Notas Judiciales en portada

Por Diario Digital Dominicano
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El Ministerio Público logra prisión preventiva contra hombre y mujer por abusos en orfanato en Monte Plata

MONTE PLATA (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre y una mujer encargados de un orfanato, imputados de abuso y violación sexual en contra de menores de edad bajo su cuidado.

El tribunal fijó la medida de coerción en contra de la dominicana Rossana Andújar Santana y del italiano Franchesco Padovani, quienes fungían como coordinadora y encargado del hogar “Proggeto Esperanza”, en el distrito municipal de Boyá, de este municipio.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Zaida Vásquez, directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Monte Plata, y María Elena de Jesús, procuradora fiscal titular interina de Niños, Niñas y Adolescentes en la localidad, mostró en el tribunal elementos que comprometen la responsabilidad de los imputados sobre los hechos atribuidos.

El tribunal ordenó que Andújar Santana cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal, y Padovani, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata.

El órgano de la persecución penal indica que ambos faltaron a su papel de protectores de los derechos del grupo bajo su cuidado, en violación al artículo 351-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, y los artículos 12, 14 y 396 de la Ley 136-03, o Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

En la intervención realizada por el Ministerio Público, a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, en coordinación con la Policía Nacional y la Unidad de Atención a las Víctimas de la provincia Monte Plata, fueron rescatados los niños y adolescentes albergados en el centro.

Los estudios médicos y psicológicos realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) permitieron encontrar evidencias de abuso físico y sexual en contra de varios infantes y adolescentes. La población interna del orfanato quedó ahora bajo protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Esta casa de acogida continuará cerrada temporalmente, por disposición del tribunal, mientras el Ministerio Público continúa ampliando su investigación respecto a este caso.

Procuraduría y Ministerio de Trabajo arrestan a siete personas vinculadas a explotación laboral infantil

MONTECRISTI (República Dominicana).- En una acción conjunta de la  Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y el Ministerio de Trabajo, fueron arrestadas siete personas en esta provincia por su vinculación a la explotación laboral infantil en perjuicio de al menos 14 víctimas.

Durante la operación fueron arrestados mediante orden judicial Richard Mora Tapia (Uribe), Wilian Cabreja Pimentel, Juan Antonio Muñoz (Papito), Noel Tapia, José Miguel Arias Muñoz, Ana María Alemán Zapata y Elbio Báez Sosa, quienes están involucrados en la explotación laboral de los menores con edades entre los 8 y 15 años.

En la operación también participó la Fiscalía de Montecristi, así como miembros de la Policía Nacional, la Dirección de Niños, Adolescentes y Familia (DINAF) y la Dirección General de Migración.

Sobre el caso, la solicitud de la medida de coerción establece que las víctimas, de sexo masculino, eran utilizadas para labores en fincas sembradas de arroz en corte, ubicadas en los municipios Castañuelas y Villa Vásquez, donde cumplían un horario de 6:00 de la mañana a 7:30 de la noche, recibiendo como pago RD$300 pesos diarios.

Mediante un comunicado de prensa se informó que el grupo fue arrestado luego que las autoridades pudieran confirmar informaciones recibidas en el sentido de que en esta provincia se habían identificado situaciones importantes de explotación de trabajo infantil, donde niños eran utilizados para recoger el arroz en caballos, de forma inhumana.

La jueza Javierka Gómez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Montecristi, ayer aplazó para este sábado, a las 3:00 de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción del Ministerio Público en contra de los encartados.

El Ministerio Público le atribuye al grupo la violación de varios artículos de las leyes Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley 16-92, del Código de Trabajo.

El órgano de justicia resaltó que cuenta con distintas pruebas documentales y testimoniales en contra de los imputados y dijo que la medida más idónea a imponer en este caso es la prisión preventiva por la gravedad de los hechos, por los cuales podrían enfrentar penas de 15, 20 y hasta 25 años de prisión. 

Condenan a 15 años de prisión a un hombre que atracó y dejó por muerto a un taxista en Salcedo

HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta provincia logró que el Tribunal Colegiado condenara a 15 años de prisión a un hombre al que sometió a la justicia como autor de un atraco a mano armada contra un taxista en el sector Barahona del municipio Salcedo, el pasado año.

La decisión condenatoria fue dictada por los jueces Manuel Antonio Carela López, Felicia Núñez de Jesús y Elizabeth Cepeda, en contra del nombrado Eddy Ernesto Disla Escaño, alias La Mafia, quien deberá cumplirla en la cárcel pública Juana Núñez del municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

En el expediente de acusación, la Fiscalía de esta demarcación señala que el 7 de febrero de 2020, Disla Escaño solicitó el servicio del taxista, quien lo recogió en la localidad de La Ceiba, perteneciente al municipio Villa Tapia y lo trasladó al lugar donde ocurrieron los hechos.

