Cooperación jurídica internacional permite arresto en Colombia de vinculado a red desmantelada con Operación Rompeolas
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Los mecanismos de cooperación jurídica internacional utilizados por el Ministerio Público permitieron el arresto en Cali, Colombia, del fugitivo César Augusto Rodríguez Severino (Dondy), vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada el jueves con la Operación Rompeolas.
Rodríguez Severino, de 55 años de edad, enfrenta cargos por delitos de asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas y lavado de activos, cometidos en perjuicio del Estado dominicano.
Su arresto se ejecutó en el marco del Proyecto de Apoyo de Interpol a EL PAcCTO 2.0, y como resultado del trabajo conjunto y la cooperación policial internacional entre la OCN-Interpol Santo Domingo, la OCN-INTERPOL Bogotá, y las autoridades migratorias de Colombia, el jueves 19 de noviembre 2026, en el Barrio Normandía, de Cali, Colombia, luego de una ardua labor de vigilancia y seguimiento.
El arrestado fue requerido por las autoridades judiciales dominicanas, mediante una Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional, de fecha 19 de noviembre de 2026, en virtud a la orden judicial de arresto número 2026 AJ0100917, emitida en fecha 17 de noviembre de 2026, por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
De acuerdo con la investigación realizada, el capturado se encuentra vinculado a la estructura criminal dedicada al tráfico transnacional de drogas que ingresan desde Colombia al territorio dominicano, a través de la zona este de la República Dominicana, específicamente por el litoral costero de Bayahibe y Boca de Chavón, provincia La Altagracia, para ser distribuida en Estados Unidos y Europa.
Al momento de la detención el fugitivo se encontraba en compañía del
ciudadano dominicano Víctor Rosendo Alcántara Morillo, quien al momento de la intervención portaba documento estadounidense.
Operación contra el narcotráfico
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ejecutaron la operación el jueves contra el narcotráfico transnacional y el lavado de activos, durante la cual arrestaron a 21 personas durante 65 allanamientos realizados de manera simultánea y ocuparon vehículos, armas, dinero y propiedades vinculadas a una organización criminal que operaba desde territorio dominicano con conexiones internacionales.
La Operación Rompeolas, desarrollada mediante labores coordinadas de inteligencia e investigación criminal, permitió intervenir una estructura investigada por recibir cargamentos de drogas procedentes de La Guajira colombiana, y organizar su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional que tenía como destinos finales Estados Unidos y Europa.
La intervención, que contó con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos, movilizó a más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional, mediante un despliegue aéreo y terrestre que abarcó las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, así como el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar una red con distribución de funciones para la recepción, almacenamiento, transporte y protección de cargamentos de sustancias narcóticas.
Según los elementos recopilados durante la investigación, sus integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos hacia Puerto Rico.
La estructura mantenía parte importante de sus operaciones en los municipios de Higüey y Miches, desde donde presuntamente coordinaba actividades logísticas para sostener el tráfico internacional de drogas.
La investigación también permitió identificar personas presuntamente vinculadas a operaciones de lavado de activos, utilizadas para manejar recursos económicos derivados de las actividades ilícitas atribuidas a la organización.
Entre los 21 arrestados figuran: Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, señalado por los investigadores como principal cabecilla de la organización, y Yovani Candelario Ortiz (Pachasito, Caco, Franklin o el Hombre), identificado como responsable de la coordinación operativa de la estructura.
También, fueron arrestados Fernando de Jesús, alias Pepe o el Gordo; Diofrendy Reyes; Wander Núñez (Philips), Marcial Castillo (Chacabana o Shaky) y Willy Manuel Zorrilla Domínguez (Willy Pacha), investigados por su presunta participación en distintas maniobras de las operaciones ilegales.
Asimismo, las autoridades detuvieron a María del Rosario (Belkis) y Cristian Candelario (Bebo Pacha), señalados por su presunta vinculación a los esquemas de lavado de activos investigados.
El grupo será sometido a la justicia.
