La Escuela Nacional Penitenciaria acogerá a 171 jóvenes de San Juan para formarlos como agentes de vigilancia
Quienes superaron estas pruebas tendrán un año de formación gratuita y los que aprueben el curso serán empleados en el nuevo recinto del distrito municipal de Pedro Corto
PEDRO CORTO (San Juan).- La Escuela Nacional Penitenciaria informó que 171 de los 394 jóvenes que se presentaron a la convocatoria del pasado sábado en este distrito municipal cumplieron con los requisitos exigidos y superaron las pruebas para formarse como agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP).
“Les damos la más calurosa bienvenida a estos hombres y mujeres que al ingresar a la ENAP apuestan a la transformación del ser humano desde el Modelo de Gestión Penitenciaria y con este paso se suman a la noble tarea de rehabilitar a los privados de libertad desde los Centros de Corrección y Rehabilitación”, expresó en un despacho de prensa Ysmael Paniagua, director de la ENAP.
La recepción de postulantes se llevó a cabo en la escuela Adriana María Guillú, en este distrito municipal, perteneciente al municipio de San Juan de la Maguana, donde funcionará un nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR).
Los 171 jóvenes iniciarán un año de formación intensiva en la Escuela Nacional Penitenciaria, ubicada en el Castillo del Cerro, en San Cristóbal, bajo un programa que incluye derechos humanos, seguridad ciudadana, tratamiento penitenciario y, sobre todo, se les formará en la filosofía institucional contenida en el Manual de Gestión que rige al Modelo de Gestión Penitenciaria y en la Reforma Penitenciaria. Además, deben realizar cinco meses de internado y pasantía.
Esta formación garantiza alojamiento, alimentación, útiles y uniformes totalmente gratis, además de una mesada de tres mil pesos durante nueve meses y de cinco mil pesos durante la pasantía de tres meses. Quienes aprueben recibirán su diploma y pasarán a la nómina de agentes VTP del Modelo de Gestión Penitenciaria con un salario inicial de 16 mil pesos, seguro médico y seguro de vida, entre otros beneficios.
Los seleccionados representan el 43% del total de postulaciones. Al proceso se presentaron 394 aspirantes, de los cuales 223 no cumplían con los requisitos. Por razones de peso y tamaño resultaron inelegibles 181 personas, 10 por no haber completado la secundaria, 18 por no corresponder al rango de edad requerido (entre 19 y 35 años) y 14 por razones médicas.
El 51% de las personas que aspiraron a una de las 220 plazas para el CCR Pedro Corto fueron mujeres, con 203 que se presentaron, y 162 de ellas fueron descartadas por no llenar los requisitos exigidos en la convocatoria.
El reclutamiento de los agentes VTP representa el inicio del proceso para poner en funcionamiento el Centro de CCR Pedro Corto, cuya construcción está prevista para concluir en abril próximo, informó en la jornada la coordinadora nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra.
Conrado Pittaluga manejó más de RD$100 millones y más de US$1.4 millones, establece informe incorporado por la Pepca en juicio Odebrecht
“Vuelvo y le reitero, con el Caso Odebrecht, vamos a verla más en lo adelante”, advierte la fiscal Mirna Ortiz
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), fiscal Mirna Ortiz, dijo que en la audiencia de este martes del Caso Odebrecht, el Ministerio Público incorporó todas las pruebas que demuestran los manejos y movimientos financieros de las cuentas del imputado Conrado Enrique Pittaluga.
“Hemos podido incorporar el informe financiero y sus soportes que dan fe de que Pittaluga manejó más de 100 millones de pesos y más de 1 millón 400 mil dólares en sus cuentas y productos financieros”, precisó Ortiz a los miembros de la prensa que la abordaron tras concluir la audiencia del caso.
Con la comparecencia de la testigo número 12 del Ministerio Público, la analista Marielys Abad Díaz, fueron incorporados en los dos últimos días informes financieros relativos a los imputados Conrado Pittaluga Arzeno y Roberto Rodríguez Hernández.
Ortiz destacó que “el Ministerio Público sigue fuerte, sigue firme en la incorporación de sus pruebas”.
Incluso, añadió, que en el ejercicio del contrainterrogatorio hecho por la defensa el Ministerio Público pudo mantener “la contundencia con la que nuestro testigo ha declarado y ha incorporado los informes”.
Reitero, otra vez, que los informes por sí solo no demuestran la culpabilidad o la inocencia de un encartado. “Son informes que lo que quieren acreditar es informes financieros y que luego se van a unir con otras pruebas, de donde ya podremos extraer las conclusiones en relación a la responsabilidad penal del encartado que, indiscutiblemente, de acuerdo con la teoría que ha venido preparando y que ha venido probando el Ministerio Público, será una sentencia condenatoria”, resaltó.
