Santo Domingo, Rep. Dom., 24 mayo del 2021.- Santo Domingo. –La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), reitero la impertinencia y temeridad, que supone la apertura de forma presencial de la docencia, en las escuelas dominicanas; todo ello pese a la oposición, casi generalizada de sectores profesionales, que advierten de la gravedad y el aumento de la pandemia.
La entidad cívica ve como altamente preocupante, el que la Vicepresidenta de la república, señora Raquel Peña, junto a los ministros, de educación y salud pública, Roberto Furcal y Daniel Rivera, insistan de forma hasta irracional, en llevar a alumnos y profesores, a una especie de matadero y ensaño sanitario peligroso e innecesario, por faltar apenas, un mes para la conclusión del año escolar.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, instó nuevamente a las autoridades gubernamentales, a no dejarse presionar por sectores empresariales, que solo buscan consumir el presupuesto multimillonario del 4% destinado para la educación, todo ello sin considerar la secuela negativa que tendría sobre la salud del pueblo dominicano, la exposición de alumnos y maestros al coronavirus.
Potentini recordó a las autoridades gubernamentales, que el manejo imprudente y negligente de la administración pública, con acciones a todas luces temerarias, como la apertura de las escuelas en un momento crítico de la pandemia, puede comprometer su responsabilidad penal y civil.
Asimismo, Justicia y Transparencia, anunció la creación de un observatorio de prevalencia y aumento del coronavirus, con el objetivo de derivar y establecer responsabilidades de los funcionarios envueltos y responsables, de la imprudencia y negligencia de abrir las escuelas, pese a la oposición documentada de diversos sectores, entre ellos la propia fundación, en consecuencia, dejando testimonio de puesta en mora para las autoridades responsables del temerario reinicio de docencia y sus funestos resultados.
Finalmente, la FJT hizo un llamado al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para que su rol de protector de los derechos de la niñez, como organismo internacional acreditado en el país, vengan en auxilio de lo que, sin lugar a dudas, sería una grave y perturbadora exposición, de la salud pública del pueblo dominicano, frente al aumento y gravedad del covid-19.
