Por el Dr. Rommel Santos, Santo Domingo DN.-La labor de la abogacía es crucial para dotar de contenido a la responsabilidad que las empresas asumen. Crucial para interpretar el contenido de los derechos objeto de la responsabilidad social.
La abogacía es quien esta llamada en primer lugar a aplicar el marco de Naciones Unidas en la defensa de los Derechos Humanos, tanto para el desarrollo de su propio negocio, como para el desarrollo del servicio de asesoramiento legal que presta al cliente.
Los conocimientos jurídicos son la herramienta esencial, básica, para hacer respetar las obligaciones generadas por los Derechos Humanos. Por eso los abogados juegan un papel determinante.
Es evidente que la abogacía esta obligada a intervenir en la reparación de las violaciones de derechos causadas por las actividades mercantiles de sus clientes actuando ante la administración de justicia en defensa de los derechos e intereses legítimos del cliente, pero su papel es mucho más determinante en la prevención de los impactos sobre los derechos y en la evitación de los daños, actuando desde la responsabilidad ética y deontológica como conocedores de la Ley y de los valores intrínsecos del Imperio de la Ley.
El trabajo de los abogados es esencial cada vez que presta su servicio, sea cual sea el cliente del que se trate y el momento en el que se produzca el asesoramiento.
Los abogados son la pieza clave porque tal y como reconoce expresamente el principio 23 literal c de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos ¨En cualquier contexto, las empresas deben considerar el riesgo de provocar o contribuir a provocar violaciones graves de los derechos humanos como una cuestión de cumplimiento de la ley dondequiera que operen¨.
El cumplimiento por parte de las empresas de los derechos humanos y de los principios de implementación es en definitiva una cuestión jurídica, que opera de forma efectiva como tal, aun cuando la aplicación de los estándares de garantía no esté clara o esté aún en construcción.
Se trata de una cuestión que supera el asesoramiento estrictamente legal, para ampliarse al asesoramiento sobre todos los compromisos ( incluso los internos ) que la empresa adopte. En especial, aquellos que impliquen el respeto a los derechos humanos.
El camino que la profesión debe recorrer en este sentido es largo.Uno de los problemas radica en el desconocimiento de la teoría general de los Derechos Humanos por parte de los abogados mercantilistas y privatistas en general y en la profunda y tradicional separación entre los ¨abogados de derechos humanos los abogados de empresa¨