“Sus movimientos financieros dan cuenta de la cantidad de dinero que manejó; la vinculación, vuelvo y le reitero, con el Caso Odebrecht, vamos a verla más en lo adelante”, dijo Ortiz, quien forma parte del equipo litigante del Ministerio Público en el proceso.
Recordó que los imputados están acusados de enriquecimiento ilícito, que proviene del soborno. “Entonces, vamos a unir estas pruebas con las demás para que podamos ver más claro el panorama”, declaró.
Al ser cuestionada sobre los alegatos de parcialidad de la defensa del encartado con relación a la testigo, la fiscal de la Pepca manifestó: “la parcialidad no es algo que se alega, es algo que se demuestra en el tribunal; evidentemente, que siendo un testigo ofrecido por el Ministerio Público, ellos van a alegar que está parcializado con el Ministerio Público”.
Dijo que a la defensa se le dio la oportunidad de realizar el contrainterrogatorio y que en el mismo no arrojó ningún vicio de parcialidad en la testigo.
“Siempre, la testigo respondió una y otra vez, que realizó un resumen detallado de todas las informaciones que recibió de la Superintendencia de Bancos; entendemos que no puede haber parcialidad en eso”, apuntó la representante del Ministerio Público.
En el juicio que se desarrolla en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el equipo litigante del Ministerio Público, encabezado por el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho, ha logrado incorporar todas las pruebas presentadas en el proceso.
Conrado Pittaluga Arzeno, de profesión abogado, y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez Hernández, son procesados por los US$92 millones en sobornos pagados por la Constructora Norberto Odebrecht en República Dominicana para ser favorecida con contratos de obras estatales.
En el expediente figuran como imputados el empresario Ángel Rondón Rijo, el también exdirector de Inapa y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García, y el exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón.
Con las pruebas que el Ministerio Público está incorporando en el proceso procura demostrar que los encartados se enriquecieron de manera ilícita producto de sus actividades con la multinacional brasileña, en violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo suspendieron el juicio hasta el jueves 25 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana, sesión durante la cual estarán escuchando a la testigo número trece del Ministerio Público.
La Pepca incorpora más informes financieros contra Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez en juicio Odebrecht
Fiscal Mirna Ortiz afirma: “Estamos probando algunos elementos que nos van a llevar luego a poder tener un argumento sólido cuando las unamos con otros elementos de prueba”
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-En la audiencia de este martes del Caso Odebrecht, el Ministerio Público continúa incorporando pruebas con su testigo número 12, la analista Marielys Abad Díaz, relativas a informes financieros de los imputados Conrado Pittaluga Arzeno y Roberto Rodríguez Hernández.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), fiscal Mirna Ortiz, explicó que desde el día de ayer vienen incorporando informes que reflejan los movimientos financieros que han tenido ellos (los imputados) en las cuentas y en los productos financieros que están registrados en el mercado normal de valores.
“Una prueba en sí misma no conlleva a una condena, lo que conlleva a condena es la unión armónica de todas las pruebas, y eso es lo que vamos a hacer cuando finalicemos todo el proceso de incorporación de las pruebas”, dijo Ortiz, al contestar preguntas de los periodistas que cubren el proceso judicial.
En ese mismo orden, enfatizó “las pruebas no se pueden ver una a una, las pruebas se tienen que ver todas en su conjunto; porque prueban hechos o circunstancias; ahora estamos probando algunos elementos que nos van a llevar luego a poder tener un argumento sólido cuando las unamos con otros elementos de prueba”.
La fiscal Mirna Ortiz forma parte del equipo litigante que representa al Ministerio Público en el juicio y que encabeza el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho.
El abogado Conrado Pittaluga Arzeno y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez Hernández, son procesados por los US$92 millones en sobornos pagados por la Constructora Norberto Odebrecht en República Dominicana para ser favorecida con contratos de obras gubernamentales.
Por este caso también son procesados el empresario Ángel Rondón Rijo, el también exdirector de Inapa y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García, y el exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón.
Con las pruebas que el Ministerio Público está incorporando en el proceso busca demostrar que los encartados se enriquecieron de manera ilícita producto de sus actividades con la empresa brasileña, en violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.
El Ministerio Público destaca en un comunicado de prensa el avance del proceso en la presentación de las pruebas a cargo y dijo que continuarán incorporando más evidencias a través de sus testigos, que son 28 en total.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ordenaron un receso para continuar con el contrainterrogatorio a partir de las 2:30 de la tarde.
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