La ofensiva contra la estructura criminal, vinculada al tráfico de drogas desde Colombia hacia Puerto Rico, permitió ocupar bienes y valores millonarios, así como afectar su capacidad operativa y financiera.
Condenan cuatro hombres que integraban red de estafa a fondos de asistencia social por la pandemia de la Covid-19
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la acusación del Ministerio Público, un tribunal de San Juan de la Maguana condenó a diez, siete y cinco años de prisión a cuatro hombres que formaban parte de una red que se dedicaba a estafar al Estado mediante la sustracción de fondos destinados a familias vulnerables beneficiarias de subsidios sociales.
La condena de 10 años de prisión fue impuesta a Daniel Villegas Aquino (Pocholo), quien además deberá pagar una indemnización de RD$2.0 millones de pesos a la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y una multa a favor del Estado dominicano de 500 salarios mínimos del sector público.
Ambriori Encarnación Ubrí y Héctor Leury Ortiz de la Rosa fueron condenados cada uno a siete años de prisión, así como al pago de una indemnización de RD$1.0 millón a la ADESS y una multa al Estado de 250 salarios mínimos del sector público.
En tanto que Rikelvin Alcántara Reyes fue condenado a cinco años de prisión y al pago de una indemnización de RD$1.0 millón de pesos a la ADESS y una multa de 100 salarios mínimos del sector público.
Las indemnizaciones, que ascienden a más de $5.0 millones, fueron establecidas a favor de la ADESS, hoy Dirección de Desarrollo Social Supérate, por los perjuicios ocasionados mediante las actuaciones sancionadas. También, se ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de cerca de un millón de pesos que se le ocupó a Villegas Aquino.
Las estafas a subsidios sociales correspondían al programa “Quédate en Casa”, en este caso en la provincia San Juan. El programa fue implementado durante la pandemia de la Covid-19 en todo el país.
La investigación, desarrollada por un equipo del Ministerio Público encabezado por los fiscalizadores Hernanda Arias Peña y Vicente Rodríguez Sánchez, permitió identificar un esquema de operaciones fraudulentas que afectó los recursos administrados por la ADESS, destinados a garantizar la alimentación y asistencia económica de miles de familias dominicanas.
El expediente establece que la estructura utilizaba datos personales y códigos de beneficiarios de los programas sociales para realizar transacciones fraudulentas mediante dispositivos electrónicos de pago (verifones) vinculados a establecimientos comerciales.
Durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación fueron ocupados equipos electrónicos, dispositivos de procesamiento de pagos, memorias digitales, documentos y dinero en efectivo. Estas evidencias, junto con los análisis forenses practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), formaron parte de los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público en el proceso penal.
La acusación estableció que los recursos obtenidos mediante las operaciones fraudulentas eran utilizados para adquirir bienes y desarrollar actividades comerciales con el propósito de aparentar un origen lícito.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana, integrado por los jueces Edward Augusto Gerónimo Sánchez, quien lo presidió, Blaury Luciano Ferreras y Luis Manuel Marte Leonardo.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos fueron calificados jurídicamente como estafa agravada, prevista y sancionada en el artículo 405, párrafo, del Código Penal dominicano; estafa electrónica, tipificada en el artículo 15 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado dominicano, conforme a los artículos 265 y 266 del Código Penal, así como lavado de activos, contemplado en la Ley núm. 155-17.
La acusación se sustentó en las investigaciones realizadas sobre la estructura que utilizaba medios tecnológicos para sustraer recursos públicos destinados a familias beneficiarias de los programas de asistencia social.
Recurrirá las absoluciones
El Ministerio Público anunció que apelará las decisiones absolutorias emitidas por el tribunal a favor de Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando, Sergio Alexander Bidó Nova y Juan José Polanco Fernández, quienes también fueron procesados por el caso.
El órgano persecutor interpondrá los recursos de apelación al considerar que existen fundamentos para solicitar su revisión ante una instancia superior.
