Tribunal separa a empresa Inprosol del juicio por corrupción administrativa seguido contra Hugo Beras y compartes
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En atención a la solicitud formulada por el Ministerio Público, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, decidió conocer por separado el proceso judicial que se sigue contra la empresa Inprosol, SRL, encartada en el expediente por corrupción administrativa que involucra a Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes.
En representación del Ministerio Público estuvieron en la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscales litigantes Arolin Lemos y Emmanuel Ramírez.
En la audiencia de este martes, el representante de la empresa socia mayoritaria de PagoRD, Pago Xchange, SRL (nombre internacional), solicitó al tribunal un aplazamiento debido al fallecimiento de el “único dueño” de la empresa.
Asimismo, la empresa Inprosol alegó que no tenía defensa.
El tribunal, integrado por las juezas Arlin Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, fijó la próxima audiencia para el 1 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Las juezas adoptaron la decisión a los fines de darle una única oportunidad a la empresa imputada PagoRD.
Ordenó la separación del juicio de la parte imputada, la cual pide un defensor público a la Defensoría Pública, entidad que argumenta que solo está para defender a personas físicas y que está a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional al respecto.
El proceso judicial
Los procesados por corrupción administrativa a partir de la puesta en marcha de la Operación Camaleón, en el año 2024, fueron enviados a juicio el pasado mes de junio.
El auto de apertura a juicio fue dictado contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el empresario Jochi Gómez, propietario de Aurix S.A.S.
Además, por el caso fueron enviados a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, fueron enviados a juicio Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
También, las personas jurídicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Esta organización criminal estaba conformada por funcionarios públicos, ex servidores estatales y particulares con antecedentes de haber participado en maniobras fraudulentas, quienes, aprovechando su posición o sus conexiones políticas y empresariales, vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad que rigen la contratación pública.
La acusación del Ministerio Público plantea que la actuación de los procesados se caracterizó por una planificación meticulosa, el uso de sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos, con el fin de garantizar el control total del proceso licitatorio y asegurar la adjudicación irregular del contrato por un monto de RD$1,317,350,997.00, en favor de empresas vinculadas al imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).
Prisión preventiva para hombre imputado por matar a su expareja en San Juan
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Juan impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado por causar la muerte de su expareja a causa de heridas de arma de fuego, durante un hecho ocurrido en un residencial de esa provincia, el pasado 7 de noviembre.
El imputado Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años de edad, es procesado por matar de varios disparos a su expareja Jocelyn Ceballos Matrille, de 36 años.
Las investigaciones estuvieron encabezadas por el procurador fiscal titular de San Juan, Adolfo Féliz Pérez, junto a la fiscal Danelis Medina, encargada de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de esa provincia. El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:20 de la madrugada, en un apartamento del residencial Caonabo Tower.
La instancia con la solicitud de medida de coerción indica que el imputado cometió los hechos luego de sostener una confrontación con la víctima. Según establece el expediente, tras cometer el crimen, el imputado huyó, siendo posteriormente localizado y arrestado por miembros de la Policía Nacional.
El informe del médico legista Hamlet Contreras establece que Ceballos Matrille falleció a consecuencia de un shock hemorrágico, provocado por heridas de proyectil de arma de fuego. Durante el procesamiento de la escena, miembros de la Policía Científica recolectaron diversas evidencias, entre ellas, una pistola calibre 22, cápsulas, casquillos y otros elementos vinculados con el hecho investigado.
El Ministerio Público sostiene que los hechos se produjeron en un contexto de violencia de género e intrafamiliar, por lo que continúa profundizando las investigaciones para reunir los elementos probatorios que permitan sustentar la acusación correspondiente.
El órgano persecutor otorgó provisionalmente a los hechos la calificación jurídica de homicidio doloso agravado, conforme a los artículos 91 y 92, numeral 11, de la Ley 74-25 que crea el nuevo Código Penal dominicano.
El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal litigante Diana Ramírez durante la audiencia donde la jueza Rocío Espejo Hidalgo ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.
Auto de apertura a juicio contra dos procesados por traficar 75 paquetes de cocaína
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó este martes auto de apertura a juicio en contra de dos hombres acusados por traficar 75 paquetes de cocaína que fueron ocupados durante un allanamiento ejecutado con orden judicial en el sector Renacimiento del Distrito Nacional.
El ciudadano pakistaní Rochy Amzai Ali (el Árabe y/o Bin Laden y/o Jacke) y el dominicano Guilliani Ernesto Friedrich Santos (Glen) fueron enviados a juicio al considerar el tribunal suficientes los elementos de prueba aportados por el órgano acusador durante la audiencia preliminar.
El equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia estuvo integrado por la procuradora adjunta Sourelly Jáquez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, y la fiscal Gabriela Gómez.
El juez Deiby Timoteo Peguero dictó el auto de apertura a juicio tras admitir todos los elementos de prueba presentados por el órgano acusador.
A partir de labores de inteligencia, miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocuparon la droga el pasado mes de febrero en un vehículo, tipo minibús, durante un allanamiento en una torre de apartamentos ubicada en la avenida Enriquillo, del sector Renacimiento, del Distrito Nacional.
