Fiscalía de La Vega obtiene condena de 30 años de prisión contra feminicida
LA VEGA (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta demarcación logró que un tribunal sentenciara a 30 años de prisión a un hombre acusado de quitarle la vida a su expareja y herir a una niña al dispararle con un arma de fuego en 2019.
José Esteban Mármol, conocido también como José el Músico, fue condenado en una decisión del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, que lo declaró culpable de provocarle la muerte a Juana Peña Cruz. Cumplirá prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, de esta ciudad.
Durante el juicio, La fiscal Yamilka de la Cruz aportó suficientes evidencias que fueron declaradas buenas y válidas por las juezas Julissa Candelario, Ilonka Esperanza Brito y Lucrecia Rodríguez.
El victimario le provocó heridas a la mujer en diferentes partes del cuerpo con una escopeta de fabricación casera, lo que le provocó un shock hipovolémico y, en consecuencia, la muerte, según consta en el acta de levantamiento de cadáver.
En medio de la situación generada por Mármol, también resultó herida en la mano izquierda una niña de 11 años de edad, cuyo nombre se omite por razones legales, quien recibió disparos de perdigones de la misma arma de fuego.
El expediente establece que el hecho ocurrió el 28 de diciembre de 2019, alrededor de las 11:56 de la noche, en el sector El Limonal, del municipio Jarabacoa, luego de que el hoy condenado se presentara en estado de embriaguez a la casa donde residía su expareja con varios hijos.
Indica que luego de presentarse a la vivienda, Mármol lanzó disparos que alcanzaron a la niña, quien posteriormente recibió asistencia en un hospital de la zona.
Luego de cometer el hecho el hombre huyó del lugar y después intentó suicidarse con la misma arma, por lo que fue trasladado al hospital de Jarabacoa, donde fue intervenido quirúrgicamente.
Posteriormente, quedó bajo arresto, con base en una orden judicial ejecutada el 31 de diciembre de 2019.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, resaltó la decisión del tribunal al acoger la petición de imponer la pena máxima, como solicitó el Ministerio Público.
Ministerio Público SDE obtiene 20 años de prisión contra cabo de la Policía que mató a la arquitecta Leslie Massiel Rosado Marte
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra del cabo de la Policía Janli Disla Batista, acusado de provocarle la muerte de un disparo en la cabeza a la arquitecta Leslie Massiel Rosado Marte, durante un hecho ocurrido en octubre del pasado año en Boca Chica.
Por el caso también fue enjuiciado y condenado a 10 años de prisión Rafael Castillo Novas (Argenis), quien conducía la motocicleta en la que el agente policial persiguió a la víctima, luego de un accidente de tránsito.
Disla Batista y Castillo Novas, quienes fueron hallados culpables de homicidio voluntario y complicidad en la muerte de la arquitecta Rosado Marte, de 35 años de edad, cumplirán la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.
El Ministerio Público de esta jurisdicción obtuvo diferentes pruebas con las que demostró al tribunal la responsabilidad penal de los procesados.
Los fiscales litigantes Juan Miguel Vásquez Minaya y Eduardo Velásquez aportaron los elementos de prueba que fueron acogidos por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal (presidenta), Julio Aybar Ortiz y Flor Elizabeth Batista Polo (miembros), del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, para emitir la sentencia condenatoria.
La condena fue impuesta al establecer el tribunal que los procesados violaron los artículos 59, 60, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
Sobre el caso, el Ministerio Público recordó que ocurrió luego de un accidente de tránsito registrado en horas de la noche del 2 de octubre de 2021, en Andrés Boca Chica.
Según se estableció en el proceso, el vehículo de la mujer rozó levemente la motocicleta conducida por Disla Batista, luego de lo cual éste la persiguió y le lanzó varios disparos, uno de los cuales le impactó en la cabeza y le provocó la muerte.
Ministerio Público presenta los hechos contra acusados del Caso Antipulpo
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Los fiscales que representan al Ministerio Público en el proceso penal derivado de la Operación Antipulpo terminaron este lunes de presentar los hechos, cerrando con el tema del financiamiento ilícito de campañas políticas con fondos de los contribuyentes extraídos al Estado a través de la red de corrupción administrativa.
La exposición de los fiscales abordó la dinámica de triangulación establecida por el entramado de corrupción, el Estado y los políticos que procuraban mantener el control del tren gubernamental para seguir con un círculo vicioso que depredaba fondos públicos.
En la continuación de la audiencia preliminar el Ministerio Público expuso la calificación jurídica otorgada a los hechos, para pasar a presentar los 168 testigos que aporta al proceso.
De inmediato, los fiscales dieron inicio a la presentación de más de 2,000 evidencias documentales con que cuenta el órgano acusador.
La presentación de la acusación cerró este lunes en la página 1,362 y continuará el próximo viernes 4 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó la fase en que se encuentra el proceso. “Vamos por la presentación de la prueba número 200 de las documentales”, dijo Ortiz, al ofrecer los detalles de los más de 2 mil elementos de prueba que acompañan el expediente.
Wilson Camacho, titular de la Pepca, encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia, junto a la procuradora de corte Ortiz y a los fiscales Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos, Héctor García y Yoneivy González.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce el expediente instrumentado por el Ministerio Público en contra de los acusados.
El Ministerio Público acusa por el caso de corrupción administrativa a Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como de Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Por igual, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
En el transcurso de la audiencia el Ministerio Público leyó la calificación jurídica de las personas físicas acusadas.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario, y utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2014, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Refiere que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada, conjuntamente con sus prestanombres y testaferro, sobornando, falseando datos, haciendo uso de documentos falsos, estafando y dando apariencia de legítima a las apropiaciones monetarias frutos de los crímenes y delitos precedentes señalados, conducta propia del lavado de activos.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, prestanombres y testaferrato.