Destacó la trascendencia de este proceso, por tratarse de hechos que afectaron recursos públicos destinados a personas y familias en condiciones de vulnerabilidad durante la emergencia sanitaria.
Los condenados cumplirán las penas privativas de libertad impuestas en la cárcel pública de San Juan de la Maguana, en la provincia San Juan, y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña, conforme a lo establecido en la sentencia dictada por el órgano judicial.
El Ministerio Público solicitó condenas de hasta 20 años
En el proceso penal el Ministerio Público solicitó que fueran condenados a 20 años de prisión Daniel Villegas Aquino (Pocholo) y Ambriori Encarnación Ubrí, mientras que para Héctor Leurx Ortiz de la Rosa y Rikelvin Alcántara Reyes pidió que fueran condenados a 15 años.
Para Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando y Sergio Alexander Bidó Nova, que fueron absueltos por el tribunal, el Ministerio Público solicitó que los tres fueran condenados a 10 años de prisión, mientras que para Juan José Polanco Fernández pidió cinco años de prisión.
El Ministerio Público también solicitó el decomiso de tres vehículos que fueron incautados durante un allanamiento en la vivienda de Villegas Aquino, así como todo lo incautado en un allanamiento practicado a Encarnación Ubrí.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar persiguiendo las estructuras dedicadas al fraude, la corrupción y otros delitos que atenten contra los recursos del Estado dominicano, garantizando el respeto al debido proceso y la aplicación de la ley.
Ministerio Público presenta acusación contra mujer que falsificó documentos para cobrar pensión de sobrevivencia
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitud de apertura a juicio en contra de una mujer procesada por falsificar documentos públicos para beneficiarse de una pensión por sobrevivencia en la supuesta calidad de esposa superviviente de un oficial de la Policía Nacional fallecido en 2019.
La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este contra Dilennys Mercedes Mercedes Rossó, quien cumple arresto domiciliario.
El Ministerio Público solicitó que se acoja en todas sus partes la acusación con todos los elementos de pruebas aportados y que se dicte auto de apertura a juicio en contra de la encartada.
La Fiscalía ante la Junta Central Electoral recibió la denuncia del caso de parte de familiares de la víctima que establecieron que Mercedes Rossó se hizo pasar por viuda de su pariente, un primer teniente de la Policía Nacional, para lo cual utilizó un acta de defunción falsa.
La Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado (Hacienda) emitió una certificación donde hace constar que la procesada cobraba del Plan de Retiro de la Policía Nacional, desde el día 25 de abril de 2020, un salario de RD$13,814.55. La acusada llegó a cobrar un monto aproximado de RD$998 mil, incluyendo pagos por regalía, según consta en el dictamen pericial emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La Dirección Nacional del Registro Civil certificó, en fecha 17 de junio del 2025, que en el sistema automatizado del Registro Civil no existe ningún registro de matrimonio correspondiente al oficial fallecido.
Igualmente, la Dirección Nacional del Registro Civil, emitió una certificación donde hace constar que existe un matrimonio civil, celebrado en fecha 10 de abril 2025 ante la Oficialía de la Quinta Circunscripción de Santo Domingo Norte, entre Dilennys Mercedes Mercedes Rossó y otro señor.
Ese órgano oficial también emitió otra certificación de defunción del agente policial, quien, según consta en el documento, falleció el 13 de febrero de 2019.
El Ministerio Público acusa a Mercedes Rossó de violar los artículos 147, 148, 150 y 151 del antiguo Código Penal Dominicano, y el artículo 210 de la Ley 4-23, Orgánica de Actos del Estado Civil, sobre falsificación y uso de documentos falsos y estafa, en perjuicio del Estado dominicano, la Junta Central Electoral y los familiares de la víctima, así como del Comité de Retiro de la Policía Nacional que también presentó una querella por el caso.
Mercedes Rossó fue arrestada mediante orden judicial en el marco de la investigación del caso a cargo de la fiscal Esther María González Peguero y del procurador de corte Pedro Jiménez Suero, adscrito al Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este.
La acusación fue sustentada con diferentes elementos de prueba testimoniales, periciales, materiales, procesales y documentales.
El Décimo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este fijó la audiencia para este viernes, 20 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Imponen prisión preventiva a implicado en red de robo y comercialización de medidores eléctricos en La Vega
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de La Vega impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado de atentar contra el Sistema Eléctrico Nacional al sustraer decenas de dispositivos de medición.
Harol Alexander Mora del Villar (Alex), procesado por el Ministerio Público a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), sustrajo los medidores en perjuicio de la empresa Edenorte Dominicana S.A. y el Estado dominicano.
La PGASE demostró los riesgos existentes para el proceso judicial de aplicarse una medida diferente a la prisión preventiva, así como la gravedad objetiva de los hechos.
Destacó que los medidores eléctricos son un componente esencial de la infraestructura crítica del Estado, por lo cual su sustracción y comercio ilícito generan millonarias pérdidas económicas y vulneran la estabilidad de un servicio público fundamental que impacta áreas vitales como la salud, la educación y la seguridad ciudadana.
El Ministerio Público, representado por el procurador de corte Sandy Nemesio Bencosme Collado, coordinador de la PGASE para la Región Norte, sostuvo que Mora del Villar mantenía bajo su control cuarenta y dos (42) medidores eléctricos sustraídos de la red de distribución nacional.
Los dispositivos fueron ocupados durante un allanamiento debidamente autorizado y ejecutado en una vivienda vinculada al imputado.
En el lugar de los hechos también se incautaron herramientas y equipos utilizados habitualmente para la manipulación, alteración y remoción de componentes del sistema eléctrico, tales como: cizallas, alicates y equipos de soldadura.
A estos actos cometidos por Mora del Villar, el órgano persecutor del delito le ha dado la calificación jurídica provisional por la violación de los artículos 124 y 124, numeral 1, de la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07 (sobre Atentado contra la Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional y Comercio de Medidores Sustraídos), así como del artículo 226, numeral 10, del Código Penal Dominicano.
Por decisión de la jueza Adaias Sánchez Collado, Mora del Villar cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, La Vega.
Ministerio Público solicita prisión para imputada por muerte de su hija en Nagua
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez la solicitud de medida de coerción, consistente en 12 meses de prisión preventiva, contra una mujer a quien responsabiliza por la muerte de su hija de 3 años de edad, en un hecho ocurrido el pasado sábado 14 del presente mes en el municipio Nagua.
La solicitud fue depositada por el fiscal Víctor Manuel Moreno Peguero, en contra de Mailin Hernández Familia, a quien el órgano persecutor del delito le imputa la responsabilidad en la muerte de su hija A.R.M.H.
Moreno Hernández fue arrestada en flagrante delito en el hospital público Doctor Antonio Yapor Heded, de Nagua, donde llegó con la niña en estado delicado, debido a las lesiones que presentaba y que terminaron causándole la muerte.
Entre las lesiones que pudieron ser verificadas se encuentran traumas diversos recientes en la región facial, área del tabique nasal con edema y equimosis visibles, traumas en hemicara derecha con abrasiones visibles, laceraciones antiguas en la región anterior y laterales del cuello, traumas recientes en región anterior y posterior del tórax con edema, entre otras que muestran la gravedad de las lesiones causadas a la infante.
La audiencia de medida de coerción ha sido fijada para ser conocida este viernes 20 de noviembre a las 9:00 de la mañana.
Condena de 15 años de prisión para hombre por homicidio en Brisas del Este
SANTO DOMINGO (República Dominicana).– Respondiendo a la solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Este condenó a 15 años de prisión a un hombre, que asesinó a otro en un hecho registrado el 24 de agosto del año 2025, en el sector Brisas del Este.
Willy Alexander Henríquez Javier (El Wa) fue sentenciado por el homicidio de Luis David Terrero Montes de Oca.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Ivette Mateo explica que, entre la víctima, Terrero Montes de Oca, y Henríquez Javier se produjeron diferencias debido a que el procesado, en asociación con Erick Joel Bueno Terrero (El niño), atracó a uno de sus hermanos.
