Diputados aprueban fideicomiso y un préstamo US$100 MM

Por Diario Digital Dominicano
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Diario Digital Dominicano, por Andrés Rodríguez, 11 de enero 2023, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-Los diputados aprobaron este martes un préstamo firmado por el Poder Ejecutivo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 100 millones de dólares dirigido a mejorar las condiciones de vida de los sectores «más vulnerables» de la nación.

También aprobaron en primera lectura, con el rechazo de la oposición, el proyecto de ley de fideicomiso público que fue sancionado en el Senado por iniciativa del Poder Ejecutivo.

EL PRESTAMO

Los fondos se utilizarán para la «consolidación de un sistema de protección social inclusivo en República Dominicana», precisó la Cámara de Diputados en su cuenta de Twitter.

La iniciativa contó con el informe favorable de una comisión especial que presidió el diputado José ‘Bertico’ Santana Suriel.

El objetivo general de la financiación es mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable de todo el país, a través de dos componentes esenciales.

El primero se refiere al mejoramiento de la capacidad de la respuesta de la red de protección social y, el segundo, a la conformación y gestión de una red de cuidados de esta población vulnerable.

Su ejecución, según los términos del préstamo, «contribuir a la consolidación e innovación del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), así como fortalecer la capacidad operativa del Programa Supérate».

Además, para apoyar el fortalecimiento de los servicios y estrategias existentes bajo el programa Supérate, el Instituto de Atención Integral de la Primera Infancia (Inaipi), el Consejo Nacional de Personas Envejecientes (Conape) y el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conadis).

FIDEICOMISO PÚBLICO

Los legisladores aprobaron el proyecto con 103 votos a favor y 61 en contra. Hubo cinco abstenciones.

El informe fue acogido favorable por el pleno con modificaciones que entregó la comisión especial, presidida por Francisco Javier Paulino.

Los diputados del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprobaron el proyecto de ley, pero los opositores Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) votaron en contra, alegando que este viola la Constitución.

El bloque del PLD, que había adelantado su aprobación al proyecto, finalmente lo rechazó.

El oficialista José ‘Bertico’ Santana destacó que el proyecto de ley de Fideicomiso Público fortalecerá la inversión pública y creará un marco normativo que le permitirá al Estado tener mayor conocimiento, dominio y supervisión sobre ese acto jurídico.

Su compañero de partido, Francisco Paulino, aseguró que los fideicomisos públicos garantizan que la pertenencia de esos bienes se mantengan en los sectores públicos y, por ende, serán privatizados.

Tras su aprobación, el bloque de diputados del PLD descalificó la forma en que los legisladores del PRM sancionaron el proyecto.

En rueda de prensa, el portavoz de la bancada, Juan Julio Campos, aclaró que su partido no se opone al proyecto de fideicomiso público, sino a la forma en que se ha aprobado.

Aseguró que el proyecto aprobado en primera lectura es una Ley Orgánica y, como se describe en los artículos 128, numeral 2, literal D de la Constitución de la República y en el artículo 112, en su aprobación debe intervenir una mayoría calificada «como lo establece nuestra Constitución».

Advirtió que el PLD está consultando con sus abogados la forma en que responderá a la aprobación «inconstitucional» del proyecto.

«La Ley se aprobó en primera lectura y estamos consultando a la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD para emprender acciones que tengan que ver con la defensa de la Constitución de la República y que cumplan los procedimientos establecidos en la Cámara de Diputados», agregó.

En febrero pasado, el Poder Ejecutivo depositó ante el Senado de la República el proyecto de ley de fideicomiso público con la finalidad de establecer una normativa para su regulación, organización, estructura y funcionamiento, así como su capacidad legal para administrar recursos públicos y proveer, gestionar o ejecutar obras de infraestructura o de servicios de interés colectivo.

El Poder Ejecutivo consideró «idóneo» el proyecto para captar distintos bienes destinados al desarrollo del interés general.


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