Ministerio Público aporta pruebas contra imputados Caso Coral: Pedirán 30 años de prisión por asesinato del abogado Yuniol Ramírez

Por Diario Digital Dominicano
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SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reveló este martes que el Ministerio Público sigue sumando presupuestos probatorios al expediente del Caso Coral, los cuales agravan el cúmulo de los delitos cometidos por los imputados y fortalecen una acusación que ya era robusta.

 “Es justo señalar que, para el conocimiento de esta audiencia para el día de hoy, en la que el Ministerio Público estaba listo para conocerla de manera presencial, depositamos ante la Secretaría del tribunal nuevos presupuestos”, dijo Camacho.

 Explicó que las diligencias investigativas llevan a aportar pruebas que vuelven más compleja la situación frente al sistema de justicia de los involucrados en el expediente del Caso Coral, del que forma parte el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).

 El representante del Ministerio Público ofreció la información al responder preguntas de la prensa, a la salida de la sala del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en donde se conocería la revisión de la medida de coerción impuesta a los imputados en el referido caso de corrupción, que quedó aplazada.

 “La audiencia de hoy, de revisión obligatoria del Caso Coral, fue aplazada a solicitud de partes y esto sucede porque la modalidad en la que el tribunal estaba conociendo la audiencia era una modalidad mixta; o sea, parte presencial y parte virtual”, dijo.

 “Nosotros entendemos que este caso, con las complejidades que tiene, debe ser conocido de manera presencial, así lo solicitamos al tribunal y el tribunal así lo ha acogido y ha fijado el conocimiento de esta audiencia para el próximo 27 de agosto”, explicó el procurador adjunto sobre las razones de la suspensión.

Respecto a la imputada Rossy Guzmán, el titular de la Pepca señaló que las defensas siguen sin aportar elementos que lleven a desmeritar los presupuestos aportados por el Ministerio Público o que justifiquen variar la medida cautelar de prisión preventiva.

“Una de las cuestiones que se han presentado en el día de hoy en el tribunal es que las defensas no han presentado presupuestos y el Ministerio Público sí ha presentado presupuestos, que es lo que les estamos comentando recientemente, y esos presupuestos dicen que la situación de hoy es mucho más grave que la del conocimiento de la medida de coerción; por ende, entendemos que cada una de las medidas de coerción que han sido impuestas deberán mantenerse”, dijo.

Camacho también indicó que la investigación continúa en desarrollo y que con su avance se siguen sumando nuevos elementos, muchos de los cuales han sido entregados al tribunal.

“Esta es una investigación que sigue evolucionando y a la medida que evoluciona, hemos ido identificando otros bienes, hemos ido identificando otras líneas de investigación, y parte de esa información, no toda, la hemos compartido con el tribunal, para demostrar que se debe mantener las medidas de coerción que se han impuesto hasta ahora”.

Además de Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez, por el Caso Coral son procesados el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. El grupo cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal.

En el caso del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, cumple arresto domiciliario vigilado e impedimento de salida del país.

Este entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente con el abultamiento de la nómina. También realizaba operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.

En las investigaciones que ha desarrollado el Ministerio Público, luego de que les fuera impuesto un año y seis meses de prisión preventiva a varios de los implicados, se comprobó que los acusados habían comprado propiedades millonarias, que incluyen un yate, con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

En torno a estos hallazgos, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

Ministerio Público pedirá 30 años de prisión por asesinato del abogado Yuniol Ramírez

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El Ministerio Público pedirá al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que imponga la pena máxima de 30 años de prisión para los involucrados en el secuestro y asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez, ocurrido en 2017.

El fiscal Pedro Frías, quien forma parte del cuerpo de fiscales litigantes del caso, dijo que el Ministerio Público está preparado para presentar la acusación y las pruebas contra los implicados en el asesinato del abogado y por corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

Los jueces Claribel Nivar Arias, Clara Sobeida Castillo y Deibi Peguero aplazaron el juicio hasta el próximo 28 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, tras acoger una petición de la defensa del imputado Faustino Rosario Díaz, debido a la ausencia de uno de sus abogados.

“El Ministerio Público estaba listo para conocer el juicio; teníamos presentes más de 25 testigos que estábamos prestos para presentar la acusación”, dijo Frías.

Adelantó que el Ministerio Público pedirá las sanciones dependiendo del tipo penal, por lo que respecto al asesinato, solicitará 30 años de prisión.

En ese contexto, recordó que Argenis Contreras González figura en el expediente como el principal acusado del secuestro y asesinato del abogado y profesor universitario. El imputado cumple un año de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Contreras González también está vinculado a actos de corrupción administrativa cometidos durante las funciones que desempeñó en la Omsa durante la gestión de Rivas Medina.

El exdirector de la Omsa y el exdirector financiero Faustino Rosario Díaz fueron enviados a juicio de fondo por delitos de corrupción administrativa en esa entidad. 

En tanto que, por la muerte de Ramírez Ferreras, el tribunal dictó auto de apertura a juicio contra Víctor Elisander Ravelo Campos, José Antonio Mercado Blanco, Jorge Luis Abreu Fabián, Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.

En octubre de 2017 el abogado Yuniol Ramírez Ferreras, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (Cona), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en la provincia Santo Domingo.

Después de perpetrado el crimen, Argenis Contreras huyó del país y tres años después, tras los esfuerzos de la actual gestión de la Procuraduría General, el Ministerio Público logró que Estados Unidos lo entregara para que responda por los graves hechos que se le imputan en el país.

En el juicio el Ministerio Público también está representado por los fiscales Wagner Cubilete, Rosa Ysabel y Elvira Rodríguez.

 

 


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