SANTO DOMINGO.-La justicia dominicana decidió este que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set, irán a juicio por homicidio involuntario y no por homicidio voluntario, como pedían los familiares de las víctimas. La distinción parece un detalle técnico, pero define el tamaño de la pena que podrían enfrentar por la muerte de 236 personas.
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso enviar a los propietarios a juicio de fondo, pero bajo la figura que había solicitado el Ministerio Público.
HOMICIDIO VOLUNTARIO
El homicidio voluntario es matar con la voluntad de hacerlo. Está definido en el artícul 295 del Código Penal y sus penas son severas: van desde varios años de reclusión hasta 30 años de trabajos públicos en sus formas agravadas, como el asesinato, cuando hay premeditación.
HOMICIDIO INVOLUNTARIO
El homicidio involuntario ocurre cuando la muerte resulta de la torpeza, la imprudencia, la negligencia o la falta de cuidado, sin que haya intención de matar. Lo regula el artículo 319 del Código Penal, y la pena es de tres meses a dos años de prisión, más una multa.
HOMICIDIO VOLUNTARIO Y DOLO EVENTUAL
Los familiares no pedían exactamente que se probara una intención directa de matar. Lo que reclamaban es una figura intermedia llamada dolo eventual. La idea es que no hace falta querer el resultado: basta con que la persona, sabiendo que existe un riesgo grave, previsible y evitable, decida seguir adelante a pesar de la posibilidad de que ocurra la tragedia.
El juez Mejía descartó esa figura. Explicó que la conducta que se les imputa es culposa o imprudente, en derecho penal, dijo, imprudencia y culpa son lo mismo, y la ubicó en el artículo 319.
Argumentó que el derrumbe por negligencia no se puede equiparar a una conducta intencional, como cuando alguien dispara un arma aceptando el resultado. Sumó un detalle: una de las imputadas estaba dentro del local esa noche y también resultó afectada.
Y AHORA QUE
La calificación con la que llegan al juicio no es definitiva del todo: el debate sobre la intención y la responsabilidad volverá a plantearse en la etapa de fondo. Pero, por ahora, la ley con la que serán juzgados marca una distancia enorme entre lo que pide la fiscalía y lo que reclaman las familias.
