Los Notarios del Distrito Nacional y la Violación de su Jurisdicción

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Diario Digital Dominicano, por el Lic. Máximo Martínez de la Cruz, 12 de junio 2020, Santo Domingo DN.-Como introducción al tema del presente título de este artículo, debo hacer la siguiente introducción citando las normas que dan origen a la sustancia del asunto que trataremos.

A partir de la promulgación de Ley 163-01, del 2 de Octubre del año 2001, se dividió el territorio del Distrito Nacional, dando paso a la creación de la Provincia Santo Domingo y los Municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Boca Chica, y Santo Domingo Oeste.

El 9 de diciembre del Año 2004, fue modificada esta Ley 163-01, mediante la Ley 106-04, elevando a municipio lo que anteriormente era distrito municipal, convirtiéndose en el Municipio de Guerra.

Posteriormente el 31 de Enero del año 2005, nueva vez sufrió otra modificación esta Ley 163-01, mediante la Ley 64-05, donde fueron elevados de Distrito Municipales a municipios Los Alcarrizos y Pedro Brand.

Como podemos observar la Provincia Santo Domingo está conformada por 7 Municipios que anteriormente todos estos territorios pertenecían al gran Distrito Nacional.

Cada municipio tiene una organización política administrativa con gobierno local dirigido por ayuntamientos propios. A nivel del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia tiene contemplado este territorio dentro de la organización judicial nacional, como Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo, que además comprende Monte Plata.

Antes de la existencias de todas estas normas citadas, solo existían los Notarios del Distrito Nacional, los Tribunales Penales, Civiles y Cortes de Apelación estaban concentrados en el antiguo Distrito Nacional, pero a partir de la Ley 163-01 y sus modificaciones como hemos visto todos estos cambio, y fueron creados nuevos ayuntamientos, tribunales civiles, penales, laborales y cortes de apelación según sea la materia jurídica.

No se habían nombrados Notarios en la Provincia Santo Domingo, hasta el año 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia, estableció el Primer Concurso de Oposición para Notarios, en el Municipio Santo Domingo Norte (Villa Mella), superando aquella prueba tres notarios, Demetrio Pérez Rafael, Leonardo Natanael Marcano De la Rosa y Ramón Antonio Vicioso Montero.

Estos fueron los primeros tres notarios nombrados en la Provincia Santo Domingo, dentro del ámbito de la jurisdicción del Municipio Santo domingo Norte.

Sucesivamente la Suprema Corte de Justicias prosiguió llenando las vacantes en todos los municipios que conforman dicha provincia, solo quedando sin nombrar notarios en el Municipio de Guerra, lo cual deberá ser llenada está vacante, pero hasta que no existan notarios nombrados allá, podrán cubrir esa jurisdicción los notarios de Santo Domingo Este o de Boca Chica.

Obviamente los tribunales del Distrito Nacional ya no tienen jurisdicción en la Provincia Santo Domingo, como tampoco tienen jurisdicción en territorio de la Provincia Santo Domingo los Notarios del Distrito Nacional.

Sin embargo, muchos notarios del Distrito Nacional, continúan ejerciendo su función notarial a lo largo y ancho de la jurisdicción de la Provincia Santo Domingo y en su propio territorio sin gestionar por ante la Suprema Cortes de Justicia el correspondiente cambio de Jurisdicción y estos es una violacion a su jurisdicción y sancionado por la ley notarial.

He escuchados algunos de ellos que alegan una especie de derechos adquiridos, bajo el supuesto de que, con la creación de la Provincia Santo Domingo le fue quitado parte de su territorio, y se hacen de vista gorda, y reniegan acatar las normas que le indican que le está prohibido ejercer su ministerio fuera de su demarcación.

Sin embargo establece el artículo 19 de la Ley 140-15, lo siguiente: Domicilio. El notario está obligado a establecer un único estudio u oficina en la demarcación geográfica para la cual fue nombrado y todos los actos que instrumente tienen que estar enmarcados y deben referirse a su ámbito de competencia territorial, incluyendo los actos que afecten los derechos inmobiliarios, los cuales deberán ser instrumentados por un notario de la jurisdicción territorial donde esté radicado el inmueble de que se trate. Párrafo.- El notario que no establezca y habilite su estudio u oficina dentro de los sesenta (60) días después de haberse juramentado por ante la Suprema Corte de Justicia se considerará renunciante, situación que será comprobada por el Colegio Dominicano de Notarios, entidad que lo comunicará a la Suprema Corte de Justicia para que ésta adopte la providencia de lugar.

Además esta ley dispone en su Artículo 28, Ordinal 1, lo siguiente: Prohibiciones. Se prohíbe al notario: Ejercer sus funciones fuera de su jurisdicción o establecer otra oficina o estudio distinto al registrado en el Colegio Dominicano de Notarios.

El Artículo 29 de esta ley establece que las violaciones a estas disposiciones legales seran sancionadas mediante juicio disciplinario que se conoceran en cámara de consejos por antes la Corte de Apelación.

Tristemente he visto a varios colegas que aún se resisten a acatar la norma y desfilan cargando a cuesta sanciones disciplinarias que afectan la moral y el buen nombre que deben tener todos aquellos depositarios de la fe pública.

Lic. Máximo Martínez de la Cruz.
Abogado Notario, Master en Derecho Civil y Procedimiento Civil.