Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 26 de marzo 2019, Santo Domingo DN.-Tras acoger la solicitud del Ministerio Público de esta localidad, el Tribunal Colegiado condenó a la pena máxima de 30 años de prisión a un hombre acusado de ocasionarle la muerte a otro durante un atraco perpetrado en horas de la mañana del 7 de octubre de 2017, en la calle A del sector San Carlos de esta ciudad.
La sentencia fue dictada en contra de Kelvin Alexander Johnson Almonte por ocasionarle la muerte a Roberto Antonio Doroteo Ortiz, alias Robertico, luego que le propinara varios disparos de arma de fuego.
El tribunal emitió la sentencia tras valorar los argumentos de los procuradores fiscales Daniel Acevedo y Félix Rijo, quienes representaron al Ministerio Público durante el juicio, donde también se ordenó que el condenado cumpla la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama de esta provincia.
De acuerdo al expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público, la víctima se encontraba en compañía de dos amigos y el acusado se presentó armado a bordo de una motocicleta y lo despojó de sus celulares, y antes de montarse en la motocicleta, se devolvió solicitando que le entregaran el dinero y las carteras.
La acusación detalla que en ese momento la víctima entró sus manos en los bolsillos y de inmediato el acusado comenzó a disparar, propinándole varios disparos a la víctima, los cuales también impactaron a sus acompañantes.
Señala que Johnson Almonte tras cometer el crimen, al tratar de huir chocó con un camión, resultando con una herida contusa en el área occipital, fractura de tibia y peroné izquierdo, siendo detenido en ese momento por la Policía Nacional.
La procuradora fiscal de esta jurisdicción, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, calificó la sentencia de positiva en la lucha contra el crimen y dijo que el Ministerio Público actuará de forma drástica contra quienes intenten violentar la paz ciudadana.
Envían a juicio de fondo a dos excoroneles involucrados en alijo de cocaína en aeropuerto de La Romana
Tras considerar como válida la acusación del Ministerio Público, el tribunal también consideró oportuno no variar la medida de coerción de los imputados que guardan prisión en el CCR Cucama.
LA ROMANA.- Luego de ponderar la acusación del Ministerio Público de esta jurisdicción, el Juzgado de la Instrucción dictó auto de apertura a juicio de fondo en contra de dos excoroneles y un exasimilado militar, acusados de permitir que un avión de matrícula colombiana ingresara al país por el Aeropuerto Internacional de esta ciudad con 625 kilos de cocaína y aceptar sobornos por más de RD$15 millones.
Mediante una nota de prensa divulgada por el Ministerio Público, se informó que por este caso son procesados los excoroneles Domingo Cruz Figuereo Heredia y Robert Antonio Ramírez Pimentel, de la Fuerza Área y del Ejército de República Dominicana, respectivamente, así como el exasimilado militar Emmanuel Cruz Espinal, quienes cumplen prisión preventiva por su vinculación al caso.
La información destaca que el tribunal además decidió no variar la medida de coerción impuesta en virtud de que existen pluralidad de imputados y la concurrencia de varios ilícitos penales, además de calificar el caso como un acto de criminalidad organizada.
Los imputados se encuentran detenidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, en esta ciudad a la espera del conocimiento del juicio de fondo.
En la audiencia preliminar, el Ministerio Público estuvo representado por María del Carmen De León, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, y Darío Morla, de la fiscalía de La Romana, quienes lograron demostrar los méritos de la acusación para la apertura a juicio de los imputados.
Se recuerda que los excoroneles fueron cancelados de sus respectivas instituciones en diciembre de 2017 luego de ser acusados de supuestamente permitir el aterrizaje de la nave el 24 de octubre del mismo año, la cual procedía de Cartagena, Colombia.
Figuereo Heredia estaba asignado al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil, y era director de seguridad del aeropuerto de La Romana, mientras que Ramírez Pimentel se desempeñaba como encargado, en la terminal, del aérea de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
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