DNCD ocupa mas de 200 kilos de cocaína en Puerto Caucedo

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Diario Digital Dominicano, por Rolando Vasquez, 25 de agosto, 2018, Santo Domingo.- En una operación de coordinación internacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con el apoyo de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo e interagencial y bajo la coordinación del Ministerio Público, decomisaron 206 paquetes de cocaína, en un operativo de interdicción desplegado la noche de este viernes en la referida terminal.

Los agentes de la DNCD, miembros del Ministerio Publico y efectivos militares, procedieron a revisar varios contenedores que habrían llegado de Colombia y tras varias horas de inspección se confiscaron en uno de los furgones los paquetes de la sustancia.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) determinó que los paquetes decomisados tuvieron un peso de 206.84 kilogramos de cocaína.

“Las autoridades amplían el proceso de investigación para detener a los responsables del alijo que según los primeros informes tenía como destino Europa” señala la agencia antidrogas en un comunicado de prensa.

La DNCD, junto a las Fuerzas Armadas, la Policía, la Procuraduría y otros organismos de seguridad e inteligencia, continúan reforzando las operaciones de interdicción en contra del tráfico ilícito de drogas en las terminales aéreas y portuarias, así como puntos fronterizos y todo el territorio nacional.

0—En Evento Internacional Potentini Proclama Necesidad de Modificar y Ajustar a la Constitución la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos

PANAMA, 25 de Agosto de 2018.- El Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini participó con la conferencia magistral, titulada Control Constitucional y Convencional del lavado de activos, en el marco de la celebración del VII Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional, en la ciudad de Panamá, durante los días 22,23 y 24 del mes de agosto de 2018.

Potentini proclamó la necesidad de modificar y ajustar la nueva ley de lavado de activos No. 155-17, a la constitución y a la idiosincrasia de la República Dominicana; esto así, por lo paradójico y perturbador que resultan sus disposiciones al desconocer los principios que sustentan el denominado Estado Social y Democrático de Derecho.

A juicio del abogado experto en derecho constitucional, la ley debe ser reformada aclarando y definiendo los umbrales y topes para el uso del efectivo, permitiéndole al efectivo que circule en los términos de los artículos 230 y 231 de la constitución dominicana, además de aclarar y delimitar racionalmente las funciones de los sujetos obligados no financieros, definir el alcance de los delitos tributarios y de alta tecnología como infracciones precedentes para configurar el lavado de activos y ponerle límites a la capacidad reglamentaria de los órganos estatales sectoriales.

Al referirse a la viabilidad de un control efectivo en el orden constitucional y convencional, lamentó que a nivel de las estructuras internacionales, tales como la corte y la comisión interamericana de los derechos humanos, no se advierte que se le dé ninguna importancia o trascendencia al tema, ya que solo le dan prioridad a los temas de libertad de expresión, medio ambiente, nacionalidad, grupos vulnerabilizados, entre otros, en suma, el desconocimiento y violaciones de derechos por la implementación de leyes tipo como la de lavado de activos, no es parte de la agenda internacional.

El presidente de Justicia y Transparencia definió el espacio del control constitucional como la única esperanza para reorientar la ley a la filosofía y esencia del neoconstitucionalismo, centrando su atención siempre en las personas y sus derechos fundamentales, dejándoles la experiencia de la República Dominicana, donde el colegio de abogados radico una acción directa de inconstitucionalidad en contra de la ley.

Asimismo el jurista instó a los países participantes a estudiar el fenómeno de la implementación de esta ley, que también por efectos de las políticas del grupo de acción financiera internacional (GAFI), se encuentra en vigor en toda Latinoamérica, planteando innúmeros problemas para los abogados y notarios en su rol de sujeto obligados no financieros, urgiéndolos a producir los cambios y el desarrollo normativo y jurisprudencial que la haga viable sin violar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La actividad versó sobre la justicia constitucional en tiempos de crisis, abordando los ejes temático, constitución y democracia y el ejercicio de los derechos civiles y políticos, así también los temas sobre constitución y corrupción, y el deber de la rendición de cuentas, El Lavado de activos frente a la constitución y el derecho convencional, ¨El Conflicto de Derechos¨.

En el evento se dieron cita juristas de diversos países, dentro de los que se destacan, Edgardo Molino Mola, (Panamá), Ricardo Rivera (Bolivia), Ana Giacomette Ferrer (Colombia), Hugo Contreras Lamadrid (México), Cleverton Cremonese de Souza (Brasil), Andrés Santamaría (El Salvador), Miguel Ángel Vidalon Choque (Perú), Francela Navarro Moya (Costa Rica), Francisco Velázquez (Ecuador), Ricardo Rojas León y Julio Cury (República Dominicana), entre otros expositores.

Trajano Potentini, agradeció a los organizadores del evento, en la persona del presidente de la Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional, Dr. Boris Barrios, la distinción y deferencia de que fue objeto, destacando la trascendencia e importancia del congreso, como un ejercicio didáctico de experiencias comparadas altamente positivas.