Notas Judiciales, 14 de enero 2021

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SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- Los jueces del Tribunal Colegiado de este distrito judicial condenaron a 20 años de prisión a un hombre acusado por el Ministerio Público de cometer un homicidio en 2014.

Richard Cordero Vilorio fue hallado culpable de haberle provocado la muerte a Pedro Guzmán Javier tras provocarle heridas con un machete, hecho por el que fue declarado culpable de incurrir en homicidio voluntario. 

La autopsia reveló que Guzmán Javier presentaba cinco heridas y que la causa de la muerte se debió a un paro respiratorio por lesión de la médula espinal cervical. Detalla que el paro se produjo a consecuencia de un shock hemorrágico por laceraciones en el pulmón derecho, producidas por una herida cortocontundente. 

Durante la celebración del juicio, el fiscal de la Unidad de Litigación Final, Pedro Adael García de Peña, de la Fiscalía de San Pedro de Macorís, aportó diversas pruebas testimoniales, documentales y periciales que le permitieron demostrar de manera irrefutable los hechos atribuidos a Cordero Vilorio.

Según detalla el expediente, el homicidio ocurrió el 01 de marzo de 2014, luego de que menores de edad, familiares de la víctima y del imputado, sostuvieran una discusión en la cual intervinieron adultos, en la calle Los Rieles del sector Santa Fe, de este municipio.

La acusación explica que el agresor, tras enterarse del conflicto, se presentó al lugar del hecho y provocó el incidente en el que resultó muerto Guzmán Javier. Detalla que, luego de cometer el hecho, Cordero emprendió la huida y fue apresado cuatro años después en el municipio Cabral, provincia Barahona.

El tribunal dictó la sentencia condenatoria por la violación de los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, y ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.

Los jueces Juan de la Cruz Rijo Güílamo, Magdelquis Yolanda Franco Peña y Delfina Phillipes Silvestre consideraron suficiente el acervo probatorio aportado por el acusador público litigante en el transcurso del juicio.

Fiscales que litigan caso Odebrecht realizan una labor titánica para lograr que sobre los procesados por corrupción caiga todo el peso de la ley

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que el Ministerio Público continúa destruyendo la presunción de inocencia de los seis encartados en el expediente de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht.

“En la evolución del proceso el Ministerio Público sigue incorporando pruebas que son suficientes para destruir la presunción de inocencia de los encartados”, declaró el titular del órgano persecutor de la corrupción administrativa.

El Ministerio Público presentó los testimonios de varios testigos, entre ellos el del abogado brasileño Mauricio Dantas Bezerra, quien representó a Odebrecht en el acuerdo de lenidad que firmaron en el año 2017, en el que la multinacional se comprometió a pagar US$184 millones por los daños y perjuicios causados al Estado dominicano con el pago de sobornos.

También, han comparecido Rodrigo Maluf Cardoso y María Eugenia Batista, mientras que hoy corresponde al representante de Odebrecht Marcelo Hofke.

Con las pruebas testimoniales, el órgano acusador continúa demostrando la responsabilidad penal de los seis imputados en el cobro de los US$92 millones en sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en República Dominicana.

El juicio se sigue en contra del empresario Ángel Rondón Rijo, exrepresentante de Odebrecht en el país; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exsecretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga, el expresidente del Senado Andrés Bautista García, el exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, y el también exdirector de Inapa Roberto Rodríguez.  

Con relación a las pruebas correspondientes a los testimonios de los testigos brasileños, Camacho explicó que han ofrecido todas las pruebas disponibles y, en este caso en específico, con su traducción en español. Dijo esperar que sean acogidas por el tribunal.

El procurador adjunto destacó que el equipo de fiscales que le acompaña en la litigación del caso hace una labor titánica. “Se han comportado como gigantes y eso es lo que tiene desesperado a las defensas (de los imputados)”, resaltó.

Junto al titular de la Pepca representan al Ministerio Público en la litigación del caso los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.

Camacho explicó que lo que prueba un testigo es lo que dice en el tribunal. Dijo que con las declaraciones que ofrecerá esta tarde el brasileño Marcelo Hofke y los demás testigos, continuarán fortaleciendo la teoría del caso del Ministerio Público. “Continuaremos probando nuestra acusación y ustedes verán las muestras de desesperación de las defensas (de los imputados)”, insistió.

Wilson Camacho respondió preguntas de los periodistas durante un receso del juicio que se desarrolla en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El Ministerio Público destaca que durante el proceso serán presentadas más de 1,700 pruebas para demostrar la acusación presentada en contra de los imputados.

Fiscalía de Puerto Plata pide prisión contra policía imputado de violar a una hijastra

PUERTO PLATA (República Dominicana).-La Fiscalía de esta provincia solicitó un año de prisión preventiva en contra de un agente de la Policía Nacional imputado de violar sexualmente a una hijastra de 13 años de edad.

El Ministerio Público informó que el pasado 7 de este mes de enero, siendo las 9:30 de la noche, la madre tuvo que llevar a la niña al médico a causa de una dolencia estomacal.

Una vez en el consultorio la víctima confesó que su padrastro abusaba sexualmente de ella desde que tenía 12 años de edad.

El Ministerio Público ha calificado el hecho de manera provisional de violación a los artículos 330 y 332 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, los cuales tipifican y sancionan el incesto.

La Fiscalía de Puerto Plata sustentó la solicitud de medida coerción con diferentes elementos probatorios materiales, documentales, periciales y testimoniales.

Procuraduría General revisa instrucción sobre sanciones a violadores del toque de queda y las medidas contra la COVID-19

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría General de la República inició una revisión de la instrucción que deben seguir los miembros del Ministerio Público respecto a las sanciones por violación al toque de queda y los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias para contener la pandemia de la COVID-19.

La magistrada Miriam Germán Brito dispuso la revisión al ponderar planteamientos sobre la necesidad de buscar mecanismos que fortalezcan el marco jurídico de República Dominicana, como los expuestos por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

El Ministerio Público informó, sin embargo, que los fiscales deberán seguir tomando las acciones de lugar para garantizar que los ciudadanos cumplan con las medidas que buscan contrarrestar la pandemia que hasta el momento ha afectado en el país a 186,383 personas, con 2,428 defunciones.

En ese sentido, los fiscales deberán seguir procurando las sanciones que se amparan en la declaratoria del estado de excepción y que remiten a la Ley General de Salud, 42-01, del 8 de marzo de 2001.

Dicha ley establece, en su artículo 153, multas de entre uno y diez veces el salario mínimo nacional por el incumplimiento de las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar enfermedades transmisibles.

El texto plantea: “Art. 153- Se consideran violaciones a la presente ley y serán sancionadas con multas que oscilarán entre uno y diez veces el salario mínimo nacional establecido por la autoridad legalmente competente para ello, o mediante ley especial”.

El salario mínimo del sector público se sitúa en estos momentos en RD$10,000, lo cual obliga a que la sanción se sitúe entre RD$10 mil y RD$100 mil.

La norma cita entre los hechos sancionables el incumplimiento con las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública, “para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles, al igual que las prescripciones de carácter sanitario”.

La magistrada Germán Brito saluda el debate en torno al tema y lo considera como una oportunidad para que la comunidad jurídica y el liderazgo político de República Dominicana aporten propuestas constructivas que fortalezcan el Estado de Derecho y faciliten a las autoridades la protección de la salud de los y las ciudadanas en situaciones como la creada por la actual pandemia.