para este tipo de amenazas, ordenando, incluso, el retorno de la aeronave y la aplicación de exhaustivos protocolos de seguridad.
El acusado cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra, de la provincia Santo Domingo.
Amplia investigación técnica y científica
El Ministerio Público destacó que la acusación está sustentada en una robusta estructura probatoria compuesta por pruebas testimoniales, documentales, periciales, materiales y procesales obtenidas durante la investigación.
Entre las principales evidencias figura el registro de la llamada realizada al centro de atención de AERODOM mediante la plataforma tecnológica Amazon Connect, cuya grabación fue preservada y, posteriormente, transcrita como parte de la investigación. Asimismo, las certificaciones emitidas por las compañías telefónicas permitieron establecer el origen de la comunicación y vincular el número utilizado con el dispositivo empleado por el acusado.
La investigación, también, contó con informes técnicos elaborados por especialistas de AERODOM, de la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI) de la Dirección Nacional de Inteligencia, así como con documentación oficial del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), que acreditan la activación de los protocolos de emergencia y las afectaciones operacionales generadas por comunicación telefónica con información falsa de bomba.
Evidencia digital y análisis forense
Uno de los elementos de mayor relevancia fue el trabajo de análisis forense digital practicado al teléfono móvil ocupado al acusado durante su arresto.
Los expertos lograron recuperar registros, metadatos y evidencias digitales que permitieron corroborar la existencia de la llamada realizada al número de servicio al cliente del Aeropuerto Internacional Las Américas.
De igual manera, el Ministerio Público incorporó al proceso informes forenses de análisis de evidencia digital que vinculan el aparato telefónico ocupado al acusado con la comunicación realizada el día de los hechos.
A ello se suma un peritaje de acústica forense efectuado por especialistas de la Policía Científica, cuyos resultados concluyeron que la voz registrada en los audios de la llamada corresponde al acusado Ángel del Pino Cuya, estableciendo una relación científica entre el contenido grabado y la identidad del acusado.
Calificación jurídica
El Ministerio Público sostiene que los hechos atribuidos al acusado constituyen infracciones previstas y sancionadas por la Ley núm. 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, y por la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, al considerar que la conducta desplegada generó una situación de alerta que comprometió la seguridad operacional aeroportuaria del país, provocó la interrupción de las operaciones aeronáuticas, el desvío de vuelos hacia otras terminales y la activación de mecanismos extraordinarios de respuesta institucional.
La institución reafirmó su compromiso con la protección de la seguridad pública, la seguridad aeroportuaria y la persecución efectiva de conductas que pongan en riesgo infraestructuras críticas y servicios esenciales para el país.
Prision para hombre imputado por intento de feminicidio agravado contra su expareja en Los Guandules
Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva por tres meses, como medida de coerción, para un hombre imputado de intento de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja, en un hecho ocurrido en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.
El imputado Florencio Lorenzo Lorenzo está señalado de intentar quitarle la vida a su expareja Yaritza Sosa durante un violento incidente registrado la noche del pasado 2 de septiembre en la residencia que ambos compartían en el referido sector.
De acuerdo con la solicitud presentada por la fiscal Liyanny del Orbe María, los hechos ocurrieron durante una discusión en la que el victimario exigía a la víctima desbloquear su teléfono, algo que también Sosa exigió tras acceder a la petición.
Cuando la víctima accedió a desbloquear el dispositivo y le solicitó al imputado revisar también el suyo, el victimario la atacó con un martillo, propinándole un golpe en la cabeza que la hizo caer al suelo.
Al observar que la mujer sangraba y se encontraba indefensa, el imputado le colocó en la boca un paño empapado de formol para impedir que pidiera ayuda y le vertió dicha sustancia encima. Posteriormente, intentó ahorcarla.
La víctima se salvó por la rápida intervención de agentes policiales que ingresaron a la vivienda tras atender una llamada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 realizada por un vecino que alertó sobre gritos e indicios de violencia dentro de la residencia.
Al entrar al inmueble, los agentes encontraron a la víctima suplicando ayuda y al imputado con una actitud agresiva, por lo que procedieron a arrestarlo en flagrante delito. La mujer fue trasladada al centro médico para recibir atenciones médicas.
Durante el registro del vehículo del imputado las autoridades ocuparon un ataúd y un machete. Estas evidencias guardan relación con las amenazas que, según la víctima, había recibido previamente de parte del agresor, quien presuntamente le manifestó que la mataría y la introduciría en un ataúd.
De acuerdo con el certificado médico legal incorporado al expediente, la víctima sufrió lesiones de gravedad y aún permanece bajo observación médica.
Asimismo, una evaluación psicológica refiere que presenta elevados niveles de ansiedad y síntomas relacionados con depresión.
El órgano acusador calificó provisionalmente los hechos como tentativa de feminicidio agravado por la existencia de una relación sentimental, en violación de los artículos 14 y 94 del Código Penal Dominicano (Ley 74-25), así como de los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16.
Por decisión de la jueza Lisa Veras, el imputado Lorenzo Lorenzo cumplirá la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) Najayo Hombres y fijó para el 9 de diciembre la revisión obligatoria.
Condena de 20 años de prisión para hombre que violó adolescente en Azua
Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de Azua condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una adolescente 13 años en el municipio y provincia de Azua.
La condena le fue dictada en contra a Miguelo Pérez, por hechos cometidos en contra de la adolescente, de quien se omite el nombre para proteger sus derechos.
El proceso judicial fue iniciado por el Ministerio Público, tras la denuncia presentada por la madre de la adolescente ante la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de la Fiscalía de Azua.
La madre descubrió lo ocurrido al revisar el celular de la víctima, donde encontró mensajes y solicitudes inapropiadas por parte del agresor.
La investigación reveló que el procesado había comenzado a abusar de la víctima desde que ésta tenía siete años de edad.
El Ministerio Público, representado por la procuradora fiscal Nelia Melo Mejía, quien dirige la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de la Fiscalía de Azua, demostró la responsabilidad penal del hoy procesado, quien incurrió en la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 136-03, sobre el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Por decisión de los jueces Camilo Segura Piña, Shenia M. Rosado Genao y Roberto Santana, el procesado cumplirá la sentencia en la cárcel pública del Kilómetro 15 de Azua.
A prisión hombre imputado por intento de feminicidio agravado contra su expareja en Los Guandules
Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva por tres meses, como medida de coerción, para un hombre imputado de intento de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja, en un hecho ocurrido en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.
El imputado Florencio Lorenzo Lorenzo está señalado de intentar quitarle la vida a su expareja Yaritza Sosa durante un violento incidente registrado la noche del pasado 2 de septiembre en la residencia que ambos compartían en el referido sector.
De acuerdo con la solicitud presentada por la fiscal Liyanny del Orbe María, los hechos ocurrieron durante una discusión en la que el victimario exigía a la víctima desbloquear su teléfono, algo que también Sosa exigió tras acceder a la petición.
Cuando la víctima accedió a desbloquear el dispositivo y le solicitó al imputado revisar también el suyo, el victimario la atacó con un martillo, propinándole un golpe en la cabeza que la hizo caer al suelo.
Al observar que la mujer sangraba y se encontraba indefensa, el imputado le colocó en la boca un paño empapado de formol para impedir que pidiera ayuda y le vertió dicha sustancia encima. Posteriormente, intentó ahorcarla.
La víctima se salvó por la rápida intervención de agentes policiales que ingresaron a la vivienda tras atender una llamada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 realizada por un vecino que alertó sobre gritos e indicios de violencia dentro de la residencia.
Al entrar al inmueble, los agentes encontraron a la víctima suplicando ayuda y al imputado con una actitud agresiva, por lo que procedieron a arrestarlo en flagrante delito. La mujer fue trasladada al centro médico para recibir atenciones médicas.
Durante el registro del vehículo del imputado las autoridades ocuparon un ataúd y un machete. Estas evidencias guardan relación con las amenazas que, según la víctima, había recibido previamente de parte del agresor, quien presuntamente le manifestó que la mataría y la introduciría en un ataúd.
De acuerdo con el certificado médico legal incorporado al expediente, la víctima sufrió lesiones de gravedad y aún permanece bajo observación médica.
Asimismo, una evaluación psicológica refiere que presenta elevados niveles de ansiedad y síntomas relacionados con depresión.
El órgano acusador calificó provisionalmente los hechos como tentativa de feminicidio agravado por la existencia de una relación sentimental, en violación de los artículos 14 y 94 del Código Penal Dominicano (Ley 74-25), así como de los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16.
Por decisión de la jueza Lisa Veras, el imputado Lorenzo Lorenzo cumplirá la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) Najayo Hombres y fijó para el 9 de diciembre la revisión obligatoria.
