Noticias Judiciales, Noticias Judiciales 11 de junio 2021

El Ministerio Público tomará las acciones necesarias para salvaguardar las investigaciones del Caso Coral 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El Ministerio Público tomará las acciones necesarias en caso de que así lo requieran las pesquisas que realiza en torno a cualquier posible acción encaminada a entorpecer las diligencias de investigación en el Caso Coral.

“Estamos desarrollando algunas diligencias de investigación y, en la medida de que ese proceso culmine, y de ser necesario, entonces tomaremos una decisión al respecto”, dijo Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Camacho respondió a los periodistas que preguntaron a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso en torno a una supuesta trama contra su integridad física. “Es un tema del que no debo hablar como Ministerio Público en virtud de que, a raíz de las investigaciones, y del proceso, se asignaron, por razones evidentes, otros fiscales”, dijo la directora general de Persecución del Ministerio Público.

Mientras, Camacho recordó que el Ministerio Público lleva en estos momentos una serie de investigaciones sobre casos como Coral o el fraude en la Lotería Nacional.

“Nosotros tenemos muchas investigaciones abiertas, el caso de la Lotería, el caso Coral es otra investigación abierta y, día a día, nuestro equipo de fiscales está, junto a nosotros, haciendo las diligencias de investigación de lugar”, dijo.

Recordó que en la medida en que los equipos de investigación de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público tienen los expedientes en “condiciones blindadas”, los presentan ante los tribunales.

“Hemos dicho en reiteradas ocasiones, y lo repetimos ahora, que en la medida de que nosotros tengamos procesos que estén en condiciones blindadas para presentarse en los tribunales, en esa medida lo iremos presentando”, precisó.

Dirección de Prisiones y Salud Pública definen estrategias de atención a la salud mental de los internos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Dirección General de Prisiones y el Ministerio de Salud Pública trabajan en la implantación  de estrategias para la intervención en materia de salud mental en beneficio de los privados de libertad que padecen enfermedades y trastornos psiquiátricos.

Como inicio de dichos trabajos, el director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, sostuvo una reunión con ejecutivos del Ministerio de Salud, encabezados por el director de Salud Mental, Alejandro Uribe, con quienes abordó la necesidad que tiene el modelo tradicional en materia de atención a dichos enfermos.

Hernández destacó la conveniencia de reforzar el personal de salud de los centros de privación de libertad, para garantizar el derecho de los internos a la salud mental.

Mientras que el doctor Uribe se expresó de acuerdo con la capacitación del personal que presta servicios en los recintos penitenciarios como primera fase de un plan de colaboración interinstitucional.

Para dar seguimiento a los acuerdos quedó establecida una mesa de trabajo, que se  reunirá periódicamente y que de parte de la Dirección General de Prisiones está integrada por el teniente coronel  Julio García, sub director de Asistencia y Tratamiento; Carlos Jiménez, encargado de Salud; Federico de Jesús, asesor legal, y José Altagracia Bautista Ogando, subdirector. En tanto que, por la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, se integran Martha Rodríguez, coordinadora técnica; Ana Ruiz, de Servicio Psicosocial, y Elín Tejeda, encargado de Alcohol y Drogas.

Según las estadísticas del Departamento de Salud de la Dirección General de Prisiones, unos 300 internos del sistema tradicional, repartidos en los diferentes recintos del país, sufren algún tipo de enfermedad mental, entre las que se destacan delirio de persecución, trastorno del sueño y ansiedad, entre otras.

Yeni Berenice Reynoso: Hay evidencias contundentes que comprometen la responsabilidad penal de los imputados del Caso Pulpo 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso resaltó este viernes que las autoridades acumulan pruebas contundentes que comprometen la responsabilidad penal de los imputados del Caso Pulpo, sin que hasta el día de hoy la barra de la defensa haya podido aportar un solo elemento de prueba que lleve a un juez o a un tribunal a variar la medida de coerción impuesta a los procesados.

El juez suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Pablo Imbert, conoció este viernes la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a Alexis Medina Sánchez, principal acusado del caso, así como a otros imputados.

En el caso de Medina Sánchez la audiencia fue aplazada para el 21 de julio y a los demás imputados para el próximo viernes 18 de junio, en ambos casos a partir de las 9:00 de la mañana.

