SANTO DOMINGO, RD. – El Tribunal Superior Electoral (TSE) solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) la asesoría y el acompañamiento técnico para la aplicación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), a los fines de hacer más eficiente y transparente el control interno de la institución.
En ese contexto, las altas instancias de ambas instituciones, el presidente del Tribunal, Ygnacio Pascual Camacho y el Contralor, Catalino Correa Hiciano, coordinaron una visita a las instalaciones del TSE para formalizar la colaboración señalada.
El Tribunal Superior Electoral, en su condición de órgano superior, cuenta con independencia normativa; no obstante, la intención expresa es la de fomentar y promover la transparencia, de la mano del órgano rector del control interno, lo que fue muy bien ponderado por el Contralor.
“Saludo la iniciativa del pleno y les reitero que pueden contar con el apoyo de la Contraloría General de la República, para todo lo que necesiten en pro de que los recursos del Estado que se pongan en manos de ustedes se manejen con total transparencia.” precisó Correa Hiciano.
En el encuentro también estuvieron presentes, por el Tribunal, los jueces Juan Alfredo Biaggi Lama, Rosa Pérez de García, Pedro P. Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz; y por la Contraloría, el director de Desarrollo Normativo, Harlan Vólquez; el director de Comunicaciones, Anthony Pérez y la analista Steffany Altagracia Santiago Hernández.
El Contralor instruyó a la Dirección de Desarrollo Normativo para que de inmediato inicien las actividades de inducción, capacitación y asesoría técnica, a los colaboradores del TSE para la implementación de los controles internos.
Las Normas básicas de control interno (NOBACI) constituyen el marco de referencia mínimo obligatorio en materia de control interno, para que el sector público prepare los procedimientos y reglamentos específicos del funcionamiento de sus Sistemas de Administración y Control (SAC). Igualmente, toda norma, disposición interna o procedimiento administrativo que establezca el sector público, deberá estar en concordancia con estas normas.
