Ministerio Público logra ratificación de pena de 30 años de prisión a condenado por asesinato
ESPAILLAT (República Dominicana).- La Fiscalía de esta jurisdicción obtuvo la ratificación de una condena de 30 años de prisión contra un hombre que en 2011 mató a otro de un disparo en una comunidad de Moca, tras haberle realizado amenazas.
Las juezas Lucrecia Rodríguez, presidenta, Juana Patricia Silverio y Carmen Miladis Sánchez, del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, condenaron a Jesús Ramos Reyes por el asesinato de Wilmi de Jesús Rojas, ocurrido en Hinca, de Moca, provincia Espaillat.
Ramos Reyes deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, y pagar una indemnización de cinco millones de pesos a los familiares de la víctima.
El expediente indica que el 26 de agosto de 2011, el hoy condenado persiguió a De Jesús Rojas cuando este se desplazaba en una motocicleta junto a su novia por la comunidad de Hincha. Al darle alcance, le propinó un disparo que le provocó la muerte.
El Ministerio Público estuvo representado en la fiscal de Espaillat, Angélica Castillo, quien en 2015 logró una condena de 30 años de reclusión para el procesado, en el juicio celebrado en el Tribunal Colegiado de la provincia, cuya sentencia fue apelada por la defensa. Ante el recurso presentado, la Corte de Apelación ordenó la celebración de un nuevo proceso, el cual culminó con igual sentencia, debido a la solidez de las evidencias presentadas por el órgano de la acusación.
Para este segundo juicio, fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de La Vega, que celebró las audiencias correspondientes en la ciudad de Moca.
Procuraduría de Medio Ambiente obtiene medida de coerción contra empresario por daños forestales en Loma Redonda, San José de Ocoa
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) obtuvo medida de coerción consistente en una garantía económica de dos millones de pesos contra una empresa dedicada a la producción de aguacate que removió material de la corteza terrestre y causó daños forestales en Loma Redonda, de San José de Ocoa.
La Proedemaren sometió a la Justicia a la empresa Agroforestal Macapi, S.A. y al empresario Manuel Castillo Pimentel, propietario de esa finca, imputados de violar, entre otras normas, varios artículos de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00). El Juzgado de Instrucción de San José de Ocoa le impuso la medida coerción con base en las evidencias aportadas por el Ministerio Público.
El órgano de la persecución penal responsabiliza a Castillo Pimentel y a su empresa de cometer delitos ambientales consistentes en remover material de la corteza terrestre, sin contar con un plan de remediación. Especificó que el caso aún se encuentra en proceso de investigación, bajo la coordinación del procurador de corte Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, y la participación de Rudy Pérez Medrano, José Espinal Beato, Ramón Emilio Calderón y Héctor Santiago Peralta de Jesús.
Como parte de las investigaciones, y en respuesta a la solicitud de esa procuraduría especializada, la Academia de Ciencias de la República Dominicana rindió un informe sobre el impacto de las actividades ilegales de la empresa y concluyó que la finca Macapi incurrió en remover la superficie del suelo de la ladera, sin un plan aprobado en los términos del artículo 62 de la Ley 64-00. “Las labores observadas en la ladera intervenida tendrán un efecto erosivo tan pronunciado que producirán un proceso de aridización del área a mediano plazo”, detalla la entidad.
De acuerdo con el informe, el daño ambiental provocado “permite predecir, con toda certeza, que el torrente provocará cárcavas que arrojarán rocas de todos los tamaños aguas abajo, amenazando la estabilidad de la infraestructura de la finca, y hasta las vías de acceso propias de la comunidad (…) un proceso que compromete, además, la fertilidad natural de los suelos superficiales claramente observables”.
Procuraduría General quema otros 1,220 kilogramos de drogas
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría General de la República realizó este jueves, a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la incineración de más de 1,220 kilogramos de distintas sustancias narcóticas, incluyendo más de mil kilogramos de cocaína. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público ocuparon los narcóticos que formaban parte de 821 casos y tenían un peso total de 1,220.02 kilogramos.
El Inacif certificó que un total de 1,144.83 correspondían a casos de cocaína, para un 93.84%; a marihuana, 74.58 kilos, con 6.11%, mientras que a crack, 532 gramos, que equivalen a 0.04%. También 53 gramos de hachís, con 0.0044%; 18 gramos de éxtasis, para un 0.0015%, así como cinco gramos de heroína, con un 0.0004%.
En adición, las autoridades quemaron 45.78 kilogramos de sustancias no controladas, que, al ser analizadas, dieron negativo a drogas. El peso global de las drogas y de las sustancias no controladas ascendió a 1,265 kilogramos, 812 gramos y 143 miligramos, destaca el informe del Inacif.
El acto de incineración se efectuó como cada jueves en el campamento del Ejército de República Dominicana del Kilómetro 25 de la Autopista Duarte, municipio Pedro Brand, con la participación de representantes de la Procuraduría General de la República, la DNCD, el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de Drogas (CND).
Fiscalía de Puerto Plata solicitará medidas de coerción contra motorista que agredió a otro hombre por un roce vehicular
PUERTO PLATA (República Dominicana).- La Fiscalía de Puerto Plata solicitará medidas de coerción en contra de un hombre que fue arrestado tras haber agredido física y verbalmente a otro, de origen extranjero, en disputa por un leve accidente de tránsito, incidente que fue captado y difundido en vídeo.
El Ministerio Público informó la detención del motorista Norberto Tejeda, o Adalberto, e indicó que solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata que le imponga una garantía económica y presentación periódica, a fin de que no pueda sustraerse del proceso judicial.
Ante la denuncia formal formulada por Valerii Davietshin, de nacionalidad rusa, el órgano de la acusación obtuvo autorización judicial para una orden de arresto en contra del imputado. La solicitud de medida de coerción detalla que la víctima presenta una contusión en su rostro, certificada por médico legista.
Sobre la agresión, captada en cámara y difundida por redes sociales, detalla que el pasado 26 de enero, Davietshin transitaba por la calle principal de Cabarete, municipio Sosúa, en esta provincia, y no se percató de que su yip había tenido un roce con la motocicleta de Tejada.
Agrega que el imputado lo agarró de la camisa por el pecho y comenzó a vociferarle palabras obscenas y, mientras le reclamaba que le pagara los daños del motor, lo agredió físicamente con una bofetada. El Ministerio Público ha dado a los hechos de manera provisional la calificación jurídica de violación al artículo 311 de la Ley 36-00, que modifica el artículo 309, sobre golpes y heridas con diagnósticos médicos de recuperación inferior a 21 días.
