SANTO DOMINGO.– La protesta pacífica realizada este martes por el Comité Institucional Codiano (CIC) frente al Ministerio de Hacienda y Economía generó una respuesta del Gobierno, luego de que el titular de esa institución, Magín Díaz, informara sobre el inicio formal de los trabajos de la comisión ejecutora encargada de aplicar la Ley 16-26.
La manifestación, encabezada por decenas de contratistas afectados por deudas históricas del Estado, se desarrolló en un ambiente de orden, civismo y respeto al derecho a la protesta, con la presencia de medios de comunicación nacionales que dieron cobertura a la jornada.
Los voceros del CIC, los ingenieros Samuel Peña y Miguel Liberato, informaron que, pocos minutos después de iniciado el piquete, el ministro de Hacienda y Economía comunicó que la comisión ejecutora ya había celebrado su primera reunión de trabajo y aprobado el protocolo que regirá la implementación de la legislación.
De acuerdo con la información suministrada, la sesión fue encabezada por Magín Díaz y contó con la participación del contralor general de la República, Gerardo Espinosa; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot; y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Durante el encuentro fueron aprobadas las primeras medidas para poner en marcha el proceso de revisión, reconocimiento y pago de las acreencias correspondientes a los contratistas beneficiarios de la Ley 16-26.
La directiva del CIC calificó el anuncio como un avance importante y afirmó que constituye el primer resultado concreto de la lucha institucional emprendida durante los últimos meses para exigir el cumplimiento de una normativa aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo.
El arquitecto Emiliano Familia, quien leyó un comunicado de la organización, explicó que antes de convocar la protesta fueron agotadas diversas vías institucionales, incluyendo comunicaciones al Ministerio de Hacienda y Economía, una intimación por silencio administrativo, solicitudes de intervención al Defensor del Pueblo y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, además de gestiones ante el Congreso Nacional.
Sin embargo, el CIC advirtió que este anuncio representa apenas el comienzo de una nueva etapa y aseguró que mantendrá una vigilancia permanente sobre los trabajos de la comisión ejecutora hasta garantizar que los expedientes sean evaluados con transparencia y se materialicen los pagos pendientes.
La organización agradeció el respaldo recibido por contratistas, familiares, profesionales y ciudadanos, así como la cobertura de los medios de comunicación, al considerar que permitió visibilizar una demanda que afecta a numerosos actores del sector construcción.
“Este es un paso importante, pero nuestra lucha concluirá únicamente cuando cada contratista reciba el pago que ha esperado durante años. Seguiremos vigilantes y comprometidos con ese objetivo”, expresó el CIC.
