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Acusan diputado PRM de encabezar mafia que realiza deslindes fraudulentos

Diario Digital Dominicano, por Geisha Terrero, 21 de mayo 2021, Santiago.-La disputa por 2,800 tareas ubicadas en la parcela 10-D en Punta Rucia y La Ensenada del distrito municipal Estero Hondo, del municipio Villa Isabela, en la provincia Puerto Plata, enfrenta a parceleros con empresarios y un diputado de la provincia Santiago.

Representates de organizaciones campesinas acusaron al diputado Fausto Gregorio Domínguez, del Partido Revolucionario Moderno, de encabezar una mafia que se dedica a realizar deslindes fraudulentos en dicha demarcación.

Nelly Pichardo, vocera de los manifestantes, acusó al legislador por la provincia de Santiago de pretender sacar a los parceleros de terrenos del Estado en la cual llevan 40 años. “Por medios fraudulentos, ellos se han adjudicado con títulos falsos. Han vendido tierra y están engañando a los turistas. El señor Domínguez agarró dos turistas y la emprendió a golpes, le puso pistolas en la cabeza y los secuestró por dos horas”, dijo Pichardo quie es representada por el abogado Amadeo Peralta.

Diputado se defiende

El diputado Dominguez asegura que los terrenos en disputa son de su propiedad y que tiene sus títulos, por lo que rechaza sea un invasor. Dijo que lleva 11 años en el lugar, ligado al desarrollo turístico de la zona.

En tanto que representantes de empresarios hoteleros, inversionistas nacionales y extranjeros residentes y propietarios de terrenos, acusaron a los parceleros y a un abogado de pretender apropiarse de la parcela 10-D.

José Hidalgo y Bichara Dabas, durante la lectura de un documento, dicen que los parceleros al no obtener ganancia de causa, se han dado a la tarea de estar vendiendo falsas esperanzas de conseguirle terrenos a la mala a determinadas personas, con la intención de propiciar invasiones masivas. También cuestionan las amenazas de protestas.

Piden a autoridades que intervengan en conflicto

Tanto los parceleros como los empresarios hacen un llamado al presidente Luis Abinader, a la procuradora Miriam Germán y al director de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez, para que intervengan en la situación. Los empresarios dicen que no están dispuestos a ver tirar por la borda las inversiones y el esfuerzo de su trabajo.

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