Tres años de prisión a mensajero que sustrajo más de medio millón de pesos a vecinos de un residencial
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía del Distrito Nacional logró una condena de tres años de prisión contra el empleado de una torre del sector Naco, acusado de sustraer la suma de RD$533,400 a los vecinos del residencial que lo enviaron a depositar en un banco del Distrito Nacional.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside la jueza Arlín Ventura, impuso la condena a William Ford Pérez, luego de valorar las pruebas documentales y testimoniales aportadas por la representante del Ministerio Público, la fiscal Yuderky Utate, quien demostró que, con su acción, el empleado violó el artículo 408 del Código Penal Dominicano que tipifica y castiga el delito de “abuso de confianza”.
El abuso de confianza ocurrió el 19 de mayo del 2021 a las 9:45 de la mañana, cuando la directora administrativa del condominio Torre Solazar Bussinnes Center, ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricart, ensanche Naco, le entregó al mensajero Ford Pérez la referida suma de dinero para que lo depositara en un banco que opera en el sector, diligencia que incumplió, quedándose con el efectivo.
El caso se descubrió tres horas después, a las 12:45 del mediodía, cuando el supervisor mantenimiento del condominio le comunicó, por vía telefónica, a la directora administrativa del residencial que había visto a Ford Pérez en la plaza Galería de Naco y que el empleado le pidió que se llevara el motor, porque alegadamente se sentía muy mal de salud y sería conducido en una ambulancia al hospital Salvador B. Guatier, en el ensanche La Fe.
Destaca el expediente que cuando la directora administrativa del condominio contacto al empleado por teléfono para saber que le había pasado y le cuestionó por el destino de los RD$533 mil 400 pesos que le había ordenado depositar en el banco, este le manifestó que no tenía el dinero y que no recordaba lo que había pasado, por lo que el gerente del residencial notificó de inmediato a las autoridades.
Una vez iniciadas las investigaciones, el hoy procesado confesó que entregó el dinero a su pareja sentimental, Franchesca Jeudy, de nacionalidad haitiana, y a un primo suyo que solo identificó como Daniel, personas que, al ser contactadas por las autoridades del Ministerio Público, devolvieron voluntariamente la suma de RD$337 mil pesos.
Ford Pérez cumplirá la pena en el centro de privación de libertad La Victoria.
Tribunal dicta un año de prisión preventiva a confeso asesino de oficial retirado de la Policía
Santo Domingo Este (República Dominicana).- El Tribunal de Atención Permanente de este Distrito Judicial acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó un año de prisión preventiva para un hombre que confesó su participación en el asesinato de un primer teniente pensionado de la Policía Nacional, durante un atraco ocurrido en el municipio Santo Domingo Este.
La medida de coerción fue dictada por el juez Bernardo Coplin a Starlit Familia (El Gordo), señalado, junto al prófugo Kenedys Nova Familia (Calvita), como autor del asesinato, a disparos, del oficial pensionado Cirilo Portorreal Hernández (Otto).
El Ministerio Público, representado por el fiscal Wilson Díaz, le ha asignado a los hechos confesados por el imputado la calificación jurídica contenida en los artículos 265, 266, 295, 379, 382, 383 y 386 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Según la acusación, el suceso se materializó alrededor de las 12:30 de la tarde del lunes 7 de noviembre, en momentos en los que el hoy occiso abría el portón de la marquesina de su casa, en la calle 14, esquina Central, del sector Los Mameyes, del municipio de Santo Domingo Este.
Familia, quien se entregó a las autoridades por vía de un representante de los Derechos Humanos, detalló cómo le dieron seguimiento a Portorreal Hernández desde una banca de apuestas, en la que la víctima había contado una cantidad de dinero, hasta la casa del oficial retirado, en donde cometieron el hecho de sangre.
Los dos atacantes se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando mataron a tiros al exoficial, despojándolo de un arma, marca Taurus, Cal. 9mm, no. TGT2304. Una cámara de seguridad captó el momento del asesinato.
Condenan a 20 años de prisión a hombres que asaltaron y golpearon a señora de 75 años de edad
SANTO DOMINGO (República Dominicana). -El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a Juan Francisco Valera y Eduardo Solís, acusados de asaltar y golpear a una señora de 75 años en un incidente ocurrido en su residencia del sector Los Guandules, en el Distrito Nacional.
