Fiscalía de San Juan obtiene condena de 10 años de prisión contra una mujer que mató a su expareja
SAN JUAN (República Dominicana).- La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de este distrito judicial obtuvo condena de 10 años de prisión contra una mujer por darle muerte a su expareja, el pasado año en el municipio Juan de Herrera.
Los jueces Angélica Calderón, Diógenes Dámaso y Luis Marte, del Tribunal Colegiado, acogieron las pruebas presentadas por el Ministerio Público sobre la responsabilidad penal de la acusada y emitieron la sentencia en contra de Wendy Martínez, quien deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CRR) Baní-Mujeres, en la provincia Peravia.
La procuradora fiscal coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas, Danelys Medina Montero, y la fiscal Sara Cuevas presentaron todas las pruebas materiales, documentales, testimoniales y periciales que sustentaron la acusación.
El hecho ocurrió en marzo de 2021, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, en la calle Principal de la comunidad La Cana de Guazumal, en Juan de Herrera.
El expediente establece que Wendy Martínez agredió físicamente a su expareja, Eulogio Pérez mientras este se encontraba sentado en la parte frontal de su residencia.
Detalla que, sin mediar palabras, la mujer le lanzó varias pedradas, por lo que este se levantó y le manifestó, según los testigos del hecho, “que se tuviera tranquila, que no quería problemas”; sin embargo, la hoy condenada le fue encima diciéndole “yo te mato”.
Luego la mujer logró sacar el cuchillo que tenía la víctima en la cintura y le infirió cuatro heridas que le produjeron la muerte.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal, y la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El Ministerio Público ocupa bocinas y equipos tragamonedas en operativos en La Fe y Arroyo Hondo
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En operativos coordinado por la Fiscalía de Cristo Rey, en los sectores La Fe y Arroyo Hondo, las autoridades ocuparon decenas de bocinas y equipos tragamonedas utilizados en violación a las disposiciones de las leyes.
“Estamos realizando unos trabajos en los que, inmediatamente recibimos las quejas, actuamos, con el objetivo de cero tolerancia al ruido, y así continuaremos hasta tanto la ciudadanía entienda que la contaminación sónica está regulada por nuestras leyes”, precisó el procurador fiscal Gerinaldo Contreras Mejía, de la Fiscalía de Cristo Rey, de la jurisdicción del Distrito Nacional.
Las máquinas tragamonedas, al igual que las bocinas, fueron levantadas mediante operativos realizados tras las quejas de los comunitarios de estos sectores.
“Este es el comienzo de un plan donde la fiscalía, inmediatamente tiene una queja o denuncia, realiza un levantamiento y, cuando los encontramos, procedemos a su secuestro, tal como lo recomienda la Ley”, explicó Contreras Mejía.
El procurador fiscal indicó que este plan tiene el objetivo de “eliminar los ruidos en nuestro sector y acabar con las máquinas tragamonedas que funcionan de manera ilegal en nuestros barrios”.
Ministerio Público y Ministerio de Medio Ambiente intervienen ribera del río Yuna afectada por depredadores
MONSEÑOR NOUEL (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) y el Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboración del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), realizaron un amplio operativo para el rescate de la ribera del río Yuna en Bonao, depredada con fines de viviendas y crianza de animales.
“En este operativo conjunto, estamos recuperando el área protegida del parque Brisas del Yuna, en el margen del río Yuna, en la provincia Monseñor Nouel, en la que hemos destruido casuchas improvisadas por invasores. Hay un impacto grave al medio ambiente, con construcciones de viviendas, tala y quema de árboles para el carbón y áreas cercadas para la crianza de animales, lo que constituye un delito penal de gran magnitud”, detalló el titular de Proedemaren, el procurador de corte Francisco Contreras.
La intervención conjunta de estas y otras instituciones dio como resultado la destrucción de 79 casuchas levantadas en un área prohibida por un grupo de personas que ha talado cientos de árboles.
“Hacemos un llamado a los ciudadanos para que no compren a los invasores, ya que son áreas protegidas, que son patrimonio natural de República Dominicana, para el disfrute colectivo”, amplió el representante del Ministerio Público.
En representación del Ministerio de Medio Ambiente, su director jurídico, Sheiner Adames, explicó que la intervención forma parte de las acciones emprendidas por la mesa interinstitucional que conforman el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio Público y el Senpa, que es un cuerpo especializado del Ministerio de Defensa. “Vamos a hacer cumplir lo que establecen las normas, sobre todo, la protección del medio ambiente. No vamos a permitir arrabalización en las márgenes de nuestros ríos”, enfatizó Adames.
El coronel Francisco J. Ventura, representante del Senpa, encabezó la movilización de los cuerpos militares y policiales actuantes en el operativo.
Las autoridades, actuando con la instrucción de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, también notificaron a los ocupantes de 14 viviendas que están habitadas, para que en un plazo de dos semanas abandonen el parque forestal Brisas del Yuna y el sector La Salvia, también intervenido en el entorno del citado río.
Además de la tala de árboles y la colocación de alambrados, la ocupación de estas zonas provoca la contaminación de las aguas del afluente, por tratarse de asentamientos que no cuentan con las instalaciones para el depósito y tratamiento de las aguas vertidas.
El titular de la Proedemaren señaló que el parque Brisas del Yuna está es un área protegida en virtud de la Ley 202-04, de Áreas Protegidas de la República Dominicana, por lo que es un deber del Ministerio Público protegerlo.
En esta acción conjunta participaron seis equipos liderados por los miembros del Ministerio Público y comandados por el coronel Ventura, así como también por los coroneles Báez Severino, del comando Cibao-Sur, y Francisco Antonio Mendoza, de la Dirección Nacional de Migración, así como también por la dirección provincial de Medio Ambiente, que encabeza Ramón Tejada.
En el operativo también participaron personal del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), del Ministerio de Salud Pública y el servicio 9-1-1, de la Fuerza de Tarea Conjunta (Ciutran), de la Dirección General de Migración y de la Policía Nacional.
En esta acción también colaboraron la Gobernación Provincial, la Alcaldía de Sabana del Puerto y el Cuerpo de Bomberos de esta provincia.
Ministerio Público: Más de 2,000 pruebas serán determinantes para enviar a juicio a los acusados del Caso Antipulpo
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público destacó este viernes que más de 2,000 pruebas demuestran los hechos cometidos por Juan Alexis Medina Sánchez y los demás imputados de incurrir en corrupción administrativa en el expediente acusatorio del Caso Antipulpo.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó los méritos de los elementos probatorios para el envío a juicio de los imputados.
“Hemos llegado hasta la prueba 1,600 de la acusación. La acusación cuenta con más o menos 1,900 pruebas documentales, luego pasaremos a leer las pruebas periciales, que son unas 200 pruebas”, detalló.
Ortiz indicó que para el próximo lunes el Ministerio Público culminará con la presentación de sus elementos de prueba y luego presentará sus conclusiones sobre esta etapa del proceso, que el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce en audiencia preliminar.
“Es evidente que, frente a los hechos presentados, hechos que han quedado probados, como hemos establecido con más de 2,000 pruebas, el juez no tendrá otra opción que dar el correspondiente auto de apertura a juicio, enviando a todos los imputados a juicio en base a la calificación jurídica, los hechos y las pruebas que ha presentado el Ministerio Público”, sostuvo Ortiz, al responder preguntas de la prensa.
El órgano de la persecución penal estuvo representado por la procuradora de corte Ortiz y los fiscales Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos, Héctor García y Yoneivy González.
El juez Deiby Timoteo Peguero continuará conociendo las pruebas el próximo lunes 14 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana. La lectura de la acusación fue dividida en 10 tomos.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual contiene unas 3,445 páginas, también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
Wilson Camacho: “La defensa del Caso Coral sigue corriendo a la acusación”
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo la noche de este viernes que la defensa del Caso Coral sigue corriendo a la acusación y procurando dilatar el proceso de manera innecesaria, al pedir una reposición de los plazos.
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el próximo 28 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, el inicio de la audiencia preliminar contra los imputados de formar parte del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G. Además, dispuso que las audiencias sean celebradas los días lunes y viernes.
“Las defensas en el día de hoy han venido al tribunal a hacer un pedimento irracional de reposición de plazos que, en principio, le fue rechazado, pidiendo reposición de plazos de una acusación que fue depositada en este tribunal en el mes de mayo”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Destacó que la acusación tiene seis meses depositada y explicó que, previo a la audiencia de hoy, el tribunal ya les había otorgado a las defensas 85 días para que preparasen sus medios en relación con la acusación del Ministerio Público.
“El Ministerio Público, una vez más, ha tenido que venir a este tribunal listo para presentar su acusación y tener que enfrentar esta conducta de la defensa, que lo único que procura es dilatar innecesariamente el proceso”, refirió, al deplorar la actuación de los abogados.
Camacho, quien encabeza el equipo que representa al Ministerio Público, detalló que “increíblemente, de todas maneras, el tribunal les ha otorgado 10 días más a estas defensas para que se refieran a la acusación del Ministerio Público”.
“Una cuestión que, a nuestro juicio, incluso, ya raya en lo irracional y pareciera que el plazo razonable y el debido proceso en República Dominicana solamente aplica para beneficiar a los acusados de corrupción”, expresó, al responder preguntas de periodistas de diferentes medios de comunicación que cubrieron la audiencia.
Junto al procurador adjunto Wilson Camacho representaron al órgano acusador la procuradora de corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, Jonathan Pérez, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.
La audiencia se celebró en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por ser un espacio más amplio. Aunque estaba pautada para las 10:00 de la mañana, se inició a las 11:40.
El abogado defensor Félix Portes pidió al tribunal una reposición de plazos, alegando que dos de sus representadas tienen problemas de salud y que ello ha dificultado la preparación de su defensa técnica.
Mientras la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre alega que son muchas páginas para leer en poco tiempo.
El entramado de corrupción descrito en la acusación del Ministerio Público operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
En tanto que en la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados y cumplen medidas de coerción los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
El Inacif quema más de media tonelada de drogas ocupadas en recientes operativos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Las autoridades incineraron más de media tonelada de drogas ocupadas en recientes operativos realizados por fiscales y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en todo el país.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) incineró en total 574.597 kilogramos, la mayoría correspondiente a cocaína, con 465.603 kilogramos, para un 81.03%, y a marihuana, con 108.565, para un 18.89%. Además, incluyó 394 gramos de crack, equivalentes al 0.068%, y 36 gramos de éxtasis, que representan el 0.006%.
También, fueron quemados 500 gramos de otras sustancias que, tras someterlas a los análisis de rigor, se determinó que no correspondían a drogas.
Los narcóticos fueron ocupados en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, La Romana, Hermanas Mirabal, Samaná, Azua, Peravia, La Vega, Sánchez Ramírez, Montecristi, San Cristóbal, Puerto Plata y Monte Plata, entre otras.
Representantes de diversas instituciones participaron en el acto de incineración, realizado como cada jueves en el recinto del Ejército de República Dominicana (ERD), en el municipio Pedro Brand, donde las autoridades anunciaron que este año han destruido 31,842.692 kilogramos de diferentes sustancias narcóticas.
