SANTO DOMINGO.- Las confederaciones Nacional de Trabajadores Dominicanos, Nacional de Unidad Sindical y Autónoma Sindical Clasista indicaron que requiere «una reforma profunda» el sistema de seguridad social vigente en la República Dominicana para impedir quye siga “dominado por intereses de las AFP y ARS”.
En un documento conjunto leído en un acto con motivo del Día del Trabajador, dijeron que el mismo debe garantizar pensiones dignas, salud de calidad, atención a personas discapacitadas y envejecientes, y funcionamiento efectivo de centros de atención primaria.
En cambnio, exigieron una seguridad social solidaria, universal y centrada en los trabajadores, no en el lucro.
Advirtieron que no permitirán retrocesos en las conquistas laborales y que atentaría contra la paz laboral construida durante décadas cualquier intento del Congreso Nacional de modificar el Código de Trabajo en lo que respecta al auxilio de cesantía
Las centrales reconocieron que ha habido avances impulsados por el presidente Luis Abinader en lo referente al salario mínimo, el cual ha sido aumentado, incluyendo el trabajo doméstico.
Sin embargo, denunciaron que las mejoras siguen siendo insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica, debido a la resistencia del sector empresarial.
Asimismo, valoraron el esfuerzo del Ministerio de Trabajo en resolver conflictos laborales y el «papel transformador» del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), con su oferta educativa, especialmente en áreas como los cuidados, emprendimiento, formación dual y las tecnologías . A su juicio, esto ha fortalecido la empleabilidad de jóvenes y mujeres, y favorecido la transición a la formalidad.
Señalaron que construir una democracia plena exige que todos los actores (gobierno, trabajadores y empleadores) asuman su responsabilidad con voluntad de soluciones.
Denunciaron un rezago en la libertad sindical y la negociación colectiva, el estancamiento del salario vital, como política pública y la precariedad que afecta a jóvenes, mujeres y trabajadores públicos, quienes siguen sin aumentos salariales reales desde hace 10 años.
