Noticias judiciales correspondientes al 9 de abril 2021

Procuradora Miriam Germán Brito instruye a fiscales que investigan patrulla policial que ultimaron esposos en Villa Altagracia

Fiscal Fátima Sánchez Guzmán pondera imposición de un año de prisión para los seis imputados de provocar muerte Eliza Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer

VILLA ALTAGRACIA (San Cristóbal).-La procuradora general Miriam Germán Brito instruyó personalmente al equipo de fiscales para que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva que permita procesar y castigar a los integrantes de la patrulla policial que mataron a los esposos Eliza Muñoz Marte  y Joel Eusebio Díaz Ferrer.

“La procuradora Miriam Germán Brito ha estado de manera permanente en contacto con nosotros, dándonos las instrucciones para que este caso sea resuelto de la mejor manera”, dijo la fiscal de Villa Altagracia, Fátima Sánchez Guzmán.

A petición del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia le impuso un año de prisión preventiva a Victorino Reyes Navarro (segundo teniente) y Norquis Rodríguez Jiménez (cabo), Domingo Perdomo Reyes (sargento), Ángel de Los Santos (cabo), así como a los rasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís.

La jueza Sudelgi Rosario Mena además declaró el caso complejo y dispuso que el segundo teniente Reyes Navarro y el cabo Norquis Rodríguez Jiménez cumplan la coerción en la cárcel de Operaciones Especiales, en Santo Domingo, mientras los demás deberán ser alojados en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, de La Vega.

La fiscal Sánchez Guzmán adelantó que las investigaciones están “bastante avanzadas”. Sin embargo, reiteró que en esta etapa del proceso no puede dar detalles de las diligencias procesales para evitar afectar las pesquisas. 

Explicó que el Ministerio Público trabaja arduamente en la investigación del caso, respetando el debido proceso.

“Nosotros tenemos que trabajar; nosotros estamos haciendo todas las diligencias necesarias para que todos los responsables respondan ante la justicia”, dijo.

Además de la muerte de Muñoz Marte, de 32 años de edad, y Díaz Ferrer, de 35 años, a la patrulla policial se le imputa el provocarle heridas a Claudio Alberto Ramírez Lamais, de 29 años. Los tres se desplazaban junto a Carlos José Pérez Báez, quien resultó ileso, en un carro marca Kia, modelo K5, color blanco, por la autopista Duarte. 

Al momento del hecho, ocurrido en horas de la noche del pasado martes 30 de abril, las víctimas se trasladaban hacia Santo Domingo luego de participar en el cierre de una campaña religiosa en una iglesia evangélica del sector Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia. 

En el trayecto fueron  interceptadas por la patrulla policial a la altura del kilómetro 45 de la Autopista Duarte, próximo a la entrada norte del municipio Villa Altagracia, donde, sin mediar palabras, los policías actuantes la emprendieron a tiros contra el vehículo, causándoles la muerte a los esposos y heridas a Ramírez Lamais. 

El Ministerio Público acusa a los imputados de violación de los artículos 295, 296, 297, 298, 304, 265, 266 y 184 del Código Penal Dominicano, y el artículo 66 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de las víctimas Díaz Ferrer y Muñoz Marte.

También, de violación a los artículos 2, 295, 296, 297, 298, 304, 265, 266 y 184 del Código Penal Dominicano, y el artículo 66 de la Ley 631-16, en perjuicio de Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Báez, ambos sobrevivientes al hecho criminal.

La medida se conoció este viernes, luego de que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal rechazara una recusación interpuesta por uno de los abogados de los imputados en contra de la jueza Rosario Mena. En el proceso hubo dos aplazamientos de la audiencia para el conocimiento de la coerción.

Autoridades frustran intento de introducir 2.5 kilos de marihuana a penitenciaría de La Victoria

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Las autoridades de la Penitenciaría Nacional de La Victoria detuvieron este viernes a dos hombres que pretendían introducir 2.5 kilos de marihuana y dos porciones de crack en una camioneta que llevaba productos agrícolas al recinto.

La droga iba incrustada en decenas de unidades de yuca y ñame, que habían sido meticulosamente perforadas para introducirles las sustancias y posteriormente empatadas y embarradas de tierra, para simular que provenían directamente del conuco.

Los agentes actuantes, adscritos al Comité de Seguridad, ocuparon 25 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso de 2.5 kilos y 25 gramos; dos porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso de 100 gramos; RD$1,090 en efectivo, cuatro celulares, así como el citado medio de transporte.

El cuerpo de seguridad del centro de privación de libertad descubrió el cargamento durante una inspección al vehículo Daihatsu Hijet, conducido por Pablo José Silverio, quien tenía como ayudante a Orlando Félix Alcántara.

El personal de la Dirección General de Prisiones en la Penitenciaría Nacional de La Victoria remitió las sustancias ocupadas a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y abrió las investigaciones para identificar a quienes esperaban la mercancía prohibida dentro del recinto y establecer responsabilidades.

Procuraduría de Medio Ambiente somete a varios agresores de los recursos naturales

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales realizó allanamientos, ocupaciones y solicitud de medidas de coerción contra varias personas por el corte ilegal de árboles y otros delitos en diferentes puntos del país.

En Pedernales, el Juzgado de Instrucción impuso garantía económica y presentación periódica a Joselito Herrera, por la tumba y quema de árboles, sin el debido permiso ambiental.  Para tratar de justificar el derribo, el imputado incurrió en la práctica de cinchado, que consiste en cortar tejidos sensibles de las plantas, con el propósito de provocar su muerte.

