Diario Digital Dominicano, por Roberto Fernández, 10 junio, 2018, Santo Domingo DN.-El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) afirmó que la corrupción en el Estado destruye riqueza colectiva en forma acelerada y sacude los cimientos institucionales, creando un alto riesgo para el mantenimiento de la gobernabilidad.
Antonio Taveras Guzmán hizo la advertencia al cuantificar en más de RD$26,000 millones promedio anual el impacto de la corrupción administrativa en una década y media, tomando en cuenta 94 casos vinculados con inmuebles, contrataciones de servicios, gastos financieros, tranferencias, materiales, suministros y otros.
El dirigente empresarial indicó que los casos levantados en un estudio técnico, que abarca el período 1998-2014 totalizan más de RD$276,000 millones, que ajustados al tipo de cambio de 2017 supera los RD$445,000 millones.
Dijo que si a esa realidad se suma que –según Oxfam- en el país se malgastan RD$96, 305 millones por año, equivalente a 2.5% del PIB, los desmanes, indelicadezas y la prevaricación con los recursos públicos “literalmente se están comiendo a la República Dominicana.”
El presidente de la AEIH expresó que la corrupción y el despilfarro cobran niveles alarmantes e intolerables, por lo cual la sociedad no debe ceder más espacio a la pasividad ni a la indiferencia ante esos fenómenos.
“La corrupción impacta en forma determinante en la calidad de vida porque encarece los costos de transacción, elevando a su vez la inflación, desincentiva las inversiones futuras y hasta atenta contra la innovación propia de un régimen de competencia”, manifestó Taveras Guzmán.
Subrayó que otra secuela terrible de la corrupción es el incremento de la inestabilidad fiscal, haciendo crecer el déficit al desincentivar el cumplimiento formal de los contribuyentes.
De acuerdo con Taveras, el país requiere una revolución institucional – que ponga a funcionar el régimen de consecuencias, la fiscalización, las prácticas auditables en los sectores público y privado y redefina el rol del ministerio público, confiriéndole independencia y capacidad de investigación.
“Hay que tener siempre presente que en democracia el poder reside en la ciudadanía; este poder es delegado para que se gobierne conforme a los intereses de la colectividad: La ciudadanía debe asumir un papel activo en los reclamos de sus derechos fundamentales cuando la corrupción se los niega o se los disminuye,” argumentó el líder empresarial.
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