El tribunal que preside la magistrada Claribel Nivar Arias, adoptó la decisión al acoger en su totalidad las evidencias presentadas por el Ministerio Público, representado por los fiscales Leydi Nayra García y Ernis Mella, quienes demostraron la culpabilidad de los hoy condenados más allá de toda duda razonable.
Los fiscales mostraron como Valera y Solís, incurrieron en la violación del tipo penal de tentativa de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal dominicano en perjuicio de la señora de 75 años de edad.
El tribunal dispuso que los procesados cumplan la condena en la Penitenciaría Nacional de la Victoria.
Diez años de prisión para hombre que agredió y amenazó de muerte a expareja
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público logró una condena de 10 años de prisión contra un hombre que ejerció violencia intrafamiliar agravada y amenaza de muerte en perjuicio de una expareja, en un hecho ocurrido en marzo de este año, en el sector Los Peralejos, Distrito Nacional.
Yeudy Louis (Jefry) recibió la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside la jueza Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, quien acogió los argumentos y pruebas del Ministerio Público representado por la fiscal Mariela Ramos.
El expediente señala que el 28 de marzo de este 2022, alrededor de las 3:00 de la madrugada, Louis penetró en la vivienda donde residía la víctima, ubicada en la calle Víctor Cuevas, de Los Peralejos y le colocó un cuchillo en la garganta, amenazándola con matarla en presencia una niña de dos años, porque esta se negaba a una reconciliación.
El agresor propinó una estocada en el seno izquierdo a la víctima y luego se marchó del lugar vociferando que la había matado.
Un vecino de la víctima la socorrió y la condujo al hospital Jacinto Ignacio Mañón, en cuyo trayecto el agresor intentó de nuevo agredir a la mujer y, al no lograr su objetivo, le lanzó piedras al vehículo, ocasionándole la rotura de varios cristales.
El conductor logró llegar a un destacamento policial y una patrulla de agentes se presentó al lugar de los hechos y arrestó al agresor.
La Fiscalía estableció que la conducta de Louis, constituye el tipo penal de violencia intrafamiliar agravada, previsto y sancionado por los artículos 309-2 y 309-3, del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, que regula el uso de armas blancas y de fuego en la República Dominicana.
Mirna Ortiz: “pruebas y hechos presentados por el Ministerio Público, no podrán ser variados por ningún tipo de alegato de la defensa”
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-Los imputados por corrupción administrativa del expediente Antipulpo serán enviados a juicio de fondo, aseguró este viernes la procuradora de corte Mirna Ortiz luego de que el Ministerio Público presentara sus conclusiones sobre el caso ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“El Ministerio Público ha presentado sus conclusiones formales en este proceso, solicitando la apertura juicio y la admisión total de las pruebas, así como del escrito de acusación, esto va a generar inequívocamente que el juez de envío a juicio”, afirmó la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz destacó la solidez de la acusación presentada por el órgano de justicia, al señalar que “la cantidad de pruebas y hechos presentados por el Ministerio Público, no podrán ser variados por ningún tipo de alegato ni prueba que pretenda presentar la defensa”.
La litigante, quien fue abordada por la prensa a su salida de la audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, también detalló que dentro de lo solicitado al tribunal, estuvo el mantenimiento de las medidas de coerción y el restablecimiento de la prisión preventiva para aquellos imputados que les fue variada.
“En relación a las medidas de coerción, hemos solicitado que sean mantenidas aquellas que no han sido variadas y con relación a las medidas de coerción de Juan Alexis Medina, Wacal Méndez, Fernando Rosa, que fueron variadas a arresto domiciliario, en razón del recurso de apelación que tenemos depositado, hemos solicitado que con la medida de coerción que deben ir a juicio es con la prisión preventiva, que fue la medida impuesta ante la Jurisdicción de Atención Permanente”, dijo Ortiz.
La procuradora de corte también se refirió a la solicitud realizada por algunas de las defensas para que se excluya del proceso al Estado dominicano.