El agresor despojó a su víctima de un yip y un teléfono celular y le ocasionó una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax, que le dejó lesiones permanentes, tras permanecer varios meses en estado crítico.

El órgano de justicia ofreció la información en un comunicado de prensa, el cual indica que luego de cometer el hecho delictivo, el hoy condenado perdió el control del vehículo robado y sufrió un deslizamiento, por lo que lo dejó abandonado en el lugar.

El Ministerio Público de esta provincia informó que Disla Escaño fue condenado por violar las disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 304, 379 y 382 del Código Penal y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El fiscal titular de esta demarcación, Edward Andrés Núñez-Merette, precisó que el procesado forma parte de una estructura criminal con amplio historial de reincidencia delictiva y que esta es la segunda decisión condenatoria en su contra que se emite en los tribunales de este distrito judicial.

Tribunal impone tres meses de prisión preventiva a mujer imputada de abuso y violación sexual contra sus tres hijos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra de una mujer que, de acuerdo con los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, violaba a sus tres hijos menores de edad.

La jueza Lissa Veras Rivas envió a la imputada, de quien se omite su nombre para proteger la identidad de las víctimas, a cumplir la medida impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

En la audiencia, los fiscales litigantes Luis Arias y Julio Saba presentaron ante el Juzgado de la Instrucción los elementos de prueba que sustentaron la solicitud de medida de coerción.

La instancia de solicitud presentada por la Fiscalía del Distrito detalla que aproximadamente desde 2019 la encartada cometía incesto en contra de la niña de cinco años y dos varones de nueve.

Indica que la madre se aprovechaba de su condición y autoridad para cometer abuso y violación sexual contra sus hijos.

El Ministerio Público asumió la investigación del caso tras la publicación de los vídeos en una red social.

La conducta de la imputada recibió la calificación provisional de violación sexual e incesto y delito de alta tecnología, descritos y sancionados en los artículos 330, 332-1, 332-2 y 333 del Código Penal Dominicano; artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-03, así como 23 y 24 de la Ley 53-07.

En un comunicado de prensa, el Ministerio Público recordó a la población que cualquier persona con conocimiento o sospecha de este tipo de delitos puede denunciar llamando a Línea Vida, al teléfono 809-200-1202; indicó que los datos de los denunciantes se mantienen en confidencialidad.

Ministerio Público lamenta que defensas del Caso Coral obstaculicen la labor del tribunal

 SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La fiscal Mirna Ortiz lamentó que las defensas del Caso Coral se dediquen a obstaculizar el conocimiento de las audiencias, luego de que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogiera otra petición para aplazar la revisión obligatoria de las medidas de coerción de los imputados.

El juez Raymundo Mejía dispuso el aplazamiento de la audiencia para el próximo viernes 11 de marzo, a las 10:00 de la mañana.

Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), lamentó que los fiscales fueron convocados para conocer la medida este viernes, pero que  fue aplazada por tercera vez a solicitud de los abogados defensores.

“El Ministerio Público, como siempre, está listo para conocer de sus audiencias, pero en esta ocasión la defensa del imputado Alejandro Montero, que fue apoderada recientemente, solicitó el aplazamiento al tribunal a los fines de poder conocer las glosas del proceso”, explicó.

Igualmente, dijo que el abogado del imputado Rafael Núñez de Aza, Félix Portes, remitió excusas al tribunal, ya que se encontraba conociendo otro proceso en el interior del país.

Ortiz dijo que ello dio lugar a que la audiencia se suspendiera para garantizar los derechos de defensa de estos ciudadanos, advirtiendo el juez que para la próxima audiencia se conocerá con las partes que estén presentes.

“Tres veces se ha aplazado esta revisión obligatoria, en todas las veces por causas atendibles a los abogados y a los imputados, en todas las ocasiones”, señaló la representante del Ministerio Público al responder a periodistas que le formularon preguntas sobre el proceso en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En mayo del pasado año, el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Mientras que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.

Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.

Los imputados son procesados por incurrir en los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, dirigidas por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevan a cabo las investigaciones con un amplio equipo de fiscales.

El entramado criminal desmantelado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.

El Ministerio Público estableció en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.