La audiencia fue aplazada respecto a Medina Sánchez a solicitud del Ministerio Público para compilar y entregar a la defensa una documentación solicitada por el imputado. El conocimiento de la medida respecto a los demás involucrados continuó hasta agotar el horario establecido para la jornada de este viernes.

“Si bien es cierto, y podemos decirlo, que los presupuestos han variado, ha sido en perjuicio de la defensa, en virtud de que hay una diferencia abismal entre  las pruebas que el Ministerio Público tenía al momento de conocer la medida de coerción y las pruebas que el Ministerio Público tiene al día de hoy”, resaltó Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público.

Señaló que durante estos meses el Ministerio Público fortaleció la acusación. “Debido a las diligencias que el Ministerio Público ha hecho, hoy hay líneas de investigación que no estaban al inicio”, indicó.

Especificó que hay evidencias contundentes que comprometen la responsabilidad penal de los imputados y que tampoco estaban al inicio. “Por esa razón, no hay ni un solo motivo en derecho para variar la medida de coerción que pesa en contra de los imputados”, manifestó. 

Sobre el monto del desfalco al Estado, dijo que se han aumentado de forma considerable, pero no quiso adelantar detalles, tras precisar que es una investigación que tiene diligencias de investigación en el día a día. “No queremos dar un monto, porque varía entre un día y otro, pero sí, con relación a la medida de coerción, hay un aumento de consideración”. 

Reynoso hizo  sus planteamientos al responder preguntas de los periodistas, luego de que fuera aplazada la audiencia para la revisión programada de la medida de coerción en contra de los encartados en el Caso Pulpo, un expediente que  la Dirección General de Persecución del Ministerio Público lleva con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezada por Wilson Camacho.

Ambos procuradores adjuntos participaron en la audiencia junto a un amplio equipo de fiscales litigantes.

El Ministerio Público ratificó la necesidad de mantener las medidas de coerción impuestas a los acusados de formar parte del entramado de corrupción desarticulado en diciembre del año pasado mediante la Operación Anti Pulpo.

Medina Sánchez es señalado entre los principales responsables de dirigir el entramado de corrupción, aprovechando su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina.

Alexis Medina Sánchez es procesado en el Caso Pulpo junto a Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de fiscalización de obras de la Oisoe. También, Julián Esteban Suriel Suazo; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.

Además son procesados por su vinculación al entramado de corrupción, Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana de Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, quienes se encuentran en arresto domiciliario. 

Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país. 

El encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad en diciembre pasado con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal que lleva la investigación del Caso Pulpo.

José Alejandro Vargas, entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso las medidas de coerción el pasado mes de diciembre y posteriormente fueron ratificadas en marzo de este año por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez Abreu.   

Esta es la segunda vez que el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los encartados de este caso.

Varios de los imputados que cumplen prisión preventiva han recurrido en apelación en procura de que se le varíe la medida de coerción, pero al ponderar los documentos presentados por el Ministerio Público, sus solicitudes han sido rechazadas.

Ministerio Público ratifica en audiencia que deben mantenerse medidas de coerción a imputados del Caso Pulpo 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público ratificó este viernes la necesidad de mantener las medidas de coerción impuestas a los acusados de formar parte del entramado de corrupción desarticulado en diciembre del año pasado mediante la Operación Anti Pulpo. 

El juez suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Pablo Imbert, inició con la revisión de la medida alrededor de las 11:30 de la mañana de este viernes.

En el proceso decidió aplazar la audiencia para dentro de 25 días en el caso individual del imputado Alexis Medina Sánchez. En ese sentido, fijó su conocimiento para el 21 de julio, a partir de las 9:00 de la mañana.

El aplazamiento se produjo a solicitud del Ministerio Público para compilar y entregar a la defensa una documentación solicitada por el imputado Medina Sánchez, señalado entre los principales responsables de dirigir el entramado de corrupción, aprovechando su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina.

Luego de esta decisión, el juez Imbert continuó conociendo la revisión de la medida respecto a los demás encartados de este caso, cuya investigación está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), órganos que encabezan los procuradores adjuntos  Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.

