Diario Digital Dominicano, por Marisol Laurenz, 19 de octubre 2020, Santo Domingo, República Dominicana.- La ministra de la Juventud Kimberly Taveras solicitó al presidente Luis Abinader una licencia de sus funciones, sin disfrute de sueldo, para ponerse a disposición de la justicia.
Dijo que tomó la decisión por los ataques infundidos e inmerecidos que he recibido como persona y funcionaria pública de este gobierno».
Expresó que tomará la licencia para defender su honor y trayectoria de vida pública y privada, que con «transparencia» siempre ha llevado.
«En ese sentido reitero mi decisión de ponerme a disposición a ser sometida a una investigación exhaustiva sobre mi declaración jurada de bienes o cualquier otra acusación que se ha hecho de manera pública contra mi reputación» sostuvo en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de sus abogados.
Adelantó que comparecerá ante las autoridades del Ministerio Público , a los fines de ponerse a disposición de cualquier indagación,la ministra Kimberly Taveras ha sido cuestionada por su declaración de patrimonio ante la Cámara de Cuentas.
Investigación en el PEPCA
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Pepca informó que la funcionaria sería interrogada esta semana en calidad de investigada.
Camacho informó que abrió una investigación de oficio sobre la declaración jurada de la ministra desde el mismo momento en que se produjo la denuncia ante la opinión pública que llamó la atención sobre su patrimonio.
«El Ministerio Público ha estado dando seguimiento al tema de las declaraciones juradas ya se trate de funcionarios salientes o funcionarios entrantes, y dentro de esos casos algunos que son omisos.
Hemos estado citando a algunos funcionarios para indagar sobre su patrimonio o las razones por las que no han presentado declaración jurada» dijo Camacho.
La semana pasada la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión del Registro de Proveedores del Estado de la ministra Taveras y el inicio de una investigación que determine si sus empresas se han beneficiado de contratos públicos.
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