Ministerio Público sigue levantando evidencias contra involucrados en la red de cibercrimen desmantelada con la Operación Discovery

 Osvaldo Bonilla explica que la Fiscalía de Santiago solicita prisión preventiva contra 38 imputados del caso

 SANTIAGO (República Dominicana).- El Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación, la solicitud de medidas de coerción contra 38 implicados en la poderosa red de ciberdelito desmantelada con la Operación Discovery.

La fiscalía de Santiago pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.

También contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán y Juan de Dios Martínez Brito.

Son imputados además Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez y William Alberto Díaz Cruz.

Asimismo, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio Estévez y/o Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Linda Pérez.

Además de la imposición de 18 meses de prisión, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo. Los imputados formaban parte de una red que, utilizando medios electrónicos, cometió estafas multimillonarias, sextorsión y despojó de sus pensiones a cientos de ciudadanos estadounidenses, a través de una estructura que operaba desde Santiago, La Vega, Puerto Plata y Santo Domingo.

“Es una investigación que está abierta y que el Ministerio Público continúa levantando evidencias”, dijo Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago. Resaltó que los equipos de fiscales dominicanos investigan esta red hace meses en coordinación con organismos internacionales, “lo que indica que es una operación de gran nivel y con múltiples evidencias como el Ministerio Público ha venido presentando”.

Bonilla indicó que el Ministerio Público optó, en un ejercicio de objetividad, “por someter a los imputados que entiende tienen la vinculación suficiente para lograr medida de coerción y por supuesto algunos continúan bajo la lupa de la investigación”.

La Operación Discovery se desarrolló esta semana producto de una rigurosa investigación dirigida por el Ministerio Público con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, y con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“Están dadas todas las condiciones que exige la norma para que se declare la complejidad del proceso, desde la pluralidad de víctimas, los tipos penales endilgados y la cantidad de imputados”, resaltó el fiscal Osvaldo Bonilla.

Indicó que el Ministerio Público posee múltiples evidencias de transacciones millonarias, alrededor de 30 vehículos de alta gama, armas de fuego de alto calibre, y más de 300 equipos electrónicos, incluyendo computadoras y celulares.

Basado en el cúmulo de evidencias recogidas en el curso de la investigación, el órgano rector de la acusación les imputa a los encartados los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.

Además, se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4; el 4 en sus numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. La acusación sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, así como el 405 del citado código que instruye sancionar la estafa, en perjuicio del Estado dominicano y las víctimas de los Estados Unidos.

Además de estos delitos, en adición se le acusa a los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña de violación al artículo 66, párrafo V, de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

En tanto que al imputado Emmanuel Castro Ozuna se le adicionan cargos por violación a los artículos 4 letra D, 6 letra A, y 75 párrafo 2 de la Ley 50-88 sobe Drogas y Sustancias Controladas. Se le indilga también la violación al artículo 66, párrafo V y el 70 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El expediente refiere que el imputado Víctor Manuel Hernández también enfrenta cargos por violación a los artículos 4, letra D, 4, letra A y el 75 párrafo 2 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Fiscalía de Santo Domingo Oeste obtiene prisión preventiva por tráfico y distribución de drogas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un tribunal de esta jurisdicción acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre imputado por tráfico y distribución de drogas, en un hecho ocurrido en el puerto de Río Haina Oriental.

La jueza Clara Rivera, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó la medida de coerción en contra de Junior Cordero, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción, el pasado 14 de febrero el imputado Junior Cordero fue arrestado en flagrante delito en momentos en que movilizaba sin consentimiento un contenedor ubicado en la zona de verificación E3 del puerto.

En el lugar, las autoridades ocuparon cinco bultos de color negro, sin marcas, forrados con plásticos transparentes, que contenían 124.24 kilogramos de cocaína clorhidratada, según consta en el certificado de análisis químico forense.

Según las investigaciones, la mercancía clandestina estaba preparada para enviarla hacia Puerto Rico y Estados Unidos.

El Ministerio Público les ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de traficante internacional de cocaína, actividad prevista y sancionada en los artículos 5-A, 28, 59, 60 y 75, párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.

A prisión empleado de entidad financiera que realizó transacciones millonarias a favor de un usurpador de identidad 

 HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- Una jueza de este distrito judicial impuso tres meses de prisión preventiva a un empleado de una sucursal bancaria en Villa Tapia a quien se le atribuye facilitar retiros millonarios a una persona que usurpó la identidad de un cliente para alzarse con el efectivo.

La magistrada Yudelka de León, del Juzgado de la Instrucción, dispuso la medida de coerción en contra de Luis Argenis Monegro Fernández, quien fue apresado mediante orden judicial 0065-2022, en la sucursal del Banco de Reservas del referido municipio. 

