Bogotá, Colombia.- Una comisión encabezada por el contralor general de la República, Catalino Correa, viajó a este país para explorar los resultados de la implementación del modelo de control preventivo y concurrente, basado en Big Data, y su repercusión positiva en la economía y el bienestar de la gente.
Al Contralor dominicano le acompañó el director de Planificación y Desarrollo, Rayner Castillo; la directora de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Carmen Mejía; el encargado del Departamento de Ingeniería, Andy Abreu y la especialista de la Unidad Antifraude, Mirtha Gutiérrez.
La delegación fue recibida por el contralor general de Colombia, Felipe Córdoba Larrarte y la auditora general de su país, Alma Carmenza Erazo, quienes expusieron sobre el novedoso modelo y los esfuerzos que han realizado para establecer un control macro fiscal de las políticas públicas.
“Tanto nuestra visita a Colombia como la posibilidad de futuros acuerdos de colaboración se enmarcan dentro de los lineamientos del Gobierno de continuar fortaleciendo las competencias de los colaboradores y la eficiente implementación del control interno a gran escala”, sostuvo el contralor Correa.
El novedoso modelo le ha permitido a Colombia crear un sistema de georreferencia o control simultáneo de todas las obras, a través de satélites y drones, con los que pueden verificar en tiempo real la ejecución de los presupuestos, antes de que el Estado desembolse los pagos a los contratistas.
“Se trata de traducir la inversión pública en un valor público del gasto, y en función tal análisis, el Congreso Nacional pueda identificar razonablemente la asignación presupuestaria a cada órgano y ente del Estado”, sostuvo Rayner Castillo, director de Planificación y Desarrollo de la Contraloría.
Resaltó que Colombia también posee una red familiar de todos los posibles contratados del Estado, que le permite crear vínculos capaces de generar alertas para investigar a proveedores y controlar, al mismo tiempo, la adecuada ejecución del presupuesto y la política pública que debe implementar el organismo correspondiente.
