Diario Digital Dominicano, por Pedro Feliz, 16 mayo, 2018, Santo Domingo DN.-El Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva en contra de Roberto Justo Bobadilla, el exfiscal de Samaná que fue apresado ayer luego de haber permanecido cerca de seis meses prófugo tras haber sido acusado de acoso y agresión sexual a 10 mujeres, entre ellas siete empleadas de la Procuraduría General y tres usuarias.
La abogada Luz Díaz Rodríguez, quien representa a seis de las 10 mujeres que se querellaron en contra del exfiscal, manifestó que espera que el juez acoja la solicitud de la prisión preventiva en contra del exfuncionario del Ministerio Público por considerar que es “la única medida de coerción que aplica al imputado”.
La abogada justificó que el hecho de que Roberto Justo Bobadilla haya estado prófugo desde noviembre del año pasado, cuando se dictó orden de arresto en su contra, demuestra que este no ofrece ninguna garantía para descartar el peligro de fuga.
Según explicó la abogada Díaz Rodríguez, la denuncia inicial de acoso en contra de Justo Bobadilla fue puesta hace dos años (febrero 2016), tiempo después el fiscal fue destituido del cargo y al salir la orden de arresto, el extitular del Ministerio Público en Samaná se dio a la fuga.
Pedirán un año de prisión contra exfiscal de Samaná
Justo Bobadilla fue apresado ayer en la mañana mediante acciones conjuntas de la Procuraduría General y la Policía Nacional en el sector Galá del Distrito Nacional.
Mediante un comunicado de prensa el Ministerio Público indicó que el imputado fue trasladado al Departamento Judicial de Samaná, donde se espera a que le conozcan coerción.
El año pasado el Consejo Disciplinario del Ministerio Público (CDMP) destituyó del cargo a Roberto Justo Bobadilla mediante la Resolución de No. CDMP-03-2017, decisión que posteriormente fue ratificada por el Consejo Superior del Ministerio Público.
Precisó que además de la destitución, el exmiembro del Ministerio Público fue inhabilitado de por vida para prestar servicios nuevamente dentro del Ministerio Público e igualmente fue inhabilitado de manera temporal por un período de cinco años para prestar servicios en cualquier otra institución del Estado dominicano.
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