El asesinato ocurrió la noche del 24 de agosto del año 2025, en la calle Proyecto 10, del sector Brisas del Este, lugar donde Terrero Montes de Oca sostuvo una discusión con ambos malhechores, lo que desencadenó un tiroteo en el que la víctima fue herida mortalmente y en la que también Henríquez Javier resultó herido, situación por la cual fue asistido en un centro médico.
Por su parte, Bueno Terrero cayó abatido por la Policía Nacional, mientras intentaba evitar su arresto.
En el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal Ignacio Rojas, solicitó al tribunal la imposición de la pena máxima de 30 años de prisión, luego de demostrar la responsabilidad penal del hoy condenado, quien violó los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
Por decisión de los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra.
Veinte años de prisión para mujer que mató a una hija de seis años en SDE
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En respuesta a una solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a 20 años de prisión a una mujer que mató a una hija de seis años de edad, en un hecho ocurrido en su vivienda ubicada en el residencial La Razón, del sector Issfapol, del municipio Santo Domingo Este.
Tras demostrar los hechos durante el juicio, el Ministerio Público solicitó al Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este que Ana Josefa García Cuello fuera condenada a la pena máxima de 30 años de prisión.
Los jueces Josefina Ubiera Guerrero (presidenta); José Leonel Asencio Quezada y Dolores Galay de la Cruz (miembros) dictaron una condena de 20 años de prisión que la procesada deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, de la provincia San Cristóbal.
García Cuello, médico de profesión y miembro del Ejército de República Dominicana, fue arrestada en su vivienda por miembros de la Policía Nacional el 15 de agosto de 2024.
Los hechos ocurrieron en horas de la mañana del 15 de agosto de 2024, mientras la procesada se encontraba en su vivienda junto a dos hijos menores de edad.
La acusada decapitó a su hija, la menor de 6 años, y posteriormente, le infirió 158 estocadas en distintas partes del cuerpo, según consta en el informe de autopsia Núm. SD-A-0812-2024, de fecha 16 de agosto de 2024, en el cual se establece que dicha menor falleció a causa de DX: Decapitación.
Ministerio Público arresta, junto a la DNCD, a varios hombres en 14 allanamientos simultáneos vinculados a decomiso de 237 paquetes de cocaína
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público arrestó, con el apoyo de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias de inteligencia del Estado, a cinco hombres durante un amplio despliegue en el que se ejecutaron 14 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, así como en las provincias Santo Domingo y La Romana.
Las intervenciones, encabezadas por la Procuraduría Especializada Antidrogas, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste y la DNCD, se ejecutaron desde las primeras horas del martes en seguimiento a la investigación por el decomiso de 237 paquetes de cocaína (con un peso de 243.40 kilogramos), ocupados en julio de este año, encaletados en la parte trasera de una camioneta en el kilómetro 36 de la Autopista Duarte, municipio Pedro Brand.
Durante los allanamientos, realizados mediante órdenes judiciales, fueron arrestados del Ejército, el segundo teniente Cristian Rafael Lizardo (el Teniente), así como el sargento Joaquín Ricardo de León Pérez, (Atin), quien laboraba en el Puerto Multimodal Caucedo. Otras tres personas están detenidas para fines de investigación.
En los inmuebles intervenidos —ubicados en sectores como Los Tres Brazos, Ciudad Juan Bosch, Los Frailes, Ciudad Satélite Duarte, Los Alcarrizos, Avenida España, La Agustina y en la provincia La Romana— las autoridades ocuparon diversas evidencias vinculadas a la estructura investigada, entre las que figuran: armas de fuego, vehículos, la suma de RD$301,905 y US$1,000.
También, se incautaron celulares, grabadores de video digital (DVR), discos duros, memorias USB, tarjetas, prendas, relojes, así como documentos vinculantes con la investigación.