Junto a Alexis Medina Sánchez son procesados en el Caso Pulpo Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de fiscalización de obras de la Oisoe. También, Julián Esteban Suriel Suazo; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.

Además son procesados por su vinculación al entramado de corrupción, Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana de Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, quienes se encuentran en arresto domiciliario.

Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.  

El encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal que lleva la investigación del Caso Pulpo.

José Alejandro Vargas, entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso las medidas de coerción el pasado mes de diciembre y posteriormente fueron ratificadas en marzo de este año por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez Abreu.  

Esta es la segunda vez que el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los encartados de este caso.

Varios de los imputados que cumplen prisión preventiva han recurrido en apelación en procura de que se le varíe la medida de coerción, pero al ponderar los documentos presentados por el Ministerio Público, sus solicitudes han sido rechazadas.

Fiscalía de SDE solicitará medida de coerción a italiano que intentó sacar más de dos kilos de cocaína por el AILA

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santo Domingo Este solicitará medida de coerción en contra de un hombre de nacionalidad italiana que intentó sacar del país más de dos kilogramos de cocaína en los tubos de una maleta, cuando se disponía a salir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, con destino a Roma.

En las próximas horas, el Ministerio Público presentará a Giovanni Montanaro ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, ubicada en el Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle.

La investigación, realizada por el Ministerio Público en coordinación con miembros del Centro de Información y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), indica que Montanaro fue detenido a las 8:45 de la mañana, por el hecho de observarse imágenes sospechosas en su equipaje.

El expediente indica que luego de que la máquina de Rayos X detectó la irregularidad, el equipaje fue enviado a un segundo chequeo más profundo en otra terminal, en presencia del fiscal Jenrry Arias, revisión en la que se detectó un polvo blanco escondido en los tubos de la maleta. La sustancia, que se presume es cocaína o heroína, iba en dos porciones, una de 1.7 y otra de 0.85 kilogramos.

Ambos tubos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con el objetivo de determinar su contenido.

Ministerio Público y organismos de seguridad definen estrategias preventivas de la COVID-19 en Hermanas Mirabal

HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- La Fiscalía de la provincia Hermanas Mirabal encabezó un encuentro con altos mandos de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad en esta demarcación, con el objetivo de socializar las nuevas medidas para la prevención de la COVID-19 y definir las líneas de acción que garanticen su acatamiento, a favor de la salud de la población.

Las autoridades pasaron balance a la realidad del coronavirus en esta provincia y mostraron confianza en que con la que extensión del toque de queda hasta el próximo 16 de junio, mediante decreto 364-21, se logre disminuir la tasa de contagios de la enfermedad, que en las últimas semanas ha experimentado un repunte en esta demarcación.

Al respecto, el fiscal titular de Hermanas Mirabal, Edward Andrés Núñez Merette, hizo un llamado a la población mirabalense, para que se sume al trabajo preventivo de los organismos involucrados y que contribuya con la jornada de vacunación como garantía para evitar que la pandemia del coronavirus siga cobrando vidas en la provincia y en todo el país.

En la mesa de trabajo, las instituciones analizaron el tema de la seguridad ciudadana y la criminalidad y su incidencia en la vida de todos los mirabalenses, y perfilaron estrategias preventivas que garanticen la tranquilidad de la población.

El procurador fiscal Núñez Merette aprovechó la ocasión para augurar el mejor de los éxitos al nuevo comandante de la Policía Nacional, teniente coronel Rolando García Madé, quien recientemente asumió las riendas de su institución en la provincia.

Junto a los máximos representantes provinciales del Ministerio Público y la Policía Nacional, participaron en la reunión el coordinador provincial de la Dirección General de Seguridad en el Tránsito y el Transporte Terrestre (Digesset), teniente coronel Salvador Vicioso de la Rosa; el teniente coronel Edison Aquino Aquino, de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) con asiento en Salcedo; teniente coronel Billi Poché Valdez, de la dotación policial del municipio de Tenares; teniente coronel Wellington Ventura González, de la dotación policial del municipio de Villa Tapia; así como el teniente de navío Joel Pérez Olivero, en representación de la Dirección Nacional de Control de Drogas(DNCD), quienes se mostraron optimistas y señalaron que trabajarán juntos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo.