Advierte que la separación de las elecciones a celebrarse en el año 2020 impactará significativamente la labor administrativa, pero sobre todo el trabajo contencioso-electoral de las juntas electorales, las cuales, por la brevedad de los plazos, deberán dar respuesta casi inmediata a los casos que se presenten.
Agregó que la división se hace necesaria, además, por la inplementación del voto preferencial en el nivel municipal, ya que esto implicará mayores esfuerzos de los órganos electorales que intervienen, sean administrativos o contenciosos.
Explicó que esas salas funcionarían como tribunal electoral de primer grado, donde se conocerían todas las contestaciones y diferendos a que se refiere el artículo 15 de la Ley número 29-11 Orgánica del TSE, que surjan en ocasión de las elecciones en los municipios y el Distrito Nacional.
Estarían integradas por tres jueces titulares y dos suplentes designados por el TSE a través de concurso público, y cuyas funciones serían por un período de cuatro años, una parte de ellos de forma honorífica.
Jáquez recordó que la Ley 29-11 establece que el TSE tiene la facultad de conocer en instancia única de los recursos de apelación de las decisiones adoptadas por las juntas electorales. Dijo que con esas salas como tribunal de primer grado, sería posible cumplir eficazmente con el mandato del artículo 72 de la Constitución, y el 65 de la Ley 137-11, que consagran la figura del amparo.
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