Durante el operativo, también fueron incautadas dos armas de fuego calibre 9mm, con sus cargadores y cápsulas para las mismas, así como tres vehículos y varios teléfonos celulares, así como cuatro dispositivos GPS, diferentes documentos, y dinero en pesos dominicanos y dólares.
Prisión preventiva para hombre imputado por abuso y violación sexual de cuatro menores de edad
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tal como solicitó el Ministerio Público, un tribunal de Santiago impuso un año de prisión preventiva a un hombre imputado por violar sexualmente al menos a cuatro menores de edad.
La Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago inició una investigación partiendo de la denuncia que interpusiera la madre de algunas de las víctimas, en las que se establecen detalles de los abusos y agresiones sexuales que el imputado Luis Manuel Ortiz Fermín (Víctor), cometía en perjuicio de menores de edad.
Ortiz Fermín, de 37 años de edad, enfrenta cargos provisionales por violación a los artículos 134, 135, 137 (numeral 2), 142, párrafo II; 143, 144 (numerales 1 y 3) y 145 del Código Penal Dominicano, que tipifican la agresión sexual agravada, violación sexual agravada, exhibicionismo sexual, acoso agravado y acoso sexual, en perjuicio de las víctimas menores de 7, 12, 13 y 15 años de edad.
También, se le imputa provisionalmente, la violación al artículo 396 (literales A, B y C) de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que tipifica el abuso físico, psicológico y sexual en perjuicio de menores de edad.
En la audiencia, la fiscal Yarily Toribio argumentó que, por el número de víctimas, la minoría de edad de las mismas y de la gravedad de los delitos al imputado se le impusiera la prisión preventiva, solicitud acogida por la jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
El testimonio de las víctimas dio paso a una rigurosa investigación que permitió identificar al hombre, quien, además de cometer las agresiones y violaciones sexuales, amenazaba, acosaba, intimidaba y sobornaba a las víctimas menores de edad.
La Fiscalía de Santiago amplía su investigación para determinar si existen evidencias de que el imputado cometiera otros crímenes conexos a las imputaciones iniciales, en tanto que les exigía a las víctimas compartir fotografías íntimas, a cambio de lo cual les ofrecía dinero en efectivo.
El imputado abordaba a las víctimas, primero, ofreciéndoles dinero en efectivo, para ganarse su confianza. Luego, establecen en los testimonios, los conducía hasta su apartamento en un barrio del norte de Santiago, donde cometía los abusos, encontrándose con dos y hasta tres de las víctimas al mismo tiempo.
Ministerio Público solicita prisión contra dos investigados por delitos de trata de menores de edad con fines de explotación sexual
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un hombre y una mujer que conformaban una red criminal que reclutó a menores de edad para explotarlos sexualmente.
La investigación que lleva a cabo el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago identificó e individualizó a los imputados Andrés Acosta Vargas, un abogado de oficio residente en Santiago, y Franyely Franchesca Peralta Guzmán, oriunda del municipio Esperanza, en la provincia Valverde.
La investigación, a cargo del fiscal Juan Osvaldo García, estableció que los imputados fungían como reclutadores de la red criminal y ubicaban, especialmente a menores de edad, personas vulnerables a quienes ofrecían diversas sumas de dinero a cambio de que accedieran a sostener relaciones sexuales con otras víctimas también menores de edad.
Los sospechosos hacían contacto con adolescentes de entre 13 y 17 años de edad a quienes ofrecían dinero en efectivo y otros regalos, a cambio de que sostuvieran relaciones sexuales entre sí, mientras el hombre grababa estos actos sexuales.
A una de las víctimas menores de edad, contactado vía una aplicación de citas, Acosta Vargas le ofrecía dinero para que sostuvieran relaciones sexuales, pero, ante su negativa, le ofreció presentarle a una de las víctimas adolescentes.
Una de las adolescentes abusadas fue trasladada por los investigados mediante engaño, desde la provincia Valverde hasta Santiago.
La Fiscalía de Santiago ha podido identificar a por lo menos tres víctimas de esta estructura criminal, incluyendo a una adolescente de 17 años de edad en estado de gestación.
La fiscalía pidió al tribunal que autorice el anticipo de pruebas a las víctimas menores de edad y a otro menor, en calidad de testigo, en el interés de conservar sus testimonios, evitando su revictimización, y su exposición recurrente ante un tribunal.
La Fiscalía sostiene también en la petición al tribunal, que se autorice el levantamiento de evidencia forense, con la extracción de información de los aparatos celulares presentados como una evidencia probatoria de alto interés en la investigación.
En la oferta probatoria presentada al tribunal, el órgano investigador depositó certificaciones de los elementos de prueba encontrados durante el allanamiento a la residencia del imputado Acosta Vargas, entre las que se encuentran una gran cantidad de preservativos, tanto nuevos como usados, somníferos y otros medicamentos, varias cámaras de videograbación, cables transmisores USB, dinero en efectivo, estimulantes sexuales, entre otros elementos recolectados en la requisa por la procuradora fiscal Cristina Ramírez.
De manera provisional, el Ministerio Público le atribuye a los imputados la violación a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; el artículo 396 (letras B y C) de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes y transgresión a la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, abuso psicológico y sexual en perjuicio de menores de edad, y crímenes y delitos de alta tecnología.
