Investigan a Donald Guerrero ex Ministro Hacienda por soborno, estafa y lavado

Por Diario Digital Dominicano

Diario Digital Dominicano, por Andrés Rodríguez, 24 de agosto 2022, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investiga al exministro de Hacienda Donald Guerrero por asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios y lavado de activos.

Esto se desprende del recurso de reconsideración que hizo la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, a una instrucción de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

Conforme a la solicitud de reconsideración notificada a los abogados de Donald Guerrero, la Pepca mantiene una investigación al exfuncionario, distinta a su posible vínculo con el ya conocido caso Antipulpo, que tiene como principal imputado a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina.

La solicitud de Reynoso, notificada a los abogados de Guerrero, hace referencia a que, junto a la Pepca, procedieron a la reserva total de la fase de la investigación. Eso, basado en que, según el planteamiento de la directora de la Persecución, durante la investigación se han presentado diversas situaciones, distintas a la investigación que se llevó a cabo por el caso Antipulpo.

Reynoso explicó que por esas situaciones Guerrero no ha sido citado ni se le ha impuesto ninguna medida de coerción.

Sin embargo, Eduardo Núñez, abogado del exministro, sostiene que no tiene sentido mantener la reserva de la carpeta fiscal de la investigación, puesto que su cliente sí tiene medidas de coerción.

“La reserva de la investigación a más de 18 meses de iniciada ésta, habiéndose practicado medidas de coerción (como la citación, interrogatorio y el impedimento de salida mediante alertas migratorias) carece de sentido jurídico, además de ser ilegal por contravenir las disposiciones del artículo 291 del Código Procesal Penal”, señala.

Dijo que impedir el acceso a la carpeta fiscal equivale a impedir el acceso a las pruebas, lo que a su vez imposibilita el ejercicio del derecho de defensa y transgrede el debido proceso. “Esto ha coartado la posibilidad de ejercer la defensa técnica y la defensa material durante más de un año”, alega.

Contenido relacionado