En la instancia con la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público establece que el retiro del efectivo se realizó entre los días 27 de enero y 1 de febrero. Indica que Monegro Fernández fungía como el cajero responsable de todos los movimientos y en esa condición se le imputa no validar la identidad del cliente, como exigen las normas de la institución crediticia. 

El imputado procesó los retiros de una cuenta de ahorro, por valor de RD$616,000.00 en efectivo; mientras que de una segunda cuenta liberó un monto de RD$2,254,000, para sumar 2,870,000.00 a favor de la persona hasta ahora no identificada. 

La información, suministrada a través de un comunicado de prensa, señala que Luis Argenis Monegro Fernández y quien retiró el dinero se pusieron de acuerdo para coordinar y ejecutar el plan, en detrimento del verdadero titular de la cuenta y en violación a las normativas del sistema financiero. 

La Fiscalía agrega que, para usurpar la identidad del cliente, el hombre utilizó una cédula de identidad conteniendo información del cliente, de la que se supone es falsa.   

El Ministerio Público ha calificado provisionalmente los hechos como violación a los artículos 265, 266, 379 y 386-3 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 7 y 13 de la Ley 8-92, sobre Cédula de Identidad y Electoral. 

El procurador fiscal Pablo Osiris Molina Santos, responsable de la investigación, presentó ante el Juzgado de la Instrucción, los elementos probatorios suficientes que vinculan al imputado con los hechos que se le imputan.

Condenan a 18 años de prisión a un hombre que le cercenó un brazo a un niño de tres años de edad

LA ROMANA (República Dominicana).- La Fiscalía de este distrito judicial logró la condena de 18 años de prisión para un hombre que fue atrapado en flagrante delito, al cercenarle el brazo derecho a un niño de tres años de edad, tras haber discutido con la madre de la víctima.

El procesado, quien fue detenido por la Policía mientras cometía el hecho, había amenazado a la madre del menor de edad, diciéndole que le daría por donde más le doliera.

Los fiscales litigantes Héctor Julio Matos y Héctor Alfredo de los Santos demostraron en el juicio de fondo la crueldad, planeación y premeditación con la que actuó el agresor, quien violó los artículos 2, 295 y 304 del Código  Penal, en cuanto a tentativa de crimen y homicidio.

Por este hecho, el tribunal dictaminó que el imputado deberá cumplir su tiempo de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, La Romana.

Fiscalía de Puerto Plata obtiene 10 años de prisión contra un atracador

 PUERTO PLATA (República Dominicana).- El Ministerio Público de este departamento judicial logró la imposición de una condena de 10 años de prisión a un hombre que, en hechos separados, atracó a dos personas, entre ellas una adolescente.

Juan Hernández, alias “ Ronny”, asaltó a una menor de edad que caminaba por la calle Duarte de este municipio, a la que amenazó con un cuchillo y la despojó de una cartera y un teléfono celular, según las investigaciones realizadas por el fiscal Leury Ureña.

En el juicio de fondo, la fiscal Mariela Hernández también demostró que el procesado se presentó a una banca de apuestas y, luego de permanecer media hora en el lugar, aprovechó que ya no había más personas y le pegó un puñetazo a la cajera Yanibel Bonilla Castillo y la obligó a que le abriera la caja, de donde sustrajo 32 mil pesos.

El tribunal, presidido por la jueza Jakaira Veras, acogió las pruebas que presentó el Ministerio Público en contra de Hernández, quien cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.

El órgano acusador calificó los hechos como violación a los artículos 379 y 382 del Código Penal, además del artículo 396-B de la Ley 136-03, los cuales tipifican y sancionan el robo cometido con violencia y el abuso psicológico cometido en contra de una persona menor de edad.

Fiscalía San Cristóbal obtiene 10 años de prisión para dos hombres que violaron a una adolescente

 SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- El Primer Tribunal Colegiado de este distrito judicial acogió las conclusiones del Ministerio Público y condenó a 10 años de prisión a dos hombres que fueron enjuiciados por violar a una adolescente.

La Fiscalía de esta jurisdicción, representada por la litigante Aurlina Cuevas Ramón y la investigadora Ana Mercedes Vásquez Cruz, presentó los hechos que demostraron que ambos acusados se aprovecharon de la menor de edad y la amenazaron de muerte para que no los delatara.

El primero de los agresores aprovechó que la adolescente se desplazaba cerca de su casa, la tomó desprevenida y la llevó a una vivienda donde la agredió sexualmente.

El segundo aprovechó que ella jugaba a solas en la galería de su casa para cometer el delito.