“El Estado es una parte del proceso, desde nuestro punto de vista, solicitando el resarcimiento económico, que no le está permitido por ley solicitar al Ministerio Público”, dijo Ortiz, quien también especificó que el Estado “acompaña al Ministerio Público en la persecución penal y solicita las indemnizaciones civil, que no es más que el resarcimiento del daño que se le ha causado con la depredación, con el robo que ha realizado esta red de corrupción en las instituciones públicas”.
Ortiz estuvo en el tribunal junto al equipo que encabezó el procurador adjunto y titular de la Pepca, Wilson Camacho, y los fiscales Yoneiby González, Ernesto Guzmán Alberto, Héctor García, José Miguel Marmolejos y Elizabeth Paredes.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continuará conociendo el proceso el próximo lunes 21 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana.
La audiencia de este viernes fue celebrada, por asuntos de espacio, en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el que los representantes del Ministerio Público presentaron sus conclusiones en esta etapa de la acusación que consta de unas 3,445 páginas.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual contiene unas 3,445 páginas, también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
Wilson Camacho: Acciones del investigado Ángel Lockward en el TSA buscan torpedear una investigación penal e intimidar a funcionarios de la Contraloría y al Ministerio Público
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró hoy que las acciones del investigado Ángel Lockward no intimidarán ni detendrán al Ministerio Público en su labor constitucional de investigar a toda persona que haya violado la ley.
“Hemos estado conociendo una multiplicidad de acciones incoadas en este Tribunal Superior Administrativo por el investigado Ángel Lockward con el interés de intimidar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como los miembros de la Unidad Antifraude y al propio contralor de la Contraloría General de la República”, sostuvo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), quien aseguró que dichas acciones están dirigidas a retrasar la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público con el tema de las expropiaciones de terrenos.
“Estoy convencido de que la investigación no la detendrán e intimidarnos tampoco podrán”, dijo Camacho al responder a los periodistas que lo abordaron a su salida del Tribunal Superior Administrativo.
El procurador adjunto indicó que en dos de las acciones que se conocieron hoy solicitaron el sobreseimiento y el tribunal se reservó el fallo y que en la tercera, “que es sobre la nulidad del informe rendido por la Unidad Antifraude, la propia Contraloría solicitó el sobreseimiento y el tribunal también lo dejó en estado de fallo para darlo a conocer en otra oportunidad”.
Con relación a ese informe atacado por Lockward, dijo que la acción está siendo ejecutada en sede administrativa, siendo esta una evidencia penal.
Frente a este tipo de estrategia jurídica, Camacho señaló que “deben tener en cuenta lo que ya hemos dicho: que esta es una ínfima parte de la cantidad de evidencia con la que cuenta el Ministerio Público en este proceso”.
En otro orden, cuando los periodistas le preguntaron sobre las expresiones de Juan Rodríguez Consoró, del noveno juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, precisó que la investigación que se realiza a ese juez parte de una denuncia realizada por la Inspectoría del Poder Judicial.
“Esa persona está siendo investigada disciplinaria y penalmente, pero su investigación inició en el ámbito disciplinario y ha sido la Inspectoría del Poder Judicial, que al avanzar su investigación ha encontrado indicios que dan razón para abrir una investigación penal y correctamente lo ha enviado hacia al Ministerio Público”, indicó.
“Y nosotros estamos haciendo lo que la ley nos manda a hacer”, añadió el titular de la Pepca.
Camacho también señaló que el juez ha sido suspendido por la investigación disciplinaria y en consecuencia, se trata de una medida tomada dentro del propio Poder Judicial.
Restó méritos a los señalamientos públicos realizados por Rodríguez Consoró e indicó que “esa ha sido una actitud reiterativa en varios de los investigados en nuestros procesos”. “Pero nosotros no nos detenemos por eso, porque tenemos una obligación constitucional y vamos a investigar, como siempre, con todo y contra todos”, añadió.
Recordó que en República Dominicana ya no hay intocables, que será investigada cualquier persona sobre la que el Ministerio Público tenga información de que ha violado la ley.
“No podemos dar detalles de los casos por lo que se está siendo investigado, porque esta es una investigación abierta, pero estamos partiendo de la información que se nos suministró desde la Inspectoría del Poder Judicial”, dijo.
Sostuvo que la investigación continúa avanzando en su ciclo lógico y cuando se complete, entonces el Ministerio Público tomará la decisión que amerite el caso.