El Ministerio Público estuvo representado por la magistrada Maritza Díaz Corsino, de la sede de la Proedemaren en Pedernales.

En Azua, el Ministerio Público obtuvo medidas de coerción contra Gregory Daniel Flores Pérez, por el desmonte y movimiento de tierra con el objetivo de construir un reservorio en el cruce del municipio de Las Yayas, en violación a la Ley General sobre Medio Ambiente (64-00).

Para el dueño de la propiedad, Waner Féliz, el juez impuso garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.

Mientras que, en San Francisco de Macorís, esta procuraduría especializada llevó a cabo operativos contra delitos ambientales en la sección Rancho Abajo, sector Naranjo Dulce, en la zona reserva científica Loma Quita Espuela.

Las autoridades actuantes ocuparon maderas de varias especies, entre ellas cola y cabirma santa. Además, mediante la orden judicial del Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, se realizó un allanamiento en una casa abandonada ubicada en la carretera La Aplanación, sector Naranjo Dulce Arriba, donde ocupó madera de la especie cola, que está en peligro de extinción.  

Los operativos contaron con el apoyo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y de la Reserva Científica Loma Quita Espuela.

La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, encabezada por el magistrado Francisco Contreras, informó que da seguimiento a otros casos de abuso contra los recursos naturales y recordó a la ciudadanía que puede reportar estos delitos tanto a esta entidad del Ministerio Público como a la fiscalía más cercana.

Imponen 20 años de prisión a un hombre que mató a otro en San Francisco de Macorís 

DUARTE (República Dominicana).- Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, el Primer Tribunal Colegiado de este distrito judicial condenó a 20 años de prisión a un hombre que le ocasionó la muerte a otro en San Francisco de Macorís.  

Henry Antonio Peralta Brito fue condenado por la muerte a tiros de Alexis Hernández Rojas, el 18 de julio de 2018, en la residencia de la víctima, ubicada en la calle Bienvenido Fuentes Duarte, del citado municipio. 

El expediente indica que Hernández Rojas se encontraba en su casa junto a su pareja y que Peralta Brito se presentó al lugar y, sin mediar palabras, le propinó varios disparos que le ocasionaron la muerte. Agrega que el agresor se ufanaba que había cumplido con su amenaza de que lo mataría.

La investigación del caso fue realizada por el fiscal Alvert Vásquez Ruiz, mientras que la litigación estuvo a cargo de Kelvin Pimentel, quien presentó en el juicio las pruebas suficientes para que el tribunal dictara la sentencia condenatoria. Los testigos del homicidio resultaron ser una pieza clave para que se hiciera justicia.

Los jueces Víctor Inoa, Manuela Acosta Peña y Nilsa Marte emitieron el fallo por homicidio agravado, tipificado en los artículos 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Código Penal, y por la violación de los artículos 66 y 67, de la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.  

Peralta Brito deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, de San Francisco de Macorís.  

El Ministerio Público pondera decisión del TC que ratifica titularidad del Estado en Bahía de las Águilas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público ponderó, a través del abogado del Estado y fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista, la decisión del Tribunal Constitucional de ratificar la titularidad al Estado dominicano sobre Bahía de las Águilas, al considerar que finalmente se hace justicia a favor los dominicanos.   

El Tribunal Constitucional (TC), luego de acoger la petición del Ministerio Público, rechazó varios recursos de revisión constitucional a decisiones jurisdiccionales y ratificó la titularidad al Estado dominicano del derecho de propiedad en Bahía de Águilas.  

Con su decisión, el TC confirma la sentencia número 918, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de diciembre de 2018,  mediante la cual quedó confirmada la decisión del Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional que declaró la nulidad de los títulos emitidos a favor de particulares en Bahía de las Águilas, en Pedernales.  

El Ministerio Público destacó en un comunicado de prensa que, con este fallo del Tribunal Constitucional, que es definitivo e irrevocable, luego de un extenso proceso judicial que duró varias décadas, finalmente se hace justicia a favor de la nación y de todos los dominicanos.   

Dijo que es una decisión de gran trascendencia para el Estado, que ha recuperado definitivamente la titularidad de millones de metros cuadrados en Bahía de las Águilas que estaban registrados a nombres de particulares, producto de uno de los fraudes más grandes registrados en materia inmobiliaria en el país.  Resaltó que ello contribuirá con el desarrollo de la nación y el sector turístico. 

Los recursos respecto a dicha sentencia fueron rechazados a las partes recurrentes, razón social Águila Domínico-Internacional, S. A.; Fomento de Obras y Construcciones, S. A. (Focsa); entidades comerciales Bel-Three Property Management Limited, Bel Dominicana Corporation, Lamb Development Corporation, así como a  la señora Yovanka Indhira Torres Robles, alegados adquirientes de terrenos en Bahía de las Águilas. Los jueces establecieron que con la decisión precedente no se produjo violación a ningún derecho fundamental.

En este caso el Estado dominicano estuvo representado por el Ministerio Público a través del abogado del Estado y  fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria Gedeón Platón Bautista, así como por juristas del Instituto Agrario Dominicano (IAD), la Dirección General de Bienes Nacionales, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Ministerio de Turismo y los abogados particulares, constituidos y apoderados especiales, Laura Acosta Lora, Manuel de Jesús Cáceres Genao, Samuel Ramia Sánchez, Gustavo Biaggi Pumarol y Blas Minaya.  

La decisión del TC fue adoptada por los magistrados Milton Ray Guevara, juez presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto, y Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, así como  los jueces Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero.