Pepca: El Ministerio Público sigue ocupando bienes millonarios como parte de la Operación Coral
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público desarrolla una serie de diligencias de investigación en la que sigue identificando bienes millonarios de todo tipo, adquiridos de forma ilícita por la red de corrupción desarticulada con la Operación Coral.
“Este caso puede sorprender a toda la sociedad porque se trata de una red de corrupción que, sin imponerse límites, se dedicó a sustraer de las arcas del Estado grandes sumas de un dinero que bien pudo ser utilizado para fortalecer el trabajo de organismos de seguridad y, sobre todo, para mejorar las condiciones laborales de los hombres y mujeres que sirven en esos cuerpos armados”, dijo Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Indicó, además, que el Ministerio Público pone todo su empeño en llegar a todos los implicados en esta red de lavado.
La complejidad del Caso Coral, derivado de la operación de investigación, lleva al Ministerio Público a solicitar 18 meses de prisión preventiva contra los encartados hasta el momento en el expediente.
La medida de coerción la conoce la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien anunció que dará a conocer su decisión este lunes.
En el expediente figuran como encartados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el que se instaló el mecanismo de corrupción que sustraía fondos a través de las nóminas oficiales y que extendió sus garras de corrupción a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Con Cáceres Silvestre está imputada Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), quien se valió de sus actividades religiosas para desarrollar actividades ilícitas que afectaron al Estado y a los fondos de los contribuyentes.
También, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Sistema Penitenciario iniciará la segunda fase de visitas a internos con acceso de familiares directos y bajo directrices de Salud Pública
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Las personas privadas de libertad en los recintos del Sistema Penitenciario dominicano recibirán visitas de familiares directos a partir del próximo sábado 15 de mayo, siempre bajo los protocolos preventivos establecidos por el Ministerio de Salud Pública para evitar posibles contagios con el coronavirus que provoca la COVID-19.
En un año y dos meses se han registrado casi 1,500 casos de COVID-19 en los recintos y se han producido 22 decesos lamentables. La enfermedad, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha afectado a 270,000 personas en el país, con la lamentable cifra de más de 3,500 muertes.
En abril de 2021 el Ministerio de Salud Pública emitió las directrices que regirán el protocolo de visitas, tras el cierre ordenado por ese organismo a raíz del incremento de casos de la enfermedad en los recintos penitenciarios a finales de marzo de 2020. Las direcciones provinciales serán las encargadas de la vigilancia epidemiológica.
El Modelo de Gestión Penitenciaria tiene bajo su gerencia 22 centros de corrección y rehabilitación (CCR), con una población de 9,905 internos a finales de abril, quienes desde el sábado 15 comenzarán a recibir a un familiar directo, durante una hora, sin roce físico y utilizando mascarilla de manera permanente, como dispone el Ministerio de Salud Pública.
Mientras que la Dirección General de Prisiones (DGP) iniciará el lunes 17 con un programa piloto en el penal de La Victoria, recinto que concentra un tercio de la población penitenciaria del país con 7,792 internos.
La DGP gestiona otros 18 centros de privación de libertad, con un total de 17,376 personas, los cuales abrirán dos semanas después de verificado el proceso de reapertura en La Victoria.
Las autoridades penitenciarias se han mantenido en comunicación con la población de los recintos y les han informado sobre el protocolo, de modo tal que han sido los internos quienes han indicado el familiar al que quieren ver, y basados en esas indicaciones se ha elaborado la agenda de las visitas.
A final de abril la población penitenciaria era de 27,769 personas, de las cuales 488 eran adolescentes en conflicto con la ley penal, los cuales empezaron a recibir a sus familiares el 18 del mismo mes.
Previo y concomitantemente a la apertura de los recintos a las visitas, el Sistema Penitenciario ha vacunado a los internos atendiendo al calendario del Ministerio de Salud y es así como ya han inoculado con las dos dosis a 650 internos y otros 587 ya tienen administrada la primera inyección.
La Dirección General de Prisiones tomó en cuenta la sobrepoblación en el penal de La Victoria e informó que se han habilitado espacios con bebederos de agua y una pantalla en la que se avisará los cambios de turno y donde los familiares esperarán a que les toque ver a sus relacionados, luego de que los pabellones sean higienizados y desinfectados como manda el protocolo.
De igual modo, este recinto habilitará un personal permanente para los internos que quieran registrar sus siguientes visitas y, al igual que se está haciendo con esta primera cita, se llamará vía telefónica a las personas señaladas por los privados de libertad, para informarles la fecha y hora en que podrán acudir al centro carcelario.
Los visitantes deberán ir debidamente identificados y estará prohibida la entrada de provisiones y teléfonos. Las personas con alguna discapacidad física y motora dispondrán de un área especial, de modo que no encuentren obstáculos.
Fiscales de La Vega logran 20 años de prisión contra hombre que violó y embarazó a una adolescente y la hizo abortar
LA VEGA (República Dominicana).- Un tribunal colegiado de esta jurisdicción acogió la solicitud del Ministerio Público y condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una adolescente, a la que embarazó y la hizo abortar.
Los jueces Jazmín Rosó, Wendy Mueses y Yulissa Candelario dictaron la pena contra el procesado, de quien se omite el nombre para proteger la integridad de la víctima.
El tribunal lo declaró culpable de cometer incesto, agresión, violación sexual y amenaza contra la menor de edad, que era su hijastra, y ordenó que cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito de esta localidad.
La fiscal titular de La Vega, magistrada Aura Luz García Martínez, destacó que, con la pena máxima impuesta en este caso, se envía un mensaje positivo respecto al régimen de consecuencias contra los que violenten la integridad y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Indicó que el Ministerio Público continúa realizando las gestiones de lugar para lograr que todos los hechos delictivos se castiguen con las máximas sanciones establecidas en las leyes del país.
En relación con el caso, el órgano de la acusación estableció que, en varias ocasiones, el hombre abusó de su hijastra y que la amenazaba de muerte para que no lo delatara.
Detalla que, al quedar embarazada, le preparó una bebida y le dio a tomar una pastilla de manera obligatoria para que abortara, tras lo cual la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital. El hombre emprendió la huida y posteriormente fue apresado y sometido a la justicia.
Fiscales de este distrito judicial demostraron con suficientes pruebas documentales, periciales y testimoniales que el encartado violó varios artículos del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Ministerio Público pide variar medida de coerción a pareja de César el Abusador, por violar su prisión domiciliaria
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En una instancia firmada por el titular de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Luis González, el Ministerio Público solicitó al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la variación de medida de coerción que fue otorgada a Marisol Franco, implicada en la red de César Emilio Peralta, alias El Abusador.
Gómez explica en el documento presentado ante el tribunal que la también pareja de “El Abusador” viola los protocolos que sustentan la prisión domiciliaria, medida que le fue otorgada en febrero del año 2020, atendiendo una petición de las partes y sin oposición del órgano persecutor, debido a una condición médica posparto.
Además de prisión domiciliaria, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictaminó impedimento de salida del país contra la encartada.
La Procuraduría Especializada Antilavado y la Fiscalía del Distrito Nacional indican que Franco desacató un mandato judicial que le impuso el arresto domiciliario, al igual que el voto de confianza otorgado, al salir de su domicilio sin ningún tipo de autorización emitida por la autoridad judicial competente ni informar al Ministerio Público.
Según un informe del Modelo de Gestión Penitenciaria, Marisol Franco no se encontraba en el domicilio asignado al momento de una visita de supervisión y cuando fue localizada vía telefónica dijo que se encontraba en el consultorio médico con sus hijos; sin embargo, no presentó pruebas que sustenten su salida sin autorización de las autoridades.
El órgano persecutor presentó pruebas documentales y testimoniales que fundamentan la solicitud y muestran que la imputada infringió la medida de coerción impuesta.
El Ministerio Público le atribuye a Franco el delito de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas ilícitas cometido por un grupo del crimen organizado, tipificado en los artículos 2, 3.3 y 9.1 de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
