SANTO DOMINGO.- El juez Deivy Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción de la Cámara Penal del Distrito Nacional, ordenó este jueves la continuación de la medida de coerción de prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros seis coimputados, tras conocer el proceso de revisión obligatoria de la misma.
El magistrado Peguero dispuso la próxima revisión para el 30 de julio. Este jueves tomó en cuenta lo previsto en el artículo 243 del Código Procesal Penal sobre revisión obligatoria de la prisión preventiva, luego de realizar el test de proporcionalidad que dispuso el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC722/24,.
Ordenó dicho juez la continuación de la prisión preventiva por entender que ésta sigue siendo «idónea, necesaria y proporcional» de cara a los presupuestos tomando en cuenta al momento de su imposición.
Según el artículo 238 del Código Procesal Penal, las medidas de coerción son provisionales y pueden ser revisadas en cualquier etapa del procedimiento. El juez puede variarlas o revocarlas cuando las circunstancias que las motivaron hayan cambiado.
El artículo 239 establece que el juez debe revisar la medida de coerción (especialmente la prisión preventiva) cada tres meses de manera obligatoria. Esto funciona como una garantía para evitar que las medidas privativas de libertad se extiendan de forma arbitraria o indefinida.
OTROS IMPUTADOS
Además de Hazim, la revisión de medida de coerción involucró además a los imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quienes actualmente cumplen prisión preventiva.
MINISTERIO PÚBLICO PIDIÓ FUERA MANTENIDA LA PRISIÓN
El Ministerio Público (MP) solicitó formalmente al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, que mantuviera en prisión preventiva al grupo de imputados por el desfalco de más de $15 mil millones en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La solicitud fue formalizada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el procurador adjunto Wilson Camacho y otros representantes de dicha instancia, quienes sostienen que el tribunal debe rechazar todos los pedimentos de las defensas porque no constituyen presupuestos que hagan variar las condiciones originales.
Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, señaló que las defensas de los imputados no han presentado elementos nuevos que justiquen una variación y que los existentes carecen de la «novedad y suficiencia» que exige el Código Procesal Penal.
Argumentó que hasta ahora lo que han presentado son simplemente cartas de asociaciones y otros documentos que no tienen ningún sustento jurídico ni demuestran enfermedades graves de los privados de libertad.
Reiteraron que los hechos de que están acusados son sumamente graves pues se trata de una millonaria estafa de dinero que estaba destinado a la salud de dominicanos vulnerables.
«Se han robado el dinero de la salud del pueblo. Quince millones de pesos sustraídos no son solo números; se traducen en una persona de la tercera edad o un enfermo terminal que va a un hospital y no encuentra el medicamento que necesita para vivir», acotó Macho.
EL FRAUDE
El fraude al SENASA fue un gran esquema de corrupción y desfalco de fondos públicos.. Según el Ministerio Público, no fue un hecho aislado, sino una estructura organizada dentro de la institución que operó durante años para robar dinero del sistema de salud.
Se realizaba mediante varias prácticas:
Facturación de servicios médicos falsos (se cobraban estudios, consultas o tratamientos que nunca se hicieron, cobros inflados o manipulados, servicios incompletos se reportaban como completos para cobrar más dinero, duplicación de procedimientos, a un mismo paciente se le facturaban varias veces los mismos servicios(.
Uso indebido de afiliados (Se utilizaban datos de personas aseguradas, a veces sin saberlo, para justificar cobros; diagnósticos y tratamientos falsificados o incompatibles, se inventaban o repetían diagnósticos para autorizar pagos.
Manipulación administrativa y financiera (alteración de registros, contratos irregulares y triangulación de fondos
INVOLUCRADOS
Funcionarios de SENASA, incluyendo su exdirector; empresarios y prestadores de servicios de salud, una red que incluía sobornos, lavado de activos y corrupción administrativa. Incluso hubo confesiones de implicados que admitieron pagar sobornos a funcionarios.
¿COMO SE DESCUBRIÓ?
Se detectaron irregularidades financieras y déficits inexplicables. El gobierno ordenó una auditoría y luego el caso fue llevado al Ministerio Público, que lanzó la Operación Cobra con arrestos y allanamientos.