Ambos hombres deberán cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Autoridades incineran más de 350 kilogramos de drogas este jueves

 SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría General de la República incineró este jueves 356.26 kilogramos de diferentes tipos de drogas que correspondían a 616 casos de ocupaciones de sustancias en todo el país.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) hizo constar en un informe que correspondían a cocaína 247.59, con 69.50%, y a marihuana 107.87 kilogramos, para un 30.28%, mientras que a crack 678 gramos, que equivalen al 0.19%.

También a éxtasis 0.085, con un 0.024%, y a hachís, 33 gramos, que representan 0.0094%.

Además, fueron incinerados 1.18 kilogramos de sustancias que, tras ser analizadas por el Inacif, resultaron negativas a drogas.

Las ocupaciones se llevaron a cabo en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Peravia, Azua, Elías Piña, La Altagracia, Santiago Rodríguez y Puerto Plata, entre otras localidades, durante operativos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

El acto de incineración se llevó a cabo con la participación de miembros de dichas instituciones y del sector salud en las instalaciones del Ejército de República Dominicana, en el municipio Pedro Brand.

El Ministerio Público incorpora más pruebas contra imputados del caso Super Tucano

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público incorporó nuevas pruebas al proceso que se sigue en contra de los imputados de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.

El fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó  una solicitud de la defensa de los imputados para que fueran excluidas dichas pruebas, que fueron obtenidas producto de la cooperación internacional de Estados Unidos, Brasil y Panamá.

“En el día de hoy (jueves), el tribunal tomó una decisión que es contundente, en el sentido de rechazar la solicitud que habían hecho las defensas de que se excluyera la cooperación internacional de los Estados Unidos, Brasil y Panamá”, expresó el fiscal José Miguel Marmolejos, quien forma parte del equipo litigante del Ministerio Público.

Resaltó que el tribunal valoró como válidas y correctas estas evidencias, las cuales el representante del Ministerio Público calificó de contundentes y dijo que demuestran, sin lugar a dudas, la comisión de los hechos por parte de los imputados.

El juicio se sigue contra el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las empresas 4D Business Group y Magycor

“Entendemos que esta decisión (del tribunal) es un gran paso de avance en contra de la impunidad en República Dominicana y en pro de que se obtenga, como al efecto se obtendrá, una condena en este caso de los Super Tucano”, dijo a periodistas de varios medios de comunicación que lo entrevistaron a la salida del tribunal, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Concluida la agenda del día, el juicio fue suspendido hasta el próximo 10 de marzo.

Marmolejos detalló que el juicio quedó recesado hasta el jueves de la próxima semana, cuando continuará el proceso, con la lectura íntegra de las pruebas aportadas por la cooperación jurídica internacional. Luego tocará el turno a las defensas.

El Ministerio Público inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los imputados por sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el caso que conocen en esta etapa las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera.

El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017.  Ahora continúa en la etapa de juicio de fondo.

Por este caso de corrupción administrativa, la empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.

La Pepca acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.

Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.

Procuraduría ambiental acciona contra inmobiliaria que destruyó manglares y lagunas en la región este

HIGÜEY (La Altagracia).- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) someterá ante los tribunales a una promotora inmobiliaria que, en violación a las leyes ambientales de República Dominicana, destruyó manglares en peligro de extinción y rellenó lagunas de un área bajo protección de Punta Cana, con el objetivo de abrir paso a un proyecto turístico.

Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, explicó que la empresa Inversiones Zahena afectó un área de alta sensibilidad para especies migratorias aéreas y marinas para levantar el proyecto Cana Bay, Beach Club & Golf Resort-Dominican Republic.

Contreras dijo que Inversiones Zahena ejecutó el desmonte amparándose en un permiso emitido el 9 de noviembre de 2021 por el director provincial de La Altagracia, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Santo Amado de la Rosa. 

Explicó que, aunque la inmobiliaria alega que obtuvo un permiso de un funcionario regional del Ministerio de Medio Ambiente, durante una visita de inspección que encabezó el pasado martes con miembros de la Proedemaren, pudo constatar cómo los despojos de una amplia área de manglares, tras su deforestación, fueron utilizados por la empresa promotora como material para relleno de una laguna, con el propósito de crear una vía de tránsito.

Los miembros del Ministerio Público y los técnicos de la Proedemaren recibieron la cooperación de la Academia de Ciencias de República Dominicana en la persona del ambientalista Eleuterio Martínez.

“Se encontraron varias especies de mangles en este lugar que fueron desmontadas, tumbadas, cortadas…. Y también varias especies que están en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en el apéndice número dos”, lamentó Contreras.

“Son especies que están en estado de extinción en el mundo…”, dijo.

 


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