NOTAS JUDICIALES 7 NOVIEMBRE 2022

Por Diario Digital Dominicano

Diario Digital Dominicano, por Charlie Carvajal, 7 noviembre 2022, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-

Ministerio Público, Infotep y Finjus anuncian plan de capacitación para privados de libertad

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público, el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) anunciaron la puesta en marcha de un plan de capacitación tendente a fortalecer las competencias técnicas y sociales de las personas privadas de libertad, para brindarles oportunidades educativas e ingreso en el mercado laboral.

El plan se desarrollará como parte de un acuerdo de cooperación interinstitucional firmado por la procuradora general Miriam Germán Brito, el director de Infotep, Rafael Santos Badía, y el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.

Las instituciones se comprometieron a poner en marcha un plan de formación y capacitación renovado y ampliado, mediante el traslado de aulas y talleres móviles ensamblables, debidamente equipados, a los recintos penitenciarios.

La magistrada Germán Brito destacó la trascendencia del acuerdo en beneficio de la efectiva reinserción social de la población penitenciaria del país.

Indicó que, con los programas de capacitación técnica, que se refuerzan y amplían mediante este acuerdo interinstitucional, las personas privadas de libertad “van a salir con la facilidad de conseguir un medio de vida, conseguir un trabajo honesto y que no sucumban ante la tentación de reincidir”.

El director Santos indicó que el objetivo es ofrecer herramientas para que, desde los recintos, los internos puedan constituirse en entes productivos y aportar a la sociedad, al tiempo que se van preparando para su vida en libertad. “Tenemos un esquema para que con lo que aprendan a hacer los privados de libertad, puedan suplir necesidades del Estado y sectores privados que quieran adquirir” los productos y servicios que ofrecen.

Agregó que se trabajará mediante un esquema, en el que una parte de los beneficios monetarios “se les guarde en una cuenta para cuando el privado de libertad recupere su libertad y otra parte se le entregue a su familia y una pequeña parte para mejorar sus condiciones mientras está interno”.

Para el vicepresidente ejecutivo de Finjus, la ejecución de este convenio representa una gran oportunidad de aporte al desarrollo y a la paz social.  “No creo que haya habido precedente.  Qué bueno que les estamos dando la oportunidad a aquellos que se hayan separado de la sociedad, por la razón que sea, de que se puedan reinsertar sobre la base del trabajo”, comentó Castaños Guzmán.

“En nombre de la fundación, del país, muchísimas gracias por haber aceptado este esfuerzo”, agregó.

El convenio, que fue firmado en el despacho de la magistrada Germán Brito, tendrá una vigencia de dos años.

El acuerdo tendrá alcance a nivel nacional y dichas capacitaciones serán impartidas a las personas privadas de libertad que se encuentren en los recintos para adultos y en los Centros de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal del país.

En la primera etapa, serán incluidos los Centros de Corrección y Rehabilitación de La Victoria, Nayajo Mujeres y Hombres, Monte Plata, Rafey Hombres, Azua, y Samaná. Posteriormente, las instituciones establecerán los demás centros y procederán a la instalación de aulas y talleres móviles ensamblables conforme sea determinado.

El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, proporcionará al Infotep las informaciones requeridas para la detección de necesidades, la implementación del plan de trabajo acordado y el diseño de las capacitaciones.

En tanto que el Infotep instalará las aulas y talleres móviles ensamblables donde serán llevados a cabo los programas de formación y capacitación, en los espacios identificados a tales fines. Además, matriculará en los programas formativos regulares, correspondientes a la primera fase, los candidatos para el desarrollo de habilidades técnicas, sociales y administrativas, conforme a las normas y procedimientos establecidos por esa institución. Además, brindará la asesoría y asistencia técnica, en las áreas identificadas acorde al presupuesto disponible, conforme a las normas y procedimientos establecidos por el Infotep.

Finjus fungirá como enlace en la coordinación de las iniciativas y proyectos a implementarse, ofrecerá asesoría en aspectos relativos al propósito del acuerdo, además de que apoyará en la identificación de las necesidades de formación y capacitación de las personas privadas de libertad.

Las instituciones coordinarán actividades académicas como conversatorios, paneles, charlas y seminarios, entre otros, con el objetivo de transmitir conocimientos, buenas prácticas y experiencias en torno a temas académicos y educativos de actualidad y de mutuo interés.

Por el Ministerio Público, participaron en el acto de firma el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio, y el director técnico del despacho de la Procuradora, Félix Tena de Sosa.

Al director de Infotep le acompañaron Odelis Matos, director de Monitoreo de Convenios y Proyectos; Zunilda Jáquez, encargada del Departamento de Litigios, y Rosanna Hernando, encargada de Acuerdos Interinstitucionales.

Imponen 20 años de prisión a hombre que cometió actos de tortura y barbarie contra su pareja en Santo Domingo Este

SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).- La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años de prisión en contra de un hombre que mantuvo a su pareja sometida a una situación permanente de agresión física, verbal y psicológica, que incluyó obligarla a raparse la cabeza en un acto de humillación, el año pasado en el sector Mendoza.

La sentencia emitida por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción recae sobre Diego Mendoza Martínez (Chicoda), de 38 años de edad, quien, además, deberá pagar una indemnización de dos millones de pesos a la víctima, Paola Guzmán Ozoria, de 27 años.

