La defensa compromisaria sobre fideicomiso debe ser a capa y espada

Por Diario Digital Dominicano

Diario Digital Dominicano, por Claudia Fernández, 7 enero 2023, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-Apoyar la nueva legislación sobre fideicomiso es de obligación y necesidad, ya que esta figura jurídica, contenida en muchas legislaciones civiles en todo el mundo, constituye, hoy por hoy, una herramienta eficaz para el despegue definitivo de nuestra nación hacia los caminos del desarrollo. Y para quien lo dude, que busque solamente la historia de Qatar, hoy uno de los países más ricos del orbe, y cómo ha trascendido su economía hasta Latinoamérica, en proyectos específicos para el desarrollo de la region.

Los argumentos que asume la oposición política nacional a la aprobación de la nueva ley sobre fideicomiso público podrían ser catalogados de enajenantes, distorsionadores de la realidad de hoy, y al mismo tiempo de hipocresía , especialmente el líder de Fuerza del Pueblo (FUPU), quien fue el que tuvo la iniciativa de crear la Ley 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en República Dominicana, promulgada el 16 de julio de 2011.

En este sentido, cabría hacer unas cuantas preguntas, tanto a Leonel Fernández, como a su hoy archirrival Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). ¿Qué se busca tras esta férrea oposición? ¿Por qué, si en su momento sí era valedera la legislación, ahora se le ponen trabas?

Lo más probable, en tiempos de precampaña, es querer echar por el suelo iniciativas que enrumban al país por caminos de desarrollo integral en todos los sentidos, ya que, si han perdido la memoria, seis proyectos de administración por fideicomiso fueron puestos en marcha, los que hoy son seriamente cuestionados por todos, incluyendo el otorgado por el entonces ministro de Obras Públicas y ex candidato a la Presidencia de la República por el PLD, Gonzalo Castillo, otorgando el derecho de peaje sombra en la autopista del Coral, por solo mencionar uno de los seis puestos en marcha por el gobierno anterior.

Pero aquí no termina el asunto, un estudio realizado en 2010, titulado “El Fideicomiso en Latinoamérica: Integración jurídico-financiera”, en el que participaron connotados intelectuales españoles y latinoamericanos, dice lo siguiente, cito textualmente en la página 17:

“El fideicomiso es un instrumento financiero ampliamente utilizado en América Latina con características propias y diferenciadas del trust angloamericano. En más de 16 países es una forma habitual de gestionar determinadas operaciones económicas. El éxito en su utilización radica, con las características propias de cada Estado, en la transparencia y seguridad de las operaciones, la flexibilidad en la estructura adecuada a cada caso particular, y la separación del patrimonio del fideicomiso de los patrimonios personales del fiduciario, de los fiduciantes y de los beneficiarios”.

Agrega el estudio, que, además, “esta figura financiera está sirviendo fundamentalmente para canalizar y controlar recursos, administrar y/o custodiar bienes y derechos, apoyar programas de desarrollo económico y/o social, y con ello contribuir a un nuevo impulso económico de los países del área latinoamericana. De todos modos, cada Estado latinoamericano tiene su propia normativa sobre el fideicomiso, y sobre la tributación del fideicomiso y las rentas derivadas de este”

Más claro de ahí, ni el agua. l que formen parte de su patrimonio o con el objetivo de gestionar, implementar o ejecutar obras o proyectos de interés colectivo.

Es así como Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, uno de los países más compromisarios con proyectos de fideicomiso en el área, Honduras, Guatemala, México, Panamá, el primer país en promulgar una ley de fideicomiso público, 1925, Perú, Uruguay y Venezuela, forman parte del conglomerado latinoamericano que cuenta con leyes específicas sobre fideicomiso público, a estas alturas del juego, ¿qué se puede pensar? ¿En un boicot para evitar el desarrollo real y efectivo del país, con miras a la obtención del poder en 2024?

Entonces, ¿por qué negar los méritos de esta nueva legislación, que solo busca un alcance de vigilancia sin precedentes? Las falsedades no cuajan en este momento histórico nacional.

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