En el juicio, el fiscal litigante Ignacio Rojas mostró suficientes elementos probatorios de que el procesado cometió los delitos de amenazas, actos de tortura y barbarie, así como violencia hacia la mujer, mediante golpes y heridas, hechos sancionados por los artículos 303, 307, 309-1, 309-2 y      303-3 del Código Penal Dominicano.

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Isaura Suárez establece que la víctima relató que tenía dos meses y 15 días de relación con el hoy condenado.

Detalla que en una ocasión la golpeó y le pegó tan fuerte que le partió la mandíbula, dejándole una cicatriz y encerrándola en la casa sin dejarla ir al hospital en busca de cura.

En otra ocasión, mientras ella gritaba tratando de terminar el encierro, la cortó con un cuchillo en el cuello para que se callara, circunstancias en las que tampoco le permitió acudir al médico.

El 14 de marzo de 2021, cuando ella había preparado su maleta para mudarse y solo esperaba que él regresara con el dinero que le había prometido para el pasaje, el hombre llegó en actitud agresiva y no la dejó salir.

Vociferando palabras obscenas y amenazantes, le pasó unas tijeras para que se cortara el pelo y luego un abejón para que se rapara la cabeza, mientras la grababa para subir el vídeo a redes sociales y la obligaba a declarar una alegada infidelidad.

Ministerio Público de SPM obtiene condena contra hombre que intentó agredir a su pareja

SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- La Fiscalía de esta provincia obtuvo una condena de cinco años de prisión en contra de un hombre acusado de intentar agredir a su pareja con un arma blanca, durante un hecho ocurrido en el municipio Quisqueya, en 2019.

El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís, integrado por los jueces Kenia del Pilar Tavárez Henríquez, Juan de la Cruz Rijo Güílamo y Haydeliza Ramírez Henríquez, condenó a Carlos Manuel Guzmán Castro tras declararlo culpable del crimen de violencia intrafamiliar agravada por ser ejercida portando un arma blanca.

El acusador público Pedro Adael García de Peña presentó durante el juicio las pruebas que demostraron que el procesado cometió el hecho el 29 de octubre de 2019, alrededor de las 11:20 de la noche, tras no lograr convencer a su pareja de continuar con la relación.

El representante del Departamento de Litigación Final de la Fiscalía de San Pedro de Macorís estableció que miembros policiales arrestaron al hombre en flagrancia delictiva portando un arma blanca con la que intentaba agredir a la mujer en la vivienda que compartían.

El expediente instrumentado por el Ministerio Público estableció que con esta acción Guzmán Castro violó los artículos 309-2 y 309-3, letra c), del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Yajaira Castillo Tejeda.

El condenado debe cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-11), de esta provincia.

Ministerio Público obtiene 10 años de prisión contra hombre que ejerció violencia de género agravada en SPM

SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).-La Fiscalía de esta provincia obtuvo una condena de 10 años de prisión en contra de un hombre que amenazó a su pareja con un arma blanca y destruyó los enseres del hogar, en el municipio Consuelo.

Luego de acoger la petición del Ministerio Público, los jueces Kenia del Pilar Tavárez Henríquez, Juan de la Cruz Rijo Güílamo y Milagros de Los Ángeles Carmona Camarena declararon a Ramer Álvarez Joseph culpable del crimen de violencia intrafamiliar agravada.

El agresor, que utilizó un machete mientras amenazaba de muerte a su víctima y destruía los muebles de la casa, en presencia de los niños, obligó con sus actos a que la familia abandonara el hogar.

El hoy condenado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, por el hecho ocurrido en el municipio Consuelo el 14 de octubre de 2019.

Durante el desarrollo del juicio, el fiscal Pedro Adael García de Peña aportó distintas pruebas testimoniales, documentales y periciales con las que sustentó la acusación y logró la imposición de la condena contra el procesado, quien se resistía a la decisión de su pareja de terminar la relación, motivada por los constantes maltratos a los que la sometía.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Álvarez Joseph violó los artículos 309-2 y 309-3, literales c, d, y e del Código Penal.   

Prisión preventiva para el hombre que mató y descuartizó a Jesús Cuevas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres de meses de prisión preventiva como medida de coerción a Francisco Javier García Quezada, alias Anthony, acusado de matar y descuartizar al joven Jesús María Cuevas Peña, el pasado 6 de octubre.

La decisión fue adoptada por la magistrada Lissa Veras, luego de acoger el pedimento del representante del Ministerio Público, Guillermo Osvaldo Peña, quien sostuvo en el tribunal que ante la gravedad de los hechos que se le imputan a García Quezada, existe el peligro de fuga por lo que procede la prisión preventiva, que deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.

La Fiscalía otorgó al presente caso la calificación jurídica de asesinato, previsto y sancionado por los artículos 295, 296, 297, 302 y 309 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, que regula el uso de armas, municiones y materiales relacionados.

Los hechos

Jesús María Cuevas Peña, de 30 años, desapareció la tarde del jueves 6 de octubre pasado, según denunciaron sus familiares, quienes afirmaron que este fue visto por última vez en la avenida Winston Churchill, próximo a la Gustavo Mejía Ricart, donde lo dejó una compañera tras salir del trabajo.

Alrededor de un mes después, el 4 de noviembre, tras las diligencias investigativas que incluyeron varios allanamientos y la revisión de cámaras de seguridad, las autoridades encontraron los restos de la víctima.

El cadáver estaba dentro de un tanque azul en una residencia ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Sánchez, donde reside el imputado García Quezada, quien admitió que había apuñalado y descuartizado al joven por el problema de una supuesta deuda de RD$10,000.00 que Cuevas Peña